El modelo de impunidad de las élites

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Diego Martínez
@diegoamartinezc 

Generalmente, el fenómeno de la impunidad está asociado con la ausencia de sanción o investigación; para los organismos internacionales existe impunidad cuando el aparato judicial no actúa o cuando se expiden normas tendientes a sustraer de la acción judicial a los responsables. Sin embargo, esta impunidad puede llegar a ser de carácter político, como en el caso de la élite política colombiana que a propósito de la JEP, tomó la decisión de realizar un pacto para no rendir cuentas por los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. Negar las reformas económicas y políticas dispuestas en el Acuerdo Final de Paz, haciéndolas “trizas”, son también una forma de profundización de la injusticia social, es decir de la impunidad.

En la opinión pública, solo se ha advertido la modificación de lo acordado en los temas de justicia, lo cual tal vez se deba a la herencia santanderista, al fetiche de la norma para resolver los conflictos. Sin embargo, es preciso señalar que de las 34 medidas prioritarias dispuestas en el Acuerdo durante el primer año, solo se han cumplido 12. Significa que menos de un 30% de las medidas tempranas que debieron realizarse se han ejecutado. A ese ritmo, no alcanzarán los tres periodos presidenciales previstos para implementar. En síntesis, los avances en la implementación del Acuerdo Final fueron más contundentes con relación a la “terminación del conflicto armado” y la dejación de armas por parte de las FARC que la contribución del gobierno a la “construcción de una paz estable y duradera”. Pese al panorama, es ese 30% de implementación temprana el que tendremos que defender en esta nueva etapa, a través de la movilización ciudadana y la acción parlamentaria.

En esta última etapa del gobierno saliente, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación le apuntó a la aprobación en el Congreso dela República, de normas clave, a saber: la Ley de Tratamiento Penal Diferencial para campesinos cultivadores, medidas de tratamiento penal diferencial para mujeres, la reforma a la Ley 152 necesaria para la financiación de la Paz, y finalmente, las normas procesales de la JEP. Por lo visto, el Congreso y los partidos políticos no le cumplieron al país y a la historia.

Hacer trizas el Acuerdo no es pasarlo por una trituradora de papel. Es el modus operandi de la no implementación y dilación de los aspectos nodales requeridos en el Plan Marco de Implementación diseñado por las partes; es la utilización del Congreso para realizar modificaciones vía normativa que desvirtúan lo pactado en La Habana; es la aplicación de un Acuerdo Político entre élites para no implementar y mantener el statu quo de su impunidad. Este será el combustible de un nuevo ciclo de la acción social, no conocida en Colombia

Las normas procesales de la JEP en su versión actual y la intención de que sean discutidas en una nueva legislatura son un plan sistemático para acabar con el Acuerdo de Paz. Se retardará su trámite para exigir con la nueva correlación en el Congreso los cambios que el Centro Democrático propuso. Por esta razón, no basta con que se aprueben las normas procesales, sino que se debe respetar el contenido esencial de lo acordado. Los objetivos del uribismo para iniciar el desmonte de la JEP con sus nuevos mejores amigos son claros: introducir modificaciones al modelo de otorgamiento de verdad y responsabilidad; limitar el sometimiento de los mal llamados terceros; profundizar la idea de un tribunal únicamente para las FARC; eternizar los procedimientos en contra de los derechos de las víctimas. En síntesis, realizar una copia del fallido procedimiento de Justicia y Paz.

Nuevamente las elites políticas no rendirán cuentas quienes nunca han respondido y mayor responsabilidad tienen en este conflicto.

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  1. […] Generalmente, el fenómeno de la impunidad está asociado con la ausencia de sanción o investigación; para los organismos internacionales existe impunidad cuando el aparato judicial no actúa o cuando se expiden normas tendientes a sustraer de la acción judicial a los responsables. Sin embargo, esta impunidad puede llegar a ser de carácter político, como en el caso de la élite política colombiana que a propósito de la JEP, tomó la decisión de realizar un pacto para no rendir cuentas por los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. Negar las reformas económicas y políticas dispuestas en el Acuerdo Final de Paz, haciéndolas “trizas”, son también una forma de profundización de la injusticia social, es decir de la impunidad.En la opinión pública, solo se ha advertido la modificación de lo acordado en los temas de justicia, lo cual tal vez se deba a la herencia santanderista, al fetiche de la norma para resolver los conflictos. Sin embargo, es preciso señalar que de las 34 medidas prioritarias dispuestas en el Acuerdo durante el primer año, solo se han cumplido 12. Significa que menos de un 30% de las medidas tempranas que debieron realizarse se han ejecutado. A ese ritmo, no alcanzarán los tres periodos presidenciales previstos para implementar. En síntesis, los avances en la implementación del Acuerdo Final fueron más contundentes con relación a la “terminación del conflicto armado” y la dejación de armas por parte de las FARC que la contribución del gobierno a la “construcción de una paz estable y duradera”. Pese al panorama, es ese 30% de implementación temprana el que tendremos que defender en esta nueva etapa, a través de la movilización ciudadana y la acción parlamentaria. En esta última etapa del gobierno saliente, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación le apuntó a la aprobación en el Congreso dela República, de normas clave, a saber: la Ley de Tratamiento Penal Diferencial para campesinos cultivadores, medidas de tratamiento penal diferencial para mujeres, la reforma a la Ley 152 necesaria para la financiación de la Paz, y finalmente, las normas procesales de la JEP. Por lo visto, el Congreso y los partidos políticos no le cumplieron al país y a la historia. Hacer trizas el Acuerdo no es pasarlo por una trituradora de papel. Es el modus operandi de la no implementación y dilación de los aspectos nodales requeridos en el Plan Marco de Implementación diseñado por las partes; es la utilización del Congreso para realizar modificaciones vía normativa que desvirtúan lo pactado en La Habana; es la aplicación de un Acuerdo Político entre élites para no implementar y mantener el statu quo de su impunidad. Este será el combustible de un nuevo ciclo de la acción social, no conocida en Colombia Las normas procesales de la JEP en su versión actual y la intención de que sean discutidas en una nueva legislatura son un plan sistemático para acabar con el Acuerdo de Paz. Se retardará su trámite para exigir con la nueva correlación en el Congreso los cambios que el Centro Democrático propuso. Por esta razón, no basta con que se aprueben las normas procesales, sino que se debe respetar el contenido esencial de lo acordado. Los objetivos del uribismo para iniciar el desmonte de la JEP con sus nuevos mejores amigos son claros: introducir modificaciones al modelo de otorgamiento de verdad y responsabilidad; limitar el sometimiento de los mal llamados terceros; profundizar la idea de un tribunal únicamente para las FARC; eternizar los procedimientos en contra de los derechos de las víctimas. En síntesis, realizar una copia del fallido procedimiento de Justicia y Paz. Nuevamente las elites políticas no rendirán cuentas quienes nunca han respondido y mayor responsabilidad tienen en este conflicto. http://semanariovoz.com/modelo-impunidad-las-elites/ […]

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