Motorizados alzan su voz

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Motorizados se movilizan en contra de las medidas de Peñalosa.

Peñalosa pretende garantizar la seguridad de la capital prohibiendo el parrillero, en plena crisis económica y del transporte público, mientras no da resultados con la alta inversión en fuerza pública

Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada 

La actual administración de Bogotá optoó por concentrar la garantía de la seguridad de los ciudadanos, con la ampliación del pie de fuerza policial y mayor inversión para esta institución. Sin embargo, según el mismo Secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, a pesar de las múltiples inversiones en fuerza pública, los robos y la delincuencia común vienen en aumento.

Para el año 2016, tan pronto asume su papel la administración de Enrique Peñalosa, con su visión de seguridad amparada en el papel de la fuerza pública, la inversión para este sector inició con un presupuesto de 21.000 millones de pesos, los cuales se invirtieron en motocicletas para la Fiscalía, camionetas para la Policía y camiones cisterna para la Brigada XIII del Ejército. También contó con una segunda inversión de 6.700 millones en vehículos para la garantía de la seguridad.

Para el año 2017, la Alcaldía nuevamente invirtió más de 12.000 millones en equipos para la Policía, también vinculó 500 nuevos uniformados.

La política de seguridad es un fracaso

Si la garantía de la seguridad en la ciudad era el aumento del pie de fuera policial y el aumento presupuestal para el equipamiento de la misma, ¿a que se debe entonces el aumento de la delincuencia, y en especial, de los robos en motocicleta?

Las cifras no mienten, la ciudad está en crisis económica y social. Según los números, en el 2017 este tipo de casos se acrecentó de manera desproporcional. Según la misma Secretaría de Seguridad, robos en motocicletas, en el año 2014 llegaron a 1.289; en el 2015 subieron a 1.551 casos y lo que se puede analizar es que, tras la llegada de la nueva administración distrital, pese a su política de seguridad, los robos cometidos con motocicletas ascendieron a 2.168 en el 2016 y 5.325 respectivamente en el 2017.

Algunos analistas aseguran que el aumento de los hurtos y de la delincuencia común en la capital, corresponden al aumento de la pobreza y de la ausencia de una política social y de empleo para la capital. Y es que las estadísticas así lo demuestran, el aumento del desempleo, los niveles de pobreza y de oportunidades para la población, lo confirman, ampliando las brechas sociales y con ello abriendo la puerta al trabajo fácil, el hurto.

Según el Departamento Adminis­trativo Nacional de Estadística, DANE, Colombia reportó a finales del mes de diciembre, que en el acumulado de 12 meses la tasa de desempleo se incrementó a 9,4%, con una tasa de ocupación del 58,4% y una participación de 64,4%.

En el caso de la capital, la tasa de desempleo durante el trimestre comprendido entre junio–agosto de 2017 se ubicó en 10,4%, lo cual expresa que la crisis económica de la ciudad, cada día se extiende. Estas cifras se comparan con la ya preocupante situación del año anterior que, en el mismo período del año 2016, la tasa de desempleo se ubicaba en 9,6%.

La salida a la crisis no gustó

Las salidas que el mandatario de la capital, Enrique Peñalosa, le da a la ciudadanía, no dejan de ser polémicas. En esta ocasión pretende solucionar el problema del aumento del robo en motocicleta, con la prohibición del parrillero hombre.

Según comentó el alcalde el pasado 24 de enero, tan solo el cinco por ciento de la población en Bogotá se moviliza en moto, la prohibición del parrillero, afirmó, solo afectaría a menos del 0,5 por ciento de las personas que son quienes se desplazan como parrilleros. Lo que conllevó a que muchos motorizados se preguntaran, ¿esta es la medida que frenaría el aumento de los robos?

Quienes optan por el transporte en motocicleta y además como parrilleros, lo hacen según se expresó en redes sociales, por la falta de recursos económicos que garanticen el pago del alto costo del transporte público, además del pésimo servicio que hace que, cada día la población elija transportes alternos.

Por su parte, Miguel Forero, representante de ‘S.O.S. Motocultura’, en una nota a Portafolio, aseguró que esta medida estigmatiza a todos los motorizados y que no es una garantía para salir de la situación. Igualmente comentó, “esta es una medida estigmatizante. Hay 500 mil motos en Bogotá y no creo que ni siquiera 25 de ellas estén involucradas en algún delito. Lo que hace la Alcaldía con esta decisión es estigmatizar todo un gremio por unos pocos, porque le quedó grande al Estado o al Gobierno distrital controlar la inseguridad”.

Esta medida generó una de las mayores movilizaciones de inicio de año en la ciudad. Cientos de motorizados tan pronto conocieron la medida, salieron a manifestarse durante dos días contra la medida del mandatario. También en las horas de la noche, centenares de motoristas con su respectivo parrillero, se ubicaron en los principales sitios, entre esos en la carrera 7 con calle 67, por donde se registró un alumbrado que motoristas indignados. A esta manifestación la alcaldía respondió con multas y agresiones a los manifestantes por parte del Esmad.

La expresión de la ciudadanía es, que tales medidas no se compaginan con el problema de fondo que tiene la ciudad, y que unos pocos no deben pagar el precio que ha dejado de asumir un alcalde que, pretende disfrazar la solución a la inseguridad echándole la culpa a unos, mientras ha sido incapaz de dar resultados con un presupuesto desmedido a la fuerza pública por encima de la inversión social.

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