miércoles, abril 24, 2024
InicioPaísBogotáMayor de la Policía es capturado

Mayor de la Policía es capturado

El Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó al mayor Héctor Edison Castro Corredor a 40 años por la masacre de Mondoñedo ocurrida en 1996

Arquímedes Moreno, una de las víctimas de la masacre de Mondoñedo. Foto Brigada Jurídica Eduardo Umaña
Arquímedes Moreno, una de las víctimas de la masacre de Mondoñedo. Foto Brigada Jurídica Eduardo Umaña

Kikyō

El pasado cinco de enero fue capturado el mayor de la Policía, Héctor Edison Castro Corredor, quien estaba prófugo de la justicia luego de su sentencia a 40 años de prisión dictada por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, por la masacre de Mondoñedo.

Los delitos por los que se condenó al alto oficial son según informó la Brigada Jurídica Eduardo Umaña, secuestro extorsivo agravado y homicidio agravado. Además fueron condenados con la misma pena José Albeiro Carrillo Montiel, José Ignacio Pérez Díaz y Carlos Ferleín Alfonso Pineda, quienes tendrán que pagar una multa de 1.200 salarios mínimos legales vigentes como autores de los delitos de secuestro y homicidio agravado.

El seis de septiembre de 1996 los jóvenes Vladimir Zambrano, Arquímedes Moreno, Jenner Alfonso Mora y Juan Carlos Palacio Gómez salieron de sus casas en la ciudad de Bogotá y nunca más regresaron. El siete de septiembre del mismo año los universitarios fueron encontrados en el basurero del municipio de Mondoñedo ubicado en la hacienda Fute cerca de la carretera que conduce de Mosquera a Soacha. En hechos relacionados, fueron asesinados los jóvenes Martín Alonso Valdivieso y Federico Quesada, en los barrios Fontibón y Argelia de Kennedy, respectivamente, estos eran amigos de los encontrados en Mondoñedo.

Los jóvenes universitarios fueron señalados de ser miembros de las FARC por Julio Chaparro Nieto, quien supuestamente integraba la Red Urbana del grupo armado.

Tropiezos en la investigación

Como lo señaló VOZ en varias oportunidades, para investigar estos crímenes catalogados como de lesa humanidad se facultó a una Fiscal Delegada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, quien calificó los hechos como secuestro, tortura y homicidio agravado. Dictó medida de aseguramiento con detención preventiva contra el capitán José Humberto Rubio Conde, comandante del Grupo contra Armados Ilegales de la DIJIN para la época de los hechos, y contra los policías José Albeiro Carrillo, José Ignacio Pérez Díaz, Ferley Alfonso Pineda, William Nicolás Chitiva, Rodrigo Cobos Saldarriaga y Onasis Bastidas. También se vinculó a la investigación al teniente (para la época) Héctor Edison Castro Corredor. Sin embargo la investigación contra este precluyó.

Además la Fiscalía Delegada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos emitió una resolución de acusación contra los miembros del mencionado grupo de la DIJIN, sin haber vinculado al proceso al capitán de la Policía Carlos Alberto Niño, oficial quien estaba al mando del Grupo contra Armados Ilegales de la DIJIN en reemplazo del Comandante titular capitán José Humberto Rubio durante su ausencia, en la fecha en que se cometieron los delitos. Precluyó la investigación favoreciéndolo y al teniente, quien realizaba labores de inteligencia a las víctimas. Pese a la acusación contra los miembros de la DIJIN, estos gozaban del beneficio de libertad provisional por vencimiento de términos.

No hay que olvidar que la Fiscal Delegada que inició la investigación y vinculó a los miembros de la DIJIN tuvo que salir del país con su familia por amenazas.

Castro Corredor fue señalado por el suboficial William Chitiva de participar en la masacre por presuntamente pertenecer al frente urbano de las FARC. La Corte Suprema de Justicia ordenó reabrir la investigación en contra del oficial, quien realizó los seguimientos. En 2007 la vida de William Chitiva fue acallada, ya que fue asesinado en Cúcuta, después de ampliar su acusación contra otros miembros de la DIJIN.

Según Uldarico Flórez de la Brigada Jurídica, el Ministerio Público había pedido la absolución de Castro Corredor pese a las pruebas de haberse cometido un delito de lesa humanidad, previa advertencia de la Corte Suprema de Justicia en su Sala Penal.

Ahora queda que se investiguen las irregularidades en llos procesos, incluyendo las muertes que ocurrieron alrededor de este caso como la de William Chitiva.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments