Mineros del nordeste antioqueño en asamblea permanente

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Vereda Carrizal. Foto: Abriendo Trocha (Cahucopana)

Después de operativos militares a la minería y sin ningún acuerdo con el Gobierno, los campesinos mantienen un paro que bloquea la entrada a la ZVTN en Carrizal

Bibiana Ramírez – Agencia Prensa Rural

Nadie se esperaba que en las veredas Lejanías y Ojos Claros, de Remedios (Antioquia) el 2 de marzo llegara el Gobierno a quemar la maquinaria con que realizan la minería artesanal, además con la que han hecho las carreteras, las escuelas y las viviendas. En un operativo militar quedaron 72 familias afectadas.

Entrada ZVTN. Foto: Abriendo Trocha (Cahucopana)

Ese día llegaron cuatro helicópteros con Ejército, CTI, Esmad, Fiscalía y Policía, con el fin de atacar lo que el Gobierno llama minería ilegal y criminal y las supuestas finanzas del ELN, pero de lo que no se percataron es que estos campesinos llevan varias décadas viviendo de la extracción del oro, que la mayoría ha intentado formalizar la actividad, pero el mismo Gobierno no se lo ha permitido, y para el campesino es claro que el fin último es sacarlos de sus territorios.

En Lejanías fueron detenidas diez personas donde había dos mujeres embarazadas y un niño de tres años, y cuenta la comunidad que fueron usados como escudo humano previniendo un ataque del ELN. En Ojos Claros detuvieron a cuatro personas que llevaron a la cárcel de Bucaramanga judicializándolos por daño al medio ambiente, concierto para delinquir y rebelión. Los vecinos aseguran que son campesinos y nada tienen que ver con ningún grupo armado.

Les quemaron tres retroexcavadoras y quince dragas. Después allanaron las viviendas sin ninguna orden y los campesinos denuncian que se llevaron una motosierra, 92 gramos de oro y otros bienes.

“Aquí vivimos de la pequeña minería y hoy nos tienen criminalizados, nos destruyen las herramientas con que buscamos el alimento, con que resolvemos las necesidades básicas en nuestra región. Pero aquí no hay inversión social, los niños estudian debajo de un árbol, a los enfermos hay que sacarlos al pueblo. Tenemos los mismos derechos que el resto de colombianos”, dice Olga Benítez, presidenta de la junta de acción comunal de Lejanías.

Acciones de hecho para ser escuchados

Al no tener respuesta del Gobierno por los ataques a la maquinaria, los campesinos decidieron unirse en un plantón permanente el 6 de marzo en la vereda Carrizal, donde está la Zona Veredal Transitoria de Normalización, bloqueando toda entrada de material para la construcción y víveres, para exigir cumplimiento de acuerdos realizados hace meses con la institucionalidad.

Unos mil campesinos de quince veredas se ubicaron en las tres entradas de Carrizal. Aseguran que no están bloqueando la economía de la región ni a las FARC, pero si el Gobierno tiene los ojos puestos en la Zona Veredal es allí donde deben ejercer la presión.

“Algo que debe quedar claro es que no vamos a entorpecer el proceso de paz que se viene dando. Nosotros lo apoyamos, pero exigimos que los acuerdos sean implementados lo más rápido y que el Gobierno nos cumpla a todos, que se acerque a dialogar con nosotros. Los campesinos estamos cansados del peso de la guerra”, afirma Olga Benítez.

Bloque salida de Carrizal. Foto: Abriendo Trocha (Cahucopana)

El 14 de agosto de 2016, cuando se reunieron el Gobierno y las FARC para revisar los predios para la ZVTN, la comunidad les entregó un documento con peticiones para la formalización del minero, además de unas propuestas de inversión social y de seguridad para las comunidades. Documento al que nadie dio respuesta. Incluso la Secretaría de Gobierno de Antioquia decía no conocerlo aunque fue entregado en sus propias manos.

Sin embargo, el 22 de febrero, Lucía Carvajal, alcaldesa de Remedios, citó a la Gobernación de Antioquia para que junto con los campesinos acordara la formalización de la minería en la región, y para ello se pactó un plazo de seis meses que no se cumplió.

Para el 11 de marzo se tenía planteada una visita de algunos ministros a la ZVTN y “en el marco de ésta habíamos solicitado una reunión con los voceros del plantón. Dicha visita no se dio aduciendo que no había seguridad en la región por presencia de Bacrim y ELN y por las manifestaciones”, cuenta Carlos Palacio, vocero de Cahucopana.

Esta vez la alcaldesa citó a reunión al Gobierno para el 16 de marzo con los líderes del Nordeste, quienes aceptaron viajar a Medellín.

Reunión sin acuerdos

A la cita llegaron la secretaría de Minas, el director de Seguridad e Infraestructura del Ministerio de Defensa, el viceministro de Minas, la secretaría de Gobierno, la alcaldesa de Remedios, el Defensor del Pueblo y los presidentes de juntas y líderes del Nordeste.

Desde el principio de la reunión se avizoraba negligencia por parte de los funcionarios. Sus rostros rudos y antipáticos no generaban confianza con los campesinos. “Los queremos escuchar”, les dicen. “No venimos a pedir una explicación por la quema de maquinaria, hay necesidades reales en la región”, responden.

Fue evidente la descoordinación de la institucionalidad. Por ejemplo la secretaría de Gobierno no tiene al tanto a la secretaría de Minas de lo que se ha adelantado con las comunidades y públicamente se contradijeron.

El representante del Ministerio de Defensa, Álvaro Chávez, reafirmó que los operativos militares contra la pequeña y mediana minería van a continuar, a pesar de las peticiones de las comunidades de suspenderlos mientras avanzan en la construcción de un plan conjunto de formalización, lo que deja en evidencia que el Gobierno no quiere negociar y por el contrario agudizará un conflicto social.

Los mineros aseguran que intentan mitigar el impacto ambiental, que se quieren tecnificar y formalizar, “pero el Gobierno no desea ayudar, lo que quiere es que las comunidades abandonen el territorio y, como no pudieron hacerlo a bala, ahora lo hacen con leyes”.

Los campesinos afirman que apoyaron la decisión de tener una ZVTN en Carrizal con la ilusión de acceder al desarrollo. “Todo está pasando por encima de las comunidades y seguimos en la miseria”, afirma Vidal, otro líder. Y es particular que el Gobierno haya comprado unas plantas de energía de cien millones de pesos para la Zona Veredal, a las que le invierten diariamente 800 mil pesos en combustible, cuando la energía estaba a unos cuantos kilómetros y se hubiese solucionado un problema para toda la comunidad.

Sin que la reunión terminara y sin llegar a ningún acuerdo, los campesinos fueron sacados del auditorio donde estaban reunidos porque ya se había acabado el préstamo de éste. Desconcertados regresaron a la región y con la firmeza de continuar el paro hasta que puedan dialogar con funcionarios con poder de decisión.

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