Con las acusaciones de los altos mandos de la Policía en Bogotá contra propietarios de bailaderos clandestinos, se quiere desviar su responsabilidad por las muertes causadas en un exceso de fuerza. La crisis de la policía es mucho más honda y demanda reformas radicales en la institución
Alberto Acevedo
La violenta incursión de una patrulla policial, en la madrugada del pasado 15 de septiembre, en una discoteca o “amanecedero”, como se le denomina en Bogotá, ubicada en inmediaciones de la avenida Primero de Mayo con Caracas, en el sur de la ciudad y que dejó un saldo de seis personas muertas, pone en evidencia no solo un “exceso” de autoridad, ya muy frecuente en los procederes policiales, sino el nivel de corrupción en el cuerpo armado, situaciones que demandan una reforma radical y urgente de los fines y orientaciones de la institución.
Numerosos testimonios de quienes se encontraban en el lugar, el registro de algunos videos y las evidencias físicas, apuntan a señalar que los agentes de policía utilizaron gas pimienta para presionar la salida de los clientes del establecimiento y lo que consiguieron fue provocar una estampida. La propietaria del local dice que los uniformados llegaron destrozando y golpeando lo que encontraban a su paso y provocaron la muerte de las seis personas, cinco de ellas mujeres.
Lo que sucedió en las horas siguientes fue un hábil y rápido manejo mediático, gracias al cual el mando de la policía en Bogotá justificó la acción de sus subalternos, diciendo primero que este tipo de gases no se emplean sino en operaciones de control de orden público, que la puerta del establecimiento estaba cerrada y los encargados se negaban a abrirla, y que en todo caso lo que debe discutirse es la proliferación de establecimientos ilegales donde se expende licor, drogas, se practica la prostitución, etc., es decir, nada de la responsabilidad de los uniformados por lo que, evidentemente, es una matanza de ciudadanos inermes.
En medio de las lágrimas por la pérdida de sus seres queridos, los familiares de los muertos han mostrado a los medios de comunicación que se trataba de jóvenes, en su mayoría trabajadores honestos, padres de familia cuyas vidas generosas fueron segadas. En un crimen que podría calificarse de feminicidio, si se tiene en cuenta que la mayoría de las víctimas fueron mujeres.
Otros hechos
La sangre derramada en el barrio Restrepo de Bogotá. Es apenas la punta del iceberg de una serie de crímenes y hechos de corrupción que tocan a la institución policial en todas sus instancias jerárquicas.
El coronel José Javier Vivas, segundo al mando de la Policía Metropolitana de Bogotá y el coronel Nelson de Jesús Arévalo, ex comandante de la estación de policía de Suba, fueron enviados hace poco a prisión, acusados de falsedad en documento público y alteración de la escena del crimen en hechos en que resultó muerto el joven grafitero Diego Felipe Becerra.
La fiscalía estudia si en los hechos le cabe responsabilidad penal, por encubrimiento, al general Francisco Patiño, comandante de la regional 4 de la Policía. En este caso, como en el de la discoteca nocturna, la policía difundió la versión de que los uniformados habían sido agredidos, que ellos eran las víctimas, y las investigaciones posteriores demostraron lo contrario.
El giro que viene tomando la investigación de los hechos en que falleció, en febrero pasado, en la localidad de Usaquén, el patrullero Jairo Díaz, insinúan una cadena de complicidades del alto mando de policía en Bogotá en el crimen, en una situación similar a la del grafitero Diego Felipe Becerra.
Lazos criminales
De las declaraciones de integrantes de la banda “Los Pascuales”, que actúan en la zona, se desprende que el patrullero fue eliminado por sus propios compañeros de ronda, al ser descubiertos en un ilícito mayor, y que varios mandos superiores habían indicado que todo el mundo tenía que guardar silencio para no comprometer la cadena de responsabilidades hacia arriba.
El jefe de seguridad del presidente Uribe Vélez, el general en retiro Flavio Buitrago, no ha podido explicar a la fiscalía por qué en un abrir y cerrar de ojos incrementó su fortuna personal en 670 millones de pesos ni sus nexos con el narcotraficante Marco Antonio Gil, alias “El Papero”.
Otro de los jefes de seguridad del ex presidente Uribe, el general Mauricio Santoyo, fue extraditado a Estados Unidos por comprobados vínculos -ya cuando ejercía como comandante de una fuerza policial, en Medellín-, con la llamada ‘Oficina de Envigado’, verdadero cartel del narcotráfico, y con grupos paramilitares en Antioquia. Jamás en la historia del país, un general de la policía había sido pedido en extradición por sus actividades criminales.
Interminable sería la lista de nombres de miembros de la Policía Nacional vinculados a toda suerte de ilícitos. Se han mencionado en estas notas apenas los casos más sobresalientes. Lo que interesa mostrar es esa combinación diabólica entre corrupción y criminalidad, sin que pase nada. Ahí quedaron los muertos de la discoteca de Bogotá y sus familiares apenas recibieron una carta de condolencia de la institución policial. Ahí están los muertos del paro agrario nacional, y tampoco pasa nada.
Corrupción
En informe divulgado en febrero pasado, la Oficina en Bogotá del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos constató que “se ha observado repetidamente un uso excesivo de la fuerza en el manejo de las manifestaciones públicas por las entidades de policía, incluido el escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)”.
A raíz de su vista a Colombia, en la primera semana de septiembre, la presidente de la organización Transparencia Internacional, Huguette Laballe, reveló estudios que indican que el ciudadano común percibe manifestaciones de corrupción en la Policía Nacional en una proporción del 3.7 por ciento, frente a una media de corrupción policial del 4 por ciento en América Latina.
Un informe de la Inspección de la Policía Nacional, revelado a mediados de septiembre, indica que solamente en el segundo trimestre de este año se abrieron 493 investigaciones contra uniformados en Bogotá por distintas conductas delictivas. Y aunque el índice es ligeramente menor al del mismo período del año pasado, ya fueron destituidos 69 policías, 78 más cumplieron sanciones y otros 92 penalizados con multas.
Nueva doctrina
El problema sin embargo, es aún más complejo, desborda las infracciones a la ley por parte de los patrulleros y los ilícitos de los generales. Se trata de una concepción militarista que ha convertido a la institución policial en un organismo represivo. En un informe de agosto del año pasado, el señor Todd Howland, representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas lamentada “el alto número de procesos que se adelantan en la justicia ordinaria contra miembros de la Fuerza Pública (…) en su mayoría derivados de la atroz práctica de las ejecuciones extrajudiciales”.
Hace mucho rato, la policía nacional abandonó los principios de convivencia y desvelo por la defensa de la ciudadanía, que le dieron origen. El fundador de la institución, el general francés Jean-Marie Marcelin Gilibert, que fundó la policía en noviembre de 1891, por solicitud del presidente Carlos Holguín, predicaba que el uniformado debía “hablarle con dulzura” a los ciudadanos, persuadirlos de que no infringieran la ley. Pero ante todo, que la institución es una fuerza civil, no militar, respetuosa de los derechos ciudadanos.
Hay que retomar esos postulados, máxime en momentos en que se habla del postconflicto. La Policía Nacional debe ser baluarte de la paz y la justicia social. Eso implica efectuar una profunda reforma en sus postulados, realizar una depuración de mandos corruptos, altos y medios, comprometidos con organizaciones mafiosas y paramilitares y dotar a la policía de una nueva doctrina de seguridad, inspirada en los ideales del Libertador Simón Bolívar y de los sectores nacionalistas y patrióticos que abogan por una nueva nacionalidad, y unos nuevos derechos ciudadanos.
