“El problema del narcotráfico en Colombia debe analizarse de manera integral, y esto implica abordarlo desde la siembra misma de la hoja de coca”. “El Estado debe desarrollar un proceso de sustitución gradual con los campesinos, debe brindar garantías y subsidios que acompañen esta transición, además de dar apoyo a la soberanía alimentaria y a la posibilidad de comercialización de los excedentes de la producción”.
“Es vital en este momento la suspensión inmediata de la erradicación forzada por cualquiera de sus métodos”, dijo Hernando Hernández Tapasco, representante a la Cámara, al referirse a la difícil situación que padecen cerca de mil familias campesinas en la inspección de policía Las Guacamayas en San José del Guaviare.
Desde hace casi un mes, campesinos que habitan en esta vereda se vienen movilizando en un proceso de resistencia a la erradicación forzada manual de cultivos de uso ilícito, esto debido a la falta de garantías para adelantar un proceso de sustitución de los cultivos con los cuales actualmente generan su única alternativa de subsistencia y con la que por ahora garantizan su permanencia en el territorio.
La movilización, que se viene presentando desde el sábado 2 de febrero, presenta a la fecha varias confrontaciones entre campesinos y los grupos de erradicadores que, acompañados del Ejército, han incurrido en roces constantes con la población generando así un ambiente de tensión dentro de la zona.
Los campesinos, que manifiestan no oponerse al proceso, sí dejaron claro que no están de acuerdo con los métodos utilizados, y proponen la sustitución y no la erradicación. La iniciativa que está siendo liderada por el Sindicato de Pequeños Agricultores del Guaviare ha sido sustentada en diferentes instancias gubernamentales.
La propuesta de “raíz por raíz” tiene como finalidad sustituir las plantas de coca y reemplazar estas por una nuevas plantas como parte de un proceso gradual de sustitución que podría ser llevado a cabo por ellos mismos. Es de anotar que dicho sistema debe contar con las garantías y subsidios para los campesinos que acompañen la transición, el apoyo y fortalecimiento de la soberanía alimentaria, así como diversas posibilidades comercializar los excedentes de su producción.
Los campesinos también manifestaron no estar de acuerdo con la propuesta presentada por el gobierno de sembrar caucho, bajo la estrategia de encadenamiento productivo en tanto que con esta estrategia se pretende cosechar hasta cinco años después de la siembra, iniciativa que a todas luces deja un largo periodo de tiempo sin ningún sustento económico a las familias.
Sus necesidades, que hacen parte de una problemática aun mas compleja, se ponen de manifiesto a partir de la falta de vías de acceso adecuadas, los problemas de vivienda digna y suministro de energía eléctrica, esto sin contar los servicios básicos. Además de otras necesidades insatisfechas que hacen parte de su diario y dificultan la vida de las comunidades en la región, se suma el problema de la tenencia de la tierra dado que muchos de sus predios se encuentran ubicados en una Zona de Reserva Forestal intervenida hace más de 30 años.
Meses atrás se conformó la mesa de concertación permanente departamental con delegados del Ejército, Antinarcóticos, Gobernación y Secretaría de Agricultura, entre otros, en la cual acordaron que el gobernador departamental buscaría una cita con el gobierno nacional, y mientras tanto no se avanzaría en la erradicación forzada por ningún método.
Cabe anotar que dicho acuerdo se ha venido incumpliendo con la llegada de los erradicadores a las veredas Naranjales y Gaviotas desde el 2 de febrero del 2013, igual que ha sucedido en otros sitios.
En la tarde del 25 de febrero el gobernador, por intermedio del secretario de Agricultura, le manifestó a los voceros de los campesinos que la cita sería programada para el 7 de marzo con los ministerios del Interior, Ambiente y Agricultura; se espera que en este encuentro puedan darse soluciones concretas que permitan superar la crisis.
Dadas estas condiciones y el riesgo inminente en el cual se encuentran los pobladores debido a la tensa situación que se vive actualmente, resulta necesario que las instituciones tomen cartas en el asunto y permitan garantizar la vida e integridad de las familias y su patrimonio.
Es necesario continuar con el acompañamiento por parte de de la Defensoría del Pueblo y hacer un llamado a los ministerios del Interior, Ambiente y Agricultura, así como al gobierno departamental y municipal para que brinden opciones con las cuales resolver esta problemática; hay que escuchar a los campesinos y apoyar seriamente sus propuestas y lo que han venido planteando, y sobre todo hay que hacer un llamado puntual a las Fuerzas Militares para que respeten los derechos humanos y no agredan bajo ningún motivo a los marchantes.
Más información:
Oficina de prensa
Hernando Hernández Tapasco
Representante a la Cámara
Circunscripción Especial Indígena
Tel: 3187350239
E_mail: utlcomunicacioneshhernandez@gmail.com
Héctor Pinzón
Presidente del Sindicato de Pequeños Agricultores del Guaviare:
Teléfono: 3173668359
E_mail: coagroguaviare_ltda@yahoo.es)
