Sin oponerse a la meritocracia, trabajadores de esta cartera del Ejecutivo rechazan la manera como la Comisión Nacional del Servicio Civil adelantó una convocatoria para concurso de méritos. Denuncian despidos de personal muy capacitado y con mucha experiencia

Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino 

Dos temas han tenido una mayor importancia en la negociación que adelantan los 10 sindicatos del Ministerio de Trabajo con esa entidad, en el marco de la negociación de los trabajadores estatales: La estructura de la entidad que no responde o no es adecuada en tamaño con las necesidades del país y la masacre laboral del cuerpo de inspectores con un elevado nivel de preparación.

El conflicto se originó en 2016 cuando la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, expidió un acto administrativo que convocó a un concurso de méritos sin el debido consentimiento de la entidad beneficiaria, es decir del Ministerio de Trabajo.

“La masacre laboral inició con la violación del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, en referencia a que la Comisión Nacional del Servicio Civil lo hizo de manera unilateral y extendiendo sus funciones. Por eso esto inició mal. El Ministerio y los sindicatos trataron de detener el proceso para que se revisara la manera del concurso. Eso no se detuvo y en este momento empiezan a salir compañeros –más de 100 en todo el país-, pero pueden ser 600”, dijo Arnold Jiménez quien es inspector de trabajo y seguridad social, y pertenece a Sinaltraseguridad Social, organización con trabajadores de los ministerios de Salud, Trabajo y entidades adscritas.

El artículo de la ley citada por el dirigente sindical hace referencia a las etapas del proceso de selección o concurso, que en lo concerniente a la selección expresa que la convocatoria deberá ser suscrita por la CNSC y el jefe de la entidad u organismo, como norma reguladora de todo concurso que obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del mismo.

Falta personal

Ahora bien, según dirigentes sindicales consultados, el problema se agudiza porque aunque la estructura del Mintrabajo ya es insuficiente, van a salir una gran cantidad de inspectores muy preparados y con muchos años de experiencia, lo que producirá anomalías en varios procesos, más si se tiene en cuenta que el Ministerio de Trabajo es una entidad fundamental en la realización de políticas estatales como la generación de empleo, asuntos pensionales, riesgos laborales y la inspección del trabajo.

En palabras de estos sindicalistas, se están reemplazando inspectores de trabajo que tienen una amplia experiencia, por personal nuevo que no cuenta con el suficiente conocimiento sobre las labores a realizar. Esto sin tener en cuenta que la planta de inspectores es de 900 y el país necesita dos mil, y los que hay tienen bajos salarios. La entidad funciona con alrededor de 1.300 empleados, sin contar los inspectores.

Arnold Jiménez.

Están siendo retirados funcionarios que además de años de práctica, cuentan con varias capacitaciones en el ámbito internacional. “Deben salir por el concurso y órdenes de jueces, pero tampoco tienen en cuenta enfermedades laborales o fuero sindical. Cuando somos nosotros los que vigilamos que no pase eso, sucede dentro de nuestra misma casa. Y dejamos claro que no nos oponemos al concurso, que estamos de acuerdo con la meritocracia, sin embargo nos oponemos a la forma en que se dio este porque viola derechos. Por encima de la meritocracia está el fuero sindical, estabilidad reforzada, por ejemplo, y eso lo prohíbe la OIT y el mismo Código Sustantivo del Trabajo”, argumenta Arnold Jiménez.

Además, “Colombia ha hecho compromisos con la OCDE y con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en lo relacionado con la vigilancia de los derechos laborales o inspección. Entonces, la estructura que tiene es muy pequeña en lo que corresponde con las inmensas responsabilidades que cumple, y es un problema que el Gobierno no ha atendido adecuadamente dado que no proporciona el suficiente presupuesto”, explicó Eleazar Falla, asesor de la oficina asesora jurídica del Ministerio y quien hace parte de la Asociación  Nacional de Servidores Públicos de Entidades de la Seguridad Social, Asoness, que agrupa empleados de diferentes entidades y cuyas labores atañen a la seguridad social.

En palabras de Eleazar Falla, hubo deficiencias en el examen ya que la temática preguntada no tuvo relación con las actividades que debe adelantar un inspector de trabajo, por eso los actuales inspectores perdieron el concurso. “De hecho, ya hay inconvenientes con las nuevas personas que están integrando el cuerpo de inspectores del Ministerio, porque están sorprendidos al ver que lo que se les preguntó en el examen no es lo que corresponde con sus funciones. Entonces, salen personas que tienen experiencia y preparación, y ha costado mucho tiempo y dinero capacitarlos”.

No hay voluntad

La falta de inspectores genera una ausencia de control en empresas, en favor de quienes violan los derechos laborales y sindicales. Ante esto, Eleazar Falla, aduce: “Colombia se ha comprometido a adelantar inspección frente al empresariado y a las actividades rurales, pero no posee la estructura adecuada, lo que significa que estas labores serán lentas e imperará la informalidad en este sector. No podemos llegar hasta allí a exigir al empresariado que adelante sus actividades dentro de los cánones que se exigen: Seguridad social, salarios justos para sus empleados.”

Eleazar Falla.

En el mismo sentido, Arnold Jiménez, argumenta: “Claro que los empresarios se benefician de esta problemática porque nosotros somos la policía administrativa laboral, somos nosotros como inspectores de trabajo quienes constitucionalmente tenemos la facultad para investigar y sancionar a las empresas que violan los derechos laborales de los trabajadores, quienes estamos pendientes de que se cumpla la normatividad en cuanto a lo parafiscal, los requerimientos laborales, entre otras cosas.”

Por ahora, estos y otros asuntos son discutidos en la mesa de negociaciones que hay entre los sindicatos y el Ministerio, y aunque dirigentes sindicales comentan que la ministra Alicia Arango comparte varias de sus preocupaciones, tampoco hay una voluntad política de atacar la informalidad, lo que se iniciaría a hacer con la destinación de suficiente presupuesto para que esta institución adecue su planta de personal.

Los trabajadores han solicitado adelantar las gestiones correspondientes para corregir el rumbo de la entidad y apropiar la planta de inspectores: “Internacionalmente se exige para cada país miembro de la OCDE tener un cuerpo de inspectores de uno por cada 10 mil personas económicamente productivas, por lo que Colombia debería tener por lo menos dos mil inspectores, y solo hay 900”, concluye Eleazar Falla.

Sobre el concurso, los sindicatos creen que la única salida es que el Consejo de Estado lo anule, aunque por ahora varios trabajadores que han salido han interpuesto tutelas para que se les respeten los fueros de protección que existen como ser madres cabeza de familia, discapacidades y otros fueros establecidos por la Constitución.