Durante varios días miles de colombianos harán actividades para exigir que la salud sea un derecho fundamental. Sindicatos del sector aseguran que la reforma legaliza lo laboralmente ilegal
Juan Carlos Hurtado F.
La organización de trabajadores de la salud Anthoc convocó a una nueva marcha en todo el país, el día 28 de noviembre, donde los trabajadores de la salud, estudiantes y usuarios saldrán nuevamente con batas blancas, a pronunciarse contra el proyecto de ley de reforma a la salud del gobierno y en procura de defender la red hospitalaria pública.
El objetivo común es detener esta reforma que está a un paso de aprobarse en el Congreso y que agravará la crisis de los hospitales públicos, en la cual el Estado tiene gran responsabilidad porque permite que las EPS continúen su lucrativo y nefasto negocio.
Con ese mismo objetivo, a partir del 3 de diciembre, iniciarán seminarios, marchas, caminatas y diferentes acciones destinadas a que el gobierno nacional cuide y responda con recursos para los hospitales públicos, cuyo único destino parece vislumbrar que serán cerrados por negligencia del Estado al no obligar a las EPS a pagar su deuda. “Tenemos que defender ese patrimonio público como derecho fundamental, para que los colombianos podamos seguir teniendo atención en salud”, manifestó Carmen Mayusa, directiva de Anthoc nacional.
De igual forma, la ANSA y las organizaciones de médicos, estudiantes y trabajadores preparan un Encuentro Nacional los días 7 y 8 de diciembre.
La reforma en lo laboral
Por otra parte la Escuela Nacional Sindical, ENS, informó que voceros del movimiento sindical del sector de la salud coincidieron en la inconveniencia de la reforma porque no soluciona los problemas del actual modelo de salud, entre otras razones porque no acaba con la intermediación de las EPS sino que las maquilla y transforma en gestoras; no resuelve la deuda con los hospitales públicos y entidades privadas; continúan las barreras de acceso al servicio y hace más complejo el derecho a la tutela, además de persistir en la inestabilidad y precariedad laboral.
Este último punto atañe directamente a los trabajadores de la salud, porque, en concepto de los sindicatos, la reforma no solo conserva sino que profundiza la tercerización en el sector y vulnera los derechos de los trabajadores, porque persiste la tesis de que la mala situación financiera de los hospitales la motivan los altos costos laborales; tesis de la cual se valieron para menguar las plantas de personal de los hospitales mediante la tercerización por cooperativas de trabajo asociado, y ahora por OPS y contratos sindicales.
El tema no es menor, pues se calcula que más del 70 por ciento de los trabajadores de la salud tienen contratos a término fijo o están tercerizados; y muchos de los que tienen vinculación directa están en situación de provisionalidad desde hace años.
Para Germán Reyes, ex parlamentario y presidente de Asmedas Seccional Antioquia, se busca con esta reforma limitar la carrera administrativa y legalizar lo que hoy es ilegal: la tercerización de los trabajadores, toda vez que se pasa por la faja las sentencias de la Corte Constitucional, los fallos del Consejo de Estado, las intervenciones de la Procuraduría, en el sentido de que los cargos que son misionales deben estar en planta de personal.
Un punto que causa escozor es el cambio de la categoría laboral. De empleados de la salud pasarían a ser servidores públicos, con lo cual se afecta la carrera administrativa y los trabajadores oficiales desaparecerían de las plantas de personal. Además la estabilidad queda en ceros, porque primarían los contratos flexibles de acuerdo con la demanda de servicios, que puede ser por días, semanas o meses.
