Ni las movilizaciones ni el nivel organizativo del movimiento social y sindical estuvieron a la altura de las fuertes agresiones en materia económica que sufrió el pueblo colombiano. En el sindicalismo no se avizora una salida de la crisis. Timidez para respaldar la paz
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
Con una deuda de carácter político y organizativo con el país, pasa el año 2016 el movimiento sindical y social, agrupado en el Comando Nacional Unitario, CNU, porque ante la arremetida gubernamental con sus políticas económicas no logró realizar un paro cívico nacional, como lo había planeado.
Aunque aumentaron los niveles organizativos y de unidad, y se desarrollaron significativas manifestaciones del sector camionero y campesino en el orden nacional, no hizo la mencionada manifestación.
Es de recordar que el CNU, junto con otras organizaciones como la Cumbre Agraria, en el primer semestre del año pasó un petitorio de carácter político y social al Gobierno nacional, en el que se recogen los reclamos de diferentes sectores sociales. En este documento hay puntos como la exigencia de cumplimiento en acuerdos firmados con campesinos, comunidades afro, indígenas, estudiantes y transportadores, entre otros.
De la misma manera, pidieron un alza general de salarios de acuerdo con el costo de vida y mostraron una férrea oposición a la venta del patrimonio público, al rechazar la enajenación de acciones de Ecopetrol; la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, e Isagén entre otras. Hasta el momento el documento no ha tenido respuesta.
En Colombia ya es costumbre que los gobiernos o los empleadores privados deban enfrentar un paro para que los trabajadores obtengan condiciones laborales dignas o defiendan conquistas. Pero tiempo después se requiere de otro cese de actividades, marchas y bloqueo de vías para que estas se cumplan. Es así que dentro de las grandes movilizaciones del año se destacan la de los camioneros, que aunque no era por mejoras laborales a miles de conductores, medianos empresarios exigían el cumplimiento de acuerdos pasados en los que se tocaban temas como precios de combustibles, peajes, fletes, chatarrización y sobreoferta de vehículos de carga. Los motores se apagaron durante más de mes y medio porque, según explicaron en esa oportunidad a VOZ, en Colombia existen 333 mil vehículos de carga para mover 220 millones de toneladas de diferentes productos al año, aunque se podrían transportar 500 millones; por lo que para los transportadores no era necesario aumentar de manera desaforada la oferta en este servicio. Fue ese el factor que produjo el “uno a uno”. Es decir, la regulación consistente en que para que entre un camión nuevo, deba salir uno viejo de la misma capacidad de carga, y de manera paulatina modernizar estos automotores. Este paro fue tan fuerte que algunos voceros gubernamentales lo culparon de no haber permitido un mayor crecimiento económico y hasta del alza en los precios de productos de la canasta básica familiar. Otro sector que se destacó por la contundencia de sus manifestaciones y sus resultados fueron los trabajadores petroleros. Es así como la defensa de Ecopetrol como patrimonio de los colombianos continuó este año como objetivo estratégico de la Unión Sindical Obrera, USO. Así se demostró cuando con movilizaciones logró la reversión de los campos que operaba la transnacional Pacific Rubiales, en el departamento del Meta, entre otras ganancias para la sociedad. La empresa es víctima del Gobierno de Juan Manuel Santos que adelanta un proceso de venta de sus principales activos, como Propilco, Cenit y 20 campos de producción, de los cuales sólo pudieron vender seis. La administración de la empresa tampoco avanza en el proyecto de modernización de la refinería de Barrancabermeja, por lo que hubo manifestaciones por parte de los trabajadores. Asimismo, obtuvieron que se operaran directamente Tibú y Orito, pues se pretendía entregárselos a extranjeros. La importancia en materia económica de lo conquistado se traduce en que, por ejemplo, Cenit es la empresa filial de Ecopetrol encargada del transporte, y hay inversionistas extranjeros interesados en dar hasta 10 mil millones de dólares por esta, lo que implicaría llevarse más del 50% de la estatal petrolera, ya que en 2015 sus ingresos representaron el 80% de las utilidades totales de la Empresa Colombiana de Petróleos. La defensa del servicio de salud de los docentes colombianos y los incumplimientos gubernamentales a anteriores negociaciones fueron los causantes de que se dejaran las aulas para ocupar las calles de varias de las principales ciudades del país. La evaluación para los ascensos, la falta de infraestructura en el ámbito nacional, la falta de docentes, la baja calidad de la alimentación de los niños y la ausencia de condiciones para el desarrollo de una jornada única estuvieron entre los temas que se discutieron con el Ministerio de Educación. Se obtuvieron nuevos compromisos gubernamentales. Otros sectores, como los trabajadores de las empresas de telecomunicaciones ETB y UNE, se movilizaron por reivindicaciones laborales y en rechazo a la enajenación de paquetes accionarios. Asimismo, lo hicieron trabajadores y comunidades en defensa de sus empresas de agua y otros servicios públicos que siguen en la mira del capital internacional. Enfermeras, médicos y administrativos de diferentes entidades de salud, especialmente las EPS, continuaron sus protestas en rechazo a un sistema que sigue matando a cientos de colombianos por desatención médica. Estos servidores son víctimas de fuertes medidas de flexibilización laboral que denigran cada día más sus profesiones. Pero las ausentes en todos los sectores, con contadas excepciones, fueron las grandes movilizaciones en respaldo al proceso de paz de La Habana y para exigir el inicio de negociaciones con la insurgencia del ELN. Las centrales obreras y el CNU se pronunciaron en favor de los diálogos sin llamar a masivas movilizaciones ni discusiones entre sus afiliados de las temáticas que se debatían en la mesa. Para algunos analistas, eso muestra el nivel tan alto de despolitización al interior de la gran mayoría de los sindicatos, y el bajo nivel ideológico en muchos de sus dirigentes. El año 2017 ya se avizora como de alto índice en la conflictividad laboral y sindical, por las políticas económicas impuestas por el Gobierno nacional, en cumplimiento de exigencias de la banca internacional y la OCDE, la reforma tributaria y el bajo precio del crudo en el ámbito internacional. Sin embargo, también es una oportunidad para una reorganización del movimiento social y que, ante las imposiciones del modelo neoliberal, esté en capacidad de dar la respuestas requeridas. Sigue la deuda de un gran paro cívico nacional.Trabajadores del petróleo
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