Muchas voces instan a reanudar negociaciones

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Pablo Beltrán y el resto de integrantes de la delegación de Paz del ELN.

La crisis en los diálogos de Quito. La ONU, países garantes, académicos e intelectuales colombianos, la comunidad internacional, personalidades y organizaciones del país, llaman a reanudar los diálogos de paz y a prorrogar el cese bilateral de fuegos

Carlos A. Lozano Guillén
@carloslozanogui 

El exvicepresidente de la república, exembajador e historiador, Gustavo Bell, sucesor de Juan Camilo Restrepo como jefe de la delegación de paz del gobierno de Colombia en los diálogos con el ELN, no alcanzó a iniciar sus funciones, porque al día siguiente de su llegada a la capital ecuatoriana, fue convocado de urgencia en Bogotá por el presidente Juan Manuel Santos, después del atentado de unidades del ELN contra tres miembros de la fuerza pública en Arauca y la voladura de un tramo del oleoducto petrolero en el departamento de Casanare. El mandatario colombiano ordenó la suspensión del quinto ciclo de conversaciones, cuyo inicio estaba previsto para el martes 9 de enero pasado, y el inmediato regreso a la capital colombiana del jefe del equipo negociador a fin de evaluar la situación y definir el futuro del proceso con la guerrilla elena.

Bell había llegado en la tarde del lunes 8 de enero a la ciudad de Quito, acompañado del resto de la delegación gubernamental. Estaba optimista, lo declaró a los medios en Bogotá y así se lo comentó a sus compañeros de misión. En la noche se reunió con Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, intercambió opiniones con él y acordaron postergar un día el comienzo del nuevo ciclo. Quedó, entonces, para el miércoles 10 de enero.

Cese fue positivo

A pesar de las reservas en temas puntuales por ambas partes, una y otra consideraron positivo el cese bilateral de fuegos y le apostaron a su prórroga “con algunos ajustes”. Juan Camilo Restrepo, al finalizar el cuarto ciclo, en diciembre del año pasado, declaró que el balance es positivo en cuanto al histórico cese bilateral de fuegos y los primeros adelantos de la participación de la sociedad. El ELN también valoró lo avanzado y se comprometió a estudiar y analizar las condiciones para la continuación del cese bilateral de fuegos, que rigió entre el primero de octubre  del año pasado y el 9 de enero del nuevo año.

Sin embargo, el país y el mundo se sorprendieron con el pronto reinicio de los actos de guerra del ELN, así como con la reacción gubernamental de suspender los diálogos pues era previsible que una vez se venciera el tiempo fijado para el cese bilateral de fuegos, se reanudara la confrontación en el entendido que el diálogo se da en medio de la guerra. Con claridad y en tono amenazante el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas había dicho: “Si no hay prórroga del cese bilateral la fuerza pública será implacable en la persecución del ELN”. También lo advirtió el general Alberto José Mejía, comandante de las Fuerzas Militares: “Si no se mantiene cese bilateral, la prioridad será atacar al ELN”. Ambos pronunciamientos fueron en diciembre de 2017, cuando voceros de las dos partes repetían y repetían acerca de la plena disposición para prorrogar el acuerdo.

De inmediato los países garantes, la ONU y numerosas personalidades y organizaciones colombianas, demandaron la inmediata reanudación de los diálogos y la prórroga del cese bilateral de fuegos. Ambas partes han dicho en medio de la crisis que están dispuestas a hablar sobre el asunto, pero la orden del presidente Santos hasta la fecha es mantener la suspensión de los diálogos y que el jefe de la delegación, Gustavo Bell, se mantenga en Bogotá.

Decisión exagerada

Está claro, por supuesto, que no es una ruptura del proceso con el ELN, pero si parece exagerada la decisión de Santos, porque no hubo violación del cese de fuegos como quiera que los hechos se produjeron en la madrugada del 9 de enero, hora en que había vencido el plazo definido, y mientras no se produjera la prórroga podían ocurrir este tipo de actos. Es la opinión de analistas de paz. Desde la extrema derecha, como es su oficio, se clama por la ruptura de las negociaciones.

Los gobernantes de la oligarquía no han aprendido la lección que les dejó como legado uno de sus principales cuadros, el excanciller Augusto Ramírez Ocampo, un hombre de paz, quien decía que las partes deben sentarse en la mesa y solo levantarse de ella cuando haya un acuerdo, no importa los actos horribles que ocurran. Precisamente, la negociación es para ponerle punto final a la confrontación y a lo que ella implica en su degradación.

La prórroga es deseable

En las páginas de VOZ se dijo varias veces durante los diálogos de La Habana que el gobierno impone la modalidad de dialogar en medio del conflicto y desestima los acuerdos humanitarios, celebra los golpes que le propina la fuerza pública a los guerrilleros y la alegría cunde en los cuarteles cuando estos ocurren, pero cuando el golpe lo reciben las fuerzas del Estado  la reacción es de inmensa rabia, de suspensiones y amenazas de rompimiento, que desestabilizan la mesa y llena de desconfianza a la contraparte. Este principio, orientado a garantizar el éxito del proceso de paz, no implica el respaldo y la aceptación de los trágicos y cruentos hechos de la guerra. Como decía Ramírez Ocampo, la mesa debe mantenerse, pese a ellos, porque la paz le pone punto final a la confrontación armada y a los hechos trágicos y detestables de la guerra.

A estas alturas, la prórroga es indispensable, dicen los especialistas en los temas de paz. La tensión es enorme en Quito y la mesa no aguantará las alteraciones por los actos de la guerra. De inmediato, opinan, deben reanudarse las negociaciones, abordando de entrada la prórroga del cese bilateral de fuegos y luego continuar con la agenda acordada.

Sin embargo, no será fácil pactar el nuevo cese bilateral de fuegos. El gobierno pretende acompañarlo de acuerdos humanitarios pero unilaterales y que obligan de manera exclusiva a la guerrilla. Mientras que el ELN, como se recuerda, en diciembre pasado se retiró de la comisión de verificación por el colapso del mecanismo tripartito, integrado por el gobierno, el ELN, la ONU y la Iglesia. Según los insurgentes el gobierno asumió posiciones intransigentes y de imposiciones, desconociendo a las otras dos partes. Solo cinco de los cuarenta casos entregados a la veeduría fueron evaluados. Para el ELN el gobierno quiso cambiar el espíritu de lo pactado y renegociar lo ya acordado.

A pesar de las diferencias, las dos partes están obligadas a encontrar soluciones para prorrogar el acuerdo de cese bilateral de fuegos si quieren salvar el proceso de paz. Si existe la suficiente voluntad política en el Gobierno nacional y en el Ejército de Liberación Nacional, las encontrarán. Será la única forma de allanar el camino de la paz.

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