Miles de despidos en el sector minero-energético

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Reunión de trabajadores de minas de carbón en el departamento del Cesar. Foto archivo.

Las consecuencias económicas del confinamiento han sido descargadas sobre los hombros de los trabajadores y los menos favorecidos. Despidos, suspensión de contratos y vacaciones anticipadas son algunas de las medidas tomadas por empresarios

Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino

Entre ocho y diez mil trabajadores que a través de empresas tercerizadoras laboraban para la estatal petrolera Ecopetrol, han sido despedidos desde que se inició en confinamiento en el ámbito nacional, como medida para detener la expansión del coronavirus.

Así lo han hecho saber estos obreros y la Unión Sindical Obrera, USO, que a través de su presidente, Edwin Palma, ha emprendido medidas legales contra estas firmas contratistas.

Según el dirigente sindical, solamente en la refinería de Barrancabermeja los despidos son alrededor de 1.500, en los campos de producción aledaños al complejo petrolero, otros dos mil y el resto en otras partes del país.

Aunque estos trabajadores desempeñan labores misionales de la industria petrolera, pues ejercen en actividades como producción y mantenimiento, entre otras, sus contratos no son directos como lo ordena la ley, sino que su vínculo laboral es a través de otras empresas.

“Para proceder de esta manera, los empleadores se aprovechan de la ineficacia de los medios de control, tanto administrativos como judiciales para proceder, ganan tiempo mientras que sale una decisión, y esta sale cuando ya ha pasado todo”, argumenta Edwin Palma al preguntársele acerca de la prohibición de despedir trabajadores en tiempos de confinamiento.

Mínimo rendimiento

No obstante, no es la única prohibición, sentencias de la Corte Constitucional han dejado claro en varias oportunidades que los trabajadores para labores misionales de las empresas deben ser contratados directamente, lo que es incumplido en la estatal petrolera.

En ese debate entre Ecopetrol y la USO, la empresa argumenta tener autorización, y para el sindicato, es una discusión que va más allá de lo jurídico, pasa el ámbito político: “Mientras no tengamos un gobierno que trabaje en la reducción o eliminación de los fenómenos de tercerización laboral, no se va a avanzar en ese sentido”, explica el presidente de la USO.

Por otra parte, algunos de quienes están vinculados de manera directa continúan en los puestos de trabajo porque le empresa mantiene sus actividades, pero con todas las protecciones exigidas de acuerdo con sus labores.

Ecopetrol trabaja al mínimo de su rendimiento, por lo que a muchos los confinó en sus casas con teletrabajo y a algunos otros les dio la posibilidad de adelantar vacaciones.

La crisis como pretexto

El sindicato se ha reunido con las empresas y entidades de control del Estado, pero las medidas no tienen reversa, por lo tanto, adelanta acciones legales. Las empresas tercerizadoras basan sus acciones en la crisis.

Por su parte, la USO cree que la industria minera, tanto del sector privado como público, cuenta con los suficientes recursos para proteger a los trabajadores en crisis como la actual, por lo que han reclamado una renta básica para los obreros y no su despido.

Por otra parte, varias organizaciones sindicales del sector minero de los departamentos del Magdalena y Cesar emitieron una comunicación en la que describen el actuar de las compañías que explotan carbón, luego de las medidas dictadas por el Gobierno para enfrentar la crisis.

Según estas organizaciones, durante los primeros días de la emergencia sanitaria las multinacionales mineras intentaron mantener la operación normal de las minas, sin atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias que señalaban la necesidad de distanciamiento social para prevenir el contagio del virus, exponiendo la salud de más de 30 mil trabajadores y sus familias.

Sin embargo: “Desde el 22 de marzo, ante la disminución de las ventas de carbón a nivel internacional y la presión de las comunidades, estas mismas empresas decidieron detener la producción, y han desencadenado una violación sistemática a los derechos laborales de miles de trabajadores en toda la región”, dicen las organizaciones sindicales de los mineros.

Para ellos, la peor parte la están llevando los más de 20 mil trabajadores ilegalmente tercerizados, víctimas de varias estrategias, todas ellas en contravía del Código Sustantivo del Trabajo, CST, como lo son:

  1. Vacaciones colectivas y vacaciones anticipadas argumentando fuerza mayor y sin consensuar con los trabajadores, contrario a lo establecido en el artículo 187 del CST, que exige notificar esta medida con por lo menos 15 días de anticipación. Empresas como Dimantec, Relianz, Maxo, Compass, Group, Eproq, Mecánica, Transcolba, y Asecolba notificaron a sus trabajadores esta medida de manera unilateral antes de que fuera promulgado el decreto 488 de 2020.
  2. Suspensión y terminación de contratos, argumentando razones de fuerza mayor, sin autorización del Ministerio del Trabajo.
  3. Licencias no remuneradas, también diciendo que la emergencia sanitaria constituye fuerza mayor, en varias empresas como Masa.
  4. Varias empresas están presionando a los trabajadores para firmar “Acuerdos entre las partes” y justificar vacaciones, reducción de salarios, suspensión de contratos o incluso proponiendo a los trabajadores firmar cartas de renuncia voluntaria prometiendo volver a contratarlos cuando termine la emergencia.
  5. Es muy posible que la emergencia se extienda por más de 60 días y en ese caso los trabajadores que han sido “obligados” a disfrutar sus periodos de vacaciones serán notificados de suspensiones o terminaciones de contrato, o en el mejor de los casos quedarán “endeudados” con las empresas.

Para los trabajadores del Carbón, las multimillonarias riquezas que han acumulado multinacionales como Drummond, Prodeco y Cerrejón han sido posibles solo por la sistemática explotación de la mano de obra de miles de trabajadores de la región, por lo que, lo mínimo que podría esperarse es que cumplan con la responsabilidad social.

Los sindicatos denunciaron la situación antiobrera y antisolidaria por parte de las mencionadas y otras empresas del sector que tercerizan actividades misionales, y trasladan a los trabajadores y a sus familias los costos de la emergencia, a pesar de que durante varias décadas han obtenido millonarias ganancias gracias a la explotación de los recursos naturales y a la explotación de la mano de obra en la región.

Exigencias de la CUT

Por otra parte, desde el pasado 20 de marzo y previendo la situación que se presentaría en la que las empresas descargarían los efectos de la crisis sobre sus trabajadores, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, hizo varias propuestas de medidas laborales urgentes frente al Covid-19, y solicitó al Ministro del Trabajo, convocar a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, para evaluar la situación laboral que se está presentando durante la emergencia, discutir las medidas adoptadas y las siguientes propuestas:

– Prohibir a todas las entidades públicas del orden nacional o territorial, centralizadas o descentralizadas por servicios, la suspensión o terminación de contratos de prestación de servicios temporales durante el tiempo que dure el estado de emergencia, así como investigar y sancionar a aquellas que han adoptado estas medidas y reversarlas.

– Reducir o flexibilizar jornadas laborales para trabajadoras del sector privado o público, que tengan responsabilidades familiares de cuidado de niños, niñas, adolescentes, personas enfermas o adultas mayores.

– Generar campañas para que en los hogares se recurra a acciones concretas de redistribución de tareas del cuidado y de prevención de violencia intrafamiliar. Para las trabajadoras domésticas remuneradas, adoptar una legislación excepcional (con base en el estado de emergencia) que garantice su salario sin prestación de servicio, durante las medidas de emergencia del coronavirus.

– Para los trabajadores dependientes, en aplicación de los principios de estabilidad laboral, continuidad en el ingreso e irrenunciabilidad de derechos, adoptar normatividad especial y excepcional, que implique que los empleadores:

-No podrán terminar ni suspender ningún contrato laboral, independiente de su plazo o modalidad.

-Deberán aplicar como primera opción el teletrabajo.

-Como segunda opción considerar la aplicación del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo (salario sin prestación del servicio).

-Concertar jornadas flexibles o turnos de trabajo.

-En aplicación del principio de protección del trabajado y diálogo social, Gobierno y empresarios deberán discutir la adopción de estas medidas con las organizaciones representativas de trabajadores y no con los trabajadores individualmente (irrenunciabilidad de derechos).

Al momento de cierre de esta edición, el presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, le dijo a VOZ que la reunión se realizaría el 7 de abril con la presencia del Ministerio de Salud. Esta se llevaría a cabo en medio de la discusión nacional sobre la propuesta del presidente de la República, Iván Duque, de declarar un “aislamiento inteligente” en el que se tendrían condiciones particulares para que trabajadores pudieran volver a sus puestos, o continuar en confinamiento luego del 12 de abril.

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