Más negocios, menos salud

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Hospitales públicos en riesgo de cerrar puertas por decisión del Gobierno nacional con la excusa de la regla fiscal.

Minireformas en salud se convierten en un mico a favor de las EPS y en contra de los hospitales públicos que a su juicio no tengan “eficiencia fiscal”

Redacción política

En el marco del debate sobre salud en el Plan Nacional de Desarrollo, la senadora Aída Avella, denunció este martes que, los artículos hacen énfasis en la sostenibilidad financiera del sistema y no en la salud, entendida como un derecho humano fundamental.

“La salud sigue siendo una mercancía, mientras se desmejoran los hospitales públicos, las EPS construyen edificios a costa de dejar a sus pacientes sin la atención. La salud sigue en crisis profunda”, señaló la parlamentaria.

A juicio de Avella, el artículo 56 es una de las propuestas del gobierno que tendrían que ser debatidas con más atención, ya que trata sobre la aplicación de un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para que los hospitales públicos y puestos de salud, especialmente rurales, que no cumplan con las exigencias fiscales no sean viables para el Ministerio de Hacienda, y pueden ser cerrados.

“No es posible que los hospitales públicos casi pidan limosna al Ministerio de Hacienda para atender a los colombianos. Hay hospitales que no tienen jeringas, que son los pacientes los que deben conseguir las gazas, las vendas y los antibióticos porque el ministerio no gira los recursos. Cierran centros médicos por no rendir económicamente cuando su misión es prevenir y salvar vidas. Los que diseñan el sistema y legislan lo hacen sin conocer las necesidades de los 22 millones de colombianos que viven en la provincia”, dijo.

En ese mismo sentido, según la senadora Aída Avella, la implementación del saneamiento fiscal debería ejecutarse por el Ministerio de Hacienda, con indicadores, parámetros y metas sociales que sean estipuladas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en favor de la atención plena en salud a los ciudadanos.

Igualmente, la congresista por la UP de la lista Decentes, critica el hecho de que, los artículos planteados del PND, no garantizan la disponibilidad de servicios de salud en zonas marginales, en concordancia con el artículo 24 de la ley 1751 de 2015.

“En la Colombia profunda a los médicos los están despidiendo porque el ministerio no le ve rentabilidad económica a esos puestos de salud. Aquí de lo que se trata es de atender niños enfermos, madres gestantes y ancianos pobres. Esa sí es una rentabilidad social que debe pesar más que la económica”, expresó la senadora.

Finalmente, Avella manifestó su desacuerdo con el artículo 129 del PND, que propone modificar el artículo 47 de la ley 715 de 2001, realizando una nueva distribución de recursos del sistema general de participaciones en salud, en la que se destina el 90% de dichos recursos al aseguramiento, que no quiere decir atención de calidad y sólo un 10% para el componente de salud pública, entre ella la prevención.

“Las cifras parecen bastante ambiciosas, pero van solamente a atender la cobertura en salud, para que los ciudadanos estén afiliados, pero no garantiza atención plena al derecho a la salud. Pero algo más grave, se reducen sustancialmente los rubros destinados a la prevención en salud, programas como Territorios Saludables en Bogotá no tendrían recursos suficientes”, puntualizó la dirigente de la UP.

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