viernes, marzo 29, 2024
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Más militares en el ojo de la justicia

Inicia el año con nuevos casos en los que militares se ven involucrados en violaciones a DD.HH. y al DIH

Tropas del Ejército Nacional.
Tropas del Ejército Nacional.

Redacción DD.HH.

Gracias a las denuncias de la comunidad y posterior investigación de los hechos en los que el campesino Faiber Antonio Erazo Cuellar, fue asesinado el 18 de enero de 2015 en el municipio de Argelia en el Cauca, se precisó una orden de captura y posterior imposición de medida de aseguramiento, por parte de un juez de control de garantías, contra el cabo Aristides Arboleda Palomino y los soldados profesionales Gilberto Alonso Duque, Edilberto Manuel Alemán y Noé Alejandro Díaz, implicados en los hechos y quienes para la época se encontraban adscritos al Batallón de Infantería #56 “Cr. Francisco Javier González” perteneciente a la III División del Ejército Nacional. Así lo anunció la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”.

Hechos como estos siguen cobrando importancia en la búsqueda de la verdad y la justicia en el país, pues según organizaciones de DDHH son muy pocos los casos en los que las denuncias frente a situaciones similares a las del campesino Faiber, cobran importancia en los organismos de investigación del Estado. Igualmente apelan al informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, quien ha pedido a los estados de la región dejar de utilizar la jurisdicción penal militar en casos de violaciones a los derechos humanos pues atentan contra el derecho de las víctimas a que se haga justicia y se conozca la verdad.

Las cifras de militares implicadas aumentan cada año

En septiembre del año pasado la Fiscalía ordenó la captura de 22 miembros del Ejército Nacional por encontrar indicios de su participación en los mal llamados “Falsos Positivos”, o crímenes de Estado. En este caso a 16 militares en servicio, seis retirados y dos civiles se les ordenó la captura por la muerte de 18 campesinos, quienes fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate en los departamentos de Cesar y Antioquia; este departamento por su parte sigue prendiendo las alarmas en las organizaciones defensoras de DD.HH., pues es allí en donde más se han venido presentando casos de violación a los derechos a manos de militares y la fuerza pública.

Igualmente, en un dossier presentado por la Fscalía al congreso en solicitud del representante a la Cámara Alirio Uribe, se conoció de miles de casos en los que, tanto militares como policías están siendo investigados por la fiscalía. Las cifras alcanzan los 5.749 miembros de estas instituciones en las que se les investiga por presuntas violaciones a los derechos humanos y por vínculos con las también mal llamadas “bandas criminales” o paramilitares como ha mencionado el mismo congresista, a la vez que se ha referido en diversas ocasiones al rearme de estos mismos grupos en todo el territorio nacional, provocando nuevos episodios de violaciones a los DD.HH. entre la población civil.

Los casos en los que se ven involucrados estos personajes, pasan por concierto para delinquir, presunta comisión de homicidio, homicidio en persona protegida, homicidio agravado, desaparición forzada, violencia sexual, infracciones al Derecho Internacional Humanitario e interceptaciones ilegales.

Desde el 2002 hasta 2014, la justicia ordinaria promulgó sentencias condenatorias contra 817 uniformados, de los cuales 749 son contra militares: tres coroneles, dos tenientes coronel, nueve con el grado de mayor, 19 capitanes, 40 tenientes, 63 cabos, 544 soldados, y ocho policías.

También se evidenció en este informe, la participación de algunos militares en crímenes de lesa humanidad como lo es la masacre de Trujillo, la masacre de Segovia, la masacre de Pueblo Bello entre otras.

Hasta mediados del año pasado habían sido condenados 923 uniformados, de los cuales 862 pertenecen al Ejército, entre los que se encuentran: Cuatro coroneles, tres tenientes coroneles, 10 mayores, 22 capitanes, 68 tenientes, 48 sargentos, 67 cabos, dos dragoneantes, 562 soldados y tres uniformados más, de quienes aún no se ha establecido el rango.

El 2016 inició con más casos

Un último caso conocido esta semana en la que se ven involucrados hombre del Ejército Nacional, es el relacionado con la muerte de una menor de 14 años, Melisa Espitia Mazo y de José Antonio Fabra, mueren como consecuencia de un operativo del Gaula en Piamonte, Cáceres, Antioquia, en la madrugada del domingo 17 de enero. Los hechos se llevaron a cabo en una discoteca donde se desarrollaba una fiesta familiar en celebración de un cumpleaños.

La comunidad y organismos de DD.HH. exigen una pronta investigación en contra del Ejército Nacional, y exigen parar las acciones violentas y armadas que pongan en riesgo la integridad física y psicológica de la población civil.

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