La confirmación de que 34 estudiantes normalistas del Estado de Guerrero fueron quemados vivos causó enorme indignación. Manifestantes en 50 ciudades piden la renuncia del presidente Peña Nieto
Estremecedor resultó el relato hecho por el fiscal general de México, Jesús Murillo, en el sentido de que algunos miembros del denominado cartel del narcotráfico conocido como Guerreros Unidos habrían quemado vivos a los 34 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y sus cenizas arrojadas a un río cercano al lugar del crimen.
La revelación, conocida al finalizar la semana pasada, produjo una ola de indignación y los estudiantes de la mayoría de los centros educativos del país azteca se lanzaron a una movilización en al menos 50 ciudades del país, a la que sumaron sectores democráticos que acusaron al gobierno de practicar un juvenicidio, reclamaron una investigación exhaustiva de los hechos y exigieron la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, por incumplir sus funciones como jefe de Estado en la guarda de los derechos a la vida, la paz y la libertad de los ciudadanos.
Según el relato de las personas detenidas, que confesaron ser autores materiales del crimen, los estudiantes fueron sometidos a un suplicio de maltratos, torturas y ahogamiento físico, que se prolongó por varias horas. La reacción de los familiares es la de no reconocer oficialmente el crimen hasta que no haya pruebas fehacientes; entre tanto, siguen considerándolos como desaparecidos.
La revelación del homicidio confirma el nexo criminal entre las autoridades civiles, organismos policiales y los carteles del narcotráfico, no solo en la municipalidad de Iguala, sino en la mayoría de las instancias de poder en México.
En los últimos diez años, según organismos de derechos humanos, en el país se han presentado 120 mil ejecuciones extrajudiciales y 30 mil desaparecidos, la mayoría de ellos jóvenes que promedian los 25 años de edad. Ser joven en México es una condición de riesgo extremo. Para la juventud, el estado de derecho es una ficción, se ha reducido la posibilidad de acceso a educación, salud, cultura, empleo y este escenario es caldo de cultivo, bien para el reclutamiento por parte de bandas criminales o para su persecución y criminalización si no lo hacen y optan por el camino de la protesta social.
