Mes y medio de paro en la justicia

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Manifestación de trabajadores de la justicia en la sede de Paloquemao en Bogotá. Foto archivo

Las razones de los trabajadores de la rama judicial que están y que no están en cese de actividades

Manifestación de trabajadores de la justicia en la sede de Paloquemao en Bogotá. Foto archivo
Manifestación de trabajadores de la justicia en la sede de Paloquemao en Bogotá. Foto archivo

Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino

Por problemas estructurales irresueltos por el gobierno nacional, un gran porcentaje de trabajadores de la rama judicial han cesado actividades. Aunque han generado caos, no están todos en el paro.

Lo complejo -que ayuda a la demora en las soluciones- es la división de sus trabajadores. Actualmente existen Asonal Judicial, Asonal Judicial Sindicato de Industria y 15 sindicatos más.

Fredy Machado, presidente de Asonal Judicial, convocante del cese de actividades, explicó sus motivos: “El Gobierno ha dicho que queremos reformar la ley que reestructuró a la Fiscalía, lo cual es falso. Lo que se quiere es que se haga de frente a los trabajadores, es decir, que se les promueva, ascienda y estimule. Cada vez que amplíen la planta de personal lo lógico es que echen mano de los experimentados, pero el fiscal lo que hace es nombrar gente de la calle, politizando la institución”.

“Estamos convencidos de que la ley cuarta de 1992 solo ha sido desarrollada para los magistrados de las altas cortes y tribunales, pero no para empleados, jueces y fiscales. Cuando hemos protestado solo nos han entregado bonificaciones no la nivelación salarial”.

Comenta que es un problema estructural porque Colombia solo invierte el 0,5% del Producto Interno Bruto a la justicia, mientras que los centroamericanos y los países civilizados le invierten el 6%.

Fredy Machado explica que hubo una reunión con el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, donde se le pusieron tres puntos para levantar el paro: que la bonificación que les han reconocido sea factor salarial, reconocimientos de ésta a los que no la tienen, y los recursos faltantes para que no queden cesando los funcionarios de la descongestión. Los puntos fueron llevados al ministro de Hacienda, quien no los aceptó.

Por su parte, Luis Fernando Otálvaro, presidente de Asonal Judicial Sindicato de Industria, dijo que no participaron del paro porque no los invitaron ni ayudaron a construir los objetivos, y que solo un 35% de la justicia está parada.

“Los objetivos propuestos, a pesar de que son justos, no es el momento para salir a pelearlos, porque tienen un costo superior a los 10 billones de pesos, y además, no están totalmente cuantificados los objetivos de la nivelación salarial de la ley cuarta de 1992. No existe hasta el momento una escala salarial que nos permita decir qué deberían devengar los empleados tanto de la Fiscalía como de la rama judicial, en especial el sector administrativo. Al no tener dicha cuantificación consideramos que estaríamos navegando en unas aguas cenagosas”.

“Segundo, la situación económica del país ante una reforma tributaria que se cocina precisamente para tapar un hueco fiscal de 12.5 billones, creemos que no es el momento apropiado para exigir unos puntos económicos que implican casi esos mismos 12.5 billones. Tercero, consideramos que los puntos relativos a la Fiscalía relacionados con la modernización de la misma y los decretos leyes, no es posible conseguirlos en un paro en tanto que esos decretos dejaron de serlo, para ser leyes, por la facultades que le dio el Legislativo al Ejecutivo y este ya no podría tocar dichos decretos de reestructuración. Es necesario acudir al Congreso de la República”.

“Y creemos que la negociación del año 2012 relativa a bonificación fue muy buena, porque hasta el 2018 suman el doble de lo que cada funcionario devengaba en el 2010, y estos acuerdos se vienen cumpliendo, por esto no es pertinente buscar que se acabe con esta bonificación porque sería entregarle en bandeja de plata al gobierno unas conquistas ya logradas”.

Al cierre de esta edición, el sindicato convocante consultaba a sus bases la continuidad o no del paro.