Madres comunitarias sin pensión

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Los hogares infantiles en Colombia atienden a casi un millón y medio de niños, mientras sus padres trabajan.

Después de más de 25 años de trabajo, el gobierno no les ofrece pensión sino el subsidio que se le da al anciano indigente o en pobreza extrema

Juan Carlos Hurtado F.

Desde el pasado 30 de septiembre, más del 80 por ciento de las 77 mil madres comunitarias que hay en todo el territorio nacional, están en cese de actividades. Volvieron a paro porque se sintieron burladas en unas mesas creadas por el Ministerio de Trabajo para tratar su problemática, pues había voluntad de escucharlas pero no de aceptar sus exigencias.

Los espacios habían sido creados para que levantaran el paro que llevaba cuatro días, en el mes de agosto pasado. Actualmente, para protestar en Bogotá se concentran frente al Ministerio de Hacienda y en las regiones en las sedes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

Sin derechos laborales

El núcleo del actual conflicto laboral, reside en que hay 16 mil de ellas, mayores de 55 años, a quienes no les reconocen derecho a pensión. También expresan que requieren solución para una formalización laboral como lo ordena la Corte Constitucional; presupuesto para pensión y mejora de rubros para sus sitios de trabajo, que no las deje en desventaja frente a los Centros de Desarrollo Infantil, CDI. Programas a los que quieren trasladarlas, lo que significaría acabar con el hogar y la figura de madre comunitaria, para pasar a depender de un operador privado.

“En un CDI no tenemos garantizado ni estabilidad ni continuidad, ya que son contratos a tres o cuatro meses. Nos ha pasado que después de ese tiempo a la madre comunitaria la sacan. A las más adultas no nos tienen en cuenta porque eso es por edad y no podríamos cotizar en pensión”, explica Magdalena Camacho, vocera de la Mesa Nacional de Organizaciones de Madres Comunitarias.

Por toda esta problemática, el pasado 26 de agosto decidieron movilizarse, pues en abril pasado salió el Decreto 0605 que les otorga a las madres salientes, el subsidio que se le concede al anciano indigente o en pobreza extrema.

Ante tantos años de trabajo, las madres no aceptan la medida. “No ha habido una política clara frente al tema pensional de nosotras. Después de 25 años vienen a decirnos que es obligatorio pagar pensión. Hay muchas dificultades: no llega el talonario a tiempo; en el sistema hay muchos errores; cada una tiene una historia laboral diferente. Debido a eso, ninguna madre comunitaria se puede pensionar. Entonces, una madre que ha sido juiciosa hoy tiene 900 semanas cotizadas; el primero de abril de 2015 tendría que tener 1.325 semanas.

“Si hay reforma pensional sube la edad en hombres y mujeres, a partir del año entrante y cada primero de enero sube la cotización en 25 semanas. Entonces, nosotras nunca vamos a pensionarnos”, explica Magdalena Camacho, quien con su labor ha servido a la sociedad durante 24 años.

Sin soluciones

El Instituto las ha llamado al diálogo, pero no aceptan porque saben que es para dilatar y les envían personas sin capacidad de decisión. Por eso, esta vez hasta que el mismo presidente de la República, Juan Manuel Santos, las atienda y se comprometa a que en el presupuesto nacional -que se aprueba esta semana en el Congreso-, quede incluido presupuesto para pensión, mejoras del programa y pensión para las 16 mil que hay en este momento; volverán a sus actividades para atender a casi un millón y medio de niños.

Además, que en adelante se pensione a las madres por servicio y edad. Aseguran que el año entrante deben tener prestaciones sociales.

De no ser así, piensan estar el resto del año en paro y demandarán ante un juez laboral basadas en una sentencia de la Corte Constitucional. Según Magdalena Camacho, actualmente son 16 mil madres en esa situación, pero a partir del próximo año serán 20 mil.

De pensionarse lo harían con el salario mínimo; lo que actualmente es considerado por el gobierno como una bonificación, ya que no les da derecho a prestaciones sociales.

Para evadir responsabilidades laborales, el gobierno argumenta que ellas no son trabajadoras porque su trabajo es voluntario, solidario y sin vínculo laboral. “Pero cuando se está subordinado, se tiene un contrato y se recibe sueldo, entonces sí somos trabajadoras, así no lo reconozcan”, concluye Magdalena Camacho.