Muere otro prisionero político

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Familiares y compañeros de prisioneros políticos, exigen su libertad.

Pese a la ley de amnistía para prisioneros de las FARC, la nula voluntad política del Gobierno condena a muerte a cientos de excombatientes enfermos que se encuentran recluidos en las cárceles del país

Carolina Tejada

El pasado 23 de septiembre, en horas de la madrugada, el prisionero político de las FARC Roberto Sepúlveda Muñoz, conocido en esa organización como Arturo,  quien ya se encontraba en el proceso de indulto como parte de los acuerdos de paz firmados en La Habana, murió en el Hospital San Rafael de la ciudad de Tunja.

Roberto quien llevaba más de nueve años en la cárcel de El Barne, en el pabellón 8 de este penal, padecía de bronconeumonía crónica, enfermedad que no había sido tratada de manera oportuna. Casos como el de Roberto, existen cientos a nivel nacional, los prisioneros de las FARC, en condiciones graves de salud, algunos con enfermedades crónicas, ameritan de tratamientos y dietas especiales. Pese a Ley de Amnistía, dos decretos reglamentarios y, en el caso de Roberto, una resolución administrativa que lo nombraba gestor de paz, han sido insuficientes para que les concedan la libertad.

La poca voluntad política por parte del Gobierno nacional y los entes de control territoriales que han impedido avanzar en el proceso de excarcelación de los indultados, agravan la situación para quienes se encuentran con problemas de salud. Otros casos de gran preocupación por su condición de salud y que han sido denunciados por la FARC, son los relacionados con los prisioneros Bernardo Mosquera Machado, Jan Carlos Amaya y José Ángel Parra Bernal. Este último preso, de sus 38 años de edad, 16 los ha vivido tras las rejas. Es padre de tres hijos y padece una enfermedad terminal: leucemia crónica. Por años ha luchado para que el Estado y el Inpec le reconozca su derecho a tener un tratamiento acorde a su patrón médico. Ni el medicamento, ni las dietas, las atenciones diligentes que debe recibir de un profesional de la medicina le han sido garantizados, hoy se encuentra más grave que nunca y exige, al igual que lo viene haciendo la FARC, que el Gobierno cumpla sus compromisos.

Según ha mencionado el mismo colectivo de exprisioneros políticos, varios jueces regionales que debían facilitar el proceso de excarcelación, se han opuesto por cuestiones políticas a que estas personas obtengan su libertad. En Tunja han señalado al Juez Primero de Ejecución de Penas de esta ciudad quien, según afirman, ha declarado públicamente que no le otorgará la libertad a ningún terrorista. Al parecer así ha sido, hasta ahora muchos de los prisioneros y prisioneras a quienes se les ha negado la libertad, cumplen con los requisitos y sin embargo, su autorización para abandonar la prisión ha sido denegada.

La FARC insiste en el cumplimiento de lo acordado por parte del Gobierno nacional, en términos de amnistía para quienes aún siguen tras los muros de las cárceles del país, y a que se investiguen los hechos en los que por negligencia médica murió Roberto Sepúlveda Muñoz.

@carolltejada 

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