Carlos A. Lozano Guillén
En abierto desafío a la comunidad internacional, opuesta al fuero militar en Colombia, porque significa concederle a los uniformados patente de corso para la violación de los derechos humanos y la ejecución de delitos de lesa humanidad, el Gobierno Nacional presentó ante el Congreso de la República la reglamentación del esperpento antidemocrático y guerrerista, aprobado en la anterior legislatura.
La Fuerza Pública colombiana ha sido de las más fustigadas por las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las ONG internacionales y nacionales, por la comisión de delitos a lo largo del conflicto interno. Es considerada depredadora de las libertades y de la dignidad de las personas, sin que presente signos de reivindicación humanista a pesar de sanciones y recriminaciones internacionales. En los últimos años, el mundo se estremeció con los “falsos positivos”, ni más, ni menos, ejecuciones extrajudiciales, que ocurrieron –y continúan ocurriendo- en la más completa impunidad.
Uno de los periodos más terribles fue precisamente cuando Juan Manuel Santos se desempeñó como ministro de Defensa del anterior gobierno terrorista de Álvaro Uribe Vélez. ¡Que no nos venga con justificaciones ni extravagantes argumentos! Él conoce muy bien los hechos y, sobre todo, el riesgo de entregarles semejante instrumento legal a los militares. Es tanto como poner un ratón a cuidar un queso.
La ingenua explicación del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, es que ahora está incluido el derecho internacional humanitario en el conflicto, como si se necesitaran instrumentos jurídicos adicionales a la refrendación del tratado internacional que es parte del bloque de constitucionalidad sin atenuantes. Agrega con desparpajo que ahora sí la Fuerza Pública podrá perseguir y hasta bombardear los sitios donde se encuentran las “Bacrim”, eufemismo oficial para llamar con cariño a los paramilitares.
Los gobiernos de la oligarquía, identificados en la democracia restringida y en la práctica terrorista de Estado, llevan 60 años combatiendo a la guerrilla, aplicando la doctrina contrainsurgente a la lucha social y popular y bombardeando campamentos guerrilleros y de paso a la población civil, sin que requieran instrumentos excepcionales y mucho menos de un fuero especial para los militares.
¿Por qué ahora es una necesidad? ¿Por qué para combatir a las “Bacrim”, brazo del paramilitarismo (o el paramilitarismo mismo), se requiere de una autorización especial? ¡Que no vengan con cuentos! Los paramilitares son criaturas del Estado dominante, el fuero militar es patente de corso para proteger a los depredadores de los derechos humanos.
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