Los “noes” del gobierno en La Habana son los mismos que utiliza para atender los conflictos sociales
Hernán Camacho
Si algo tienen claro las FARC es que la paz no es una carrera a contrarreloj, ni puede estar presionada por los afanes electorales de 2014. Con esas premisas y con las dificultades propias de una conversación entre posiciones distantes se llegó a un acuerdo parcial sobre el primer punto de la agenda.
Ahora es la participación política, la que se reclama estar por fuera de esas presiones gubernamentales, mediáticas y políticas. Nada pueden ser líneas rojas ni inamovibles luego de siete meses de negociaciones.
Las propuestas presentadas por la insurgencia están causando ampolla en la dirigencia política nacional. Sectores enemigos de la paz piden patear la mesa de inmediato, suspender condicionalmente los diálogos y exigirle al gobierno Santos, “no negociar el Estado de Derecho”. Pero basta echar una mirada a los 10 mínimos de la insurgencia y sus desarrollos para encontrar cambios que conducirían a profundizar la incipiente democracia colombiana, sin siquiera transformar radicalmente las instituciones del establecimiento.
El inamovible
La Asamblea Constituyente no es un inamovible ni pueden considerarla un mico en la negociación, como se acostumbra en el Congreso de la República. De hecho, el preámbulo y el contenido de la agenda imponen una refrendación a los acuerdos alcanzados, sin descartar la Asamblea considerada por las FARC como el mejor mecanismo, coincidiendo así con las conclusiones recogidas en el reciente Foro de Participación Política, donde buena parte de las organizaciones sociales y partidos políticos participantes reclamaron un nuevo pacto social.
La creciente audiencia por la paz no es esquiva a la propuesta, si esta como dice la delegación de paz de las FARC, es por antonomasia la llave de la paz: “La retórica del poder contra la Constituyente debe ceder paso a planteamientos argumentativos que entreguen razones y no descalificaciones exclamativas”. Para la insurgencia sentada en La Habana, el texto constitucional de 1991 ya está plagado de contrarreformas propicias a la corrupción, el clientelismo y el oportunismo.
A la acostumbrada negativa gubernamental, Andrés París, miembro de la delegación de la insurgencia sentenció: “El gobierno había rechazado varias propuestas que le habíamos hecho, -refiriéndose al primer punto de la agenda- pero fue gradualmente diseñando fórmulas que permitieron avanzar, y es previsible que frente a la Asamblea Constituyente también modifique su postura”.
Y recordó que en la etapa previa de las conversaciones el gobierno pretendió llevar la mesa en secreto y las FARC pretendían todo lo contrario, “Cedieron y ahora nos encontramos en la etapa pública, cosa que no estimaban al comienzo de estos diálogos”. A todas esas posiciones en su momento se le denominaron líneas rojas.
La onceava ronda
Al cierre de la decimoprimera ronda de diálogos los plenipotenciarios del gobierno no dieron declaración alguna. De inmediato la especulación mediática se impuso y las versiones sobre la imposibilidad de acuerdos o posturas irreconciliables saltaron a la palestra.
No obstante, el comunicado conjunto dejó ver que las diferencias se están tramitando, como es apenas obvio: “Se escucharon las opiniones de dos expertos en el tema de participación política, dentro de lo previsto en el Acuerdo General que prevé el mecanismo de consulta directa”. Lo cierto es que tales discusiones no están permeadas por la premura si se tiene en cuenta que van dos rondas abordando apenas el primer subtema de la participación.
Los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final, es el primer subtema tratado en la Mesa. En este se definen mecanismos de participación VOZ conoció parte de la propuesta presentada a la mesa en la que se suscriben drásticos cambios en los mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo, que iniciativas como el plebiscito, el referéndum o la convocatoria a la Asamblea Constituyente no queden de manera exclusiva en cabeza del Ejecutivo para su convocatoria, pero sí su financiación total.
Concepto de democracia
A ese debate de las líneas rojas se le suman las declaraciones del máximo comandante de esa guerrilla Timoleón Jiménez, en donde reclama el tratamiento social a la protesta en Colombia. El tratamiento de guerra en el Catatumbo o en otras zonas del país para contener la protesta es el fruto de la ausencia de voluntad política del gobierno para la paz. Según analistas consultados por VOZ, lo que Juan Manuel Santos tiene es un doble discurso: “Hablando de paz y de terminación de guerra en Cuba y repartiendo garrote en Colombia”.
“Lo acordado con los campesinos siempre ha sido incumplido, al tiempo que a nosotros siempre nos han cerrado violentamente la vía de la política abierta. Si los de abajo exigimos que los gobernantes cambien su modo de relacionarse con nosotros, tan solo obtenemos que crezca la hilaridad de los poderosos y su prensa”, observó Timoleón Jiménez.
Las líneas rojas se trasladaron a los estallidos populares como en el Catatumbo, el paro minero, las movilizaciones cafeteras, las advertencias de los arroceros, los lecheros y demás sectores de la producción colombiana, profundizando la conflictividad social. Esas si son líneas rojas que deben ser necesariamente cruzadas para la construcción de una paz duradera y estable con profundos cambios.
