Masacre del Chengue, crimen de lesa humanidad

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Familiares y amigos despiden a sus seres queridos, víctimas de la masacre. Foto El Colombiano.

Pasaron 17 años para que la Fiscalía calificara este crimen como de lesa humanidad

Redacción DD.HH.

Pasaron 17 años para que la Fiscalía, en este caso la 43 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos, llamara el pasado 17 de enero a juicio al oficial de la Armada, Camilo Martínez Moreno, prófugo de la Justicia, por los delitos de homicidio de 29 personas, concierto para delinquir, incendio de viviendas y desplazamiento forzado en hechos ocurridos en el corregimiento de Chengue, municipio de Ovejas, Sucre, región de los Montes de María.

Estos hechos se calificaron como parte de un plan montado por un aparato organizado de poder contra la población civil de esta región, acusada de ser auxiliadora de la guerrilla. Afirma además la Fiscalía, que este fue un hecho de conocimiento de las autoridades, sistemático y generalizado.

Masacre de Chengue

En la misma decisión, la Fiscalía reconoció el crimen como de lesa humanidad, al cumplir los elementos que lo definen como tal. Es preciso recordar que esta masacre ocurrió en el contexto de otros hechos similares en Montes de María, región conformada por 15 municipios, como las masacres de Macayepo, El Salado, y otras 53, entre 1997 y 2003 -según cifras de verdadabierta.com- que hicieron parte de la estrategia paramilitar de disputa territorial con las guerrillas, en este territorio donde confluyen intereses económicos ganaderos y agroindustriales.

El 17 de enero de 2001, a las 4:30 am, un comando de 60 paramilitares pertenecientes al autodenominado bloque Héroes de los Montes de María, al mando del paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo alias Cadena, incursionó en el corregimiento de Chengue, pasando sin ser detenidos por puestos de control militar y policial, como está probado en el proceso.

Una vez en el caserío, separaron a los hombres de las mujeres, niñas y niños. En la plaza asesinaron a 29 hombres delante de sus familias, acusados de “auxiliar a la guerrilla”, utilizando un martillo grande de hierro para aplastar sus cabezas, así como armas de corto alcance. Posteriormente prendieron fuego a las viviendas y causaron el desplazamiento forzado de buena parte de la población convirtiendo a Chengue en un pueblo fantasma. Cuando los paramilitares emprendieron la retirada, un helicóptero de la Brigada de la zona disparó ráfagas desde el aire en dirección distinta a la del comando paramilitar.

Al abandonar el corregimiento, los paramilitares se dirigieron a la finca El Cerrito, en un sitio llamado el cerro Bogotá, cercano a Chengue, donde estuvieron al menos durante dos días sin que la Fuerza Pública actuara al respecto. Incluso, la fiscal del caso, Yolanda Paternina –quien después fue asesinada por sus investigaciones en este caso- solicitó el acompañamiento del oficial Camilo Martínez a una inspección a la finca El Cerrito, y recibió como respuesta una negativa.

Por todo lo anterior, la Fiscalía 43 en su decisión consideró probado que el oficial Martínez es responsable de concierto para delinquir por haber promovido el grupo paramilitar Héroes de Montes de María, así como de comisión por omisión, es decir: de haber decidido de manera deliberada no combatir, perseguir ni capturar a la estructura paramilitar, lo que fue determinante para la concreción de la masacre, el incendio de las viviendas y el desplazamiento forzado.

Después de 17 años de ocurridos estos crímenes atroces, los avances en la Justicia son prácticamente nulos a pesar de que varios paramilitares que participaron en los hechos como Elkin Valdivis y Uber Bánquez alias Juancho Dique rindieron versión libre ante los tribunales de Justicia y Paz, señalando los estrechos vínculos de la Fuerza Pública con el paramilitarismo en la región. Dos suboficiales de inteligencia vinculados con los hechos, Euclides Rafael Bossa Mendoza y Rubén Darío Rojas Bolívar, fueron absueltos, a pesar de todo el acervo probatorio en su contra.

También el superior de Camilo Martínez Moreno, Rodrigo Quiñónez, quien era el comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina, fue vinculado con estos hechos, pero la Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Luis Camilo Osorio en 2004, consideró que no había mérito para llamarlo a juicio.

Este 17 de febrero, 17 años y un mes después de la masacre, familiares y organizaciones acompañantes conmemoran los hechos exigiendo verdad, justicia y reparación integral en este caso que sigue en la impunidad. La Fiscalía tiene la obligación de investigar y castigar a todos los autores materiales y determinadores de estos graves crímenes.

La masacre de Chengue ejemplifica la existencia de crímenes de Estado, que en tiempos de construcción de paz deberían develarse en toda su dimensión, estructura, impactos y máximos responsables para garantizar que hechos como estos no se repitan.

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