El asentamiento conocido como ‘La Invasión’, presentado por la gran prensa colombiana como objetivo de vejámenes por parte de la fuerza pública venezolana, era un nido de paramilitarismo, contrabando, prostitución y trata de personas
Alberto Acevedo
El trasfondo de la crisis de fronteras entre Colombia y Venezuela, que llevó al ejecutivo de este último país a decretar el estado de excepción por 60 días, a cerrar de manera indefinida la frontera entre los dos países y a adoptar medidas de emergencia, incluido el reforzamiento de tropas, es la existencia de un ataque frontal contra la economía venezolana, en el que están comprometidas fuerzas de derecha y estructuras criminales de ambos países. Así lo indicó el presidente Nicolás Maduro en recientes declaraciones de prensa.
El hecho fáctico que colmó la paciencia de las autoridades del hermano país, fue el ataque armado que grupos paramilitares de origen colombiano propiciaron en la población de San Antonio de Táchira, el miércoles 19 de agosto, contra soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con un saldo de varios uniformados heridos.
La primera reacción del gobierno central en Caracas fue decretar el cierre de fronteras por un lapso de 72 horas. Una vez valorada la gravedad de los acontecimientos, el presidente Maduro anunció la declaratoria del estado de emergencia constitucional por sesenta días y la extensión del cierre de fronteras por tiempo indefinido.
Maduro fue enfático y contundente al sustentar el paquete de medidas: “Hasta tanto no se restablezcan y dejen el ataque desde Colombia contra nuestra economía, no voy a abrir la frontera”.
Se dolió el presidente venezolano de las críticas que sectores recalcitrantes de la derecha de ese país, representados en la Mesa de Unidad Democrática, MUD, que en vez de cerrar filas en defensa de la patria, lo acusen de asumir una posición anticolombiana, “sólo porque estoy combatiendo el contrabando y a los contrabandistas. Yo lo que soy es antiparaco, anticriminal soy yo, y a Colombia la amo y la respeto”.
El nexo que el gobernante establece entre las provocaciones a unidades militares de ese país que adelantaban labores de inteligencia entre grupos de contrabandistas y la actividad de estructuras paramilitares infiltradas en Venezuela, no es gratuita.
Actividad paramilitar
En efecto, el gobernador del estado de Táchira, José Vielma Mora, informó el 23 de agosto, que autoridades militares bajo su jurisdicción, desarticularon un centro de paramilitarismo y prostitución en el sector conocido como ‘La Invasión’, en la frontera común de los dos países.
Era un foco de actividades criminales en el que se encontraron ventas de licores, material explosivo, uniformes de grupos paramilitares, computadores, equipos de comunicación y gruesas sumas de dinero, nacional y extranjero. Las autoridades descubrieron viviendas con doble pared y pasajes subterráneos para ocultar alimentos, combustibles y hasta personas, sometidas a secuestro, trata de blancas y otros crímenes.
“Son un sinfín de delitos con el sello del paramilitarismo y la burguesía colombiana, que atacan de una forma despiadada a Venezuela”, dijo el gobernador Vielma Mora.
Por su parte, el vicepresidente de la república, Jorge Arreaza, informó que el día 23 fueron capturados ocho paramilitares y aseguró que el asentamiento de “La Invasión” era el centro de actividad paramilitar en la zona y de esclavitud sexual de mujeres. Dijo que se incautaron fuertes sumas de dinero, material explosivo, guantes, pasamontañas, máscaras, computadores, úrea, material inflamable y uniformes paramilitares.
En Colombia se sabía
Arreaza se refirió a la existencia de bandas paramilitares que han sido exportadas a Venezuela, y prometió identificar y a castigar a los responsables de estos hechos. “Nosotros vamos a limpiar la frontera venezolana del paramilitarismo colombiano, de ese capitalismo exportado, puntualizó el funcionario.
Este fenómeno criminal había sido advertido a la Casa de Nariño en Bogotá, mucho tiempo antes por su contraparte venezolana. En encuentros presidenciales recientes fue tema de conversaciones, y en el último período el presidente Santos prometió tomar correctivos. Sin embargo, la actividad criminal de estos grupos, antes que ser perseguida se fortaleció.
Cúcuta se ha convertido paulatinamente en centro de actividades económicas paralelas a la economía venezolana, donde convergen los intereses de grupos del contrabando, extorsionistas, narcotraficantes, paramilitares y de organizaciones de ultraderecha, encabezadas, en Venezuela por el denominado MUD, y en Colombia por el Centro Democrático, del expresidente Uribe Vélez.
Empresa criminal
De las jugosas actividades criminales se deriva un financiamiento generoso para los grupos contrarrevolucionarios y antisocialistas en Venezuela. Billetes de moneda venezolana de alta denominación, vienen siendo captados de manera irregular y depositados clandestinamente a este lado de la frontera. Esto se convierte en factor de presión para desestabilizar y devaluar la moneda en el vecino país.
Es corriente encontrar grandes bodegas de víveres, medicamentos, gasolina y otros elementos, que en Venezuela escasean y estos grupos criminales trasladan hasta nuestro país, para alimentar un clima de angustia y zozobra entre los venezolanos, cuestión que se aprovecha políticamente en tiempo de elecciones.
Los grupos criminales que hace algunos meses asesinaron al diputado del PSUV, Robert Serra, estaban vinculados a estructuras del contrabando y el paramilitarismo, y de hecho, uno de los autores materiales del crimen, era concejal de Cúcuta por el Centro Democrático uribista.
Toda esta empresa criminal ha sido ocultada por la gran prensa colombiana, que por el contrario, en un espíritu anti venezolano, hace malabares para presentar un cuadro de inexistentes violaciones a los derechos humanos de los colombianos en el vecino país. Para este miércoles, estaba prevista una reunión de las cancilleres colombiana y venezolana, María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez. Hay expectativa por encontrar una solución concertada al problema fronterizo, aunque a última hora, el presidente Maduro reiteró que no ve a corto plazo que se pueda superar este estado de ilegalidad que derive en la reapertura de la frontera.
