Nuevos incumplimientos de los Gobiernos nacional y regional frente a los derechos fundamentales de la comunidad Wayúu, hacen que se movilicen a la capital
Carolina Tejada
El pasado 10 de mayo una delegación de 140 personas, entre ellas, integrantes del colegio que funciona como internado indígena de Siapana, en la comunidad indígena Wayúu, en la alta Guajira, llegaron a la ciudad de Bogotá junto con docentes y estudiantes y las autoridades tradicionales, para exigir el cumplimiento de los compromisos que el gobierno ha venido asumiendo con las comunidades, pero que hasta el día de hoy no se han cumplido.
Las demandas
Los indígenas han venido denunciando la ausencia del mínimo vital para garantizar la manutención de sus comunidades, así como la alimentación para los animales y el riego para los alimentos que anteriormente cultivaban, pero que ante la ausencia del líquido, ha sido imposible. Los niños se enferman, los animales mueren y los cultivos ya no se dan. Los gobiernos nacional y regional han incumplido los compromisos de soluciones. Lo que ha promovido que las comunidades se movilicen y exijan una pronta solución.
Estas comunidades afirman que en los últimos cinco años han muerto más de 4.700 menores. Aunque aún no existan cifras confirmadas, las mismas autoridades gubernamentales sostienen que solo en el 2012, de mil niños menores de cinco años nacidos vivos, falleció el 38,9%. Lo que ubica a La Guajira no solo en una crisis producto de la sequía sino también, una crisis en la atención en la salud, y la protección y el cuidado de miles de infantes que pierden la vida por diversas condiciones al nacer.
Una denuncia que desgarra
En un acto simbólico al llegar a Bogotá, los manifestantes se movilizaron por las principales calles, se ubicaron en la Plaza de Bolívar donde realizaron actividades propias de su cultura, como lo son los bailes típicos, los cantos y unos rituales con los que anunciaban su llegada y recibimiento a las autoridades gubernamentales que les atenderían. En esa Plaza de Bolívar, donde también a modo de denuncia ubicaron unos ataúdes simbolizando los miles de niños muertos a causa del abandono del Estado, pernoctaron durante toda la noche.
Fueron varias las reuniones que sostuvieron, entre esas con algunos congresistas, entre ellas Ángela María Robledo, quien les acompañó en la plaza y se comprometió a seguir presionando al gobierno nacional, para que de cumplimiento a las exigencias de la comunidad.
Igualmente sostuvieron un encuentro con el Bienestar Familiar, según comentaron las delegaciones, la Directora General informó que en los próximos días el ICBF pondrá en operación un centro zonal en el corregimiento de Nazareth, para fortalecer el servicio dirigido a los niños, niñas y familias de este sector de La Guajira.
Que el Estado cumpla
Al tiempo denunciaban que esas mismas promesas se vienen haciendo hace mucho. Al colegio donde funciona el internado debieron llegar unos recursos nacionales para su funcionamiento y para garantizarle a los niños y niñas los alimentos necesarios. Sin embargo estos recursos nunca llegaron. Las comunidades aseguran que el departamento les ha dicho que no ha recibido ningún recurso del gobierno nacional. Sin embargo, en el marco de estas reuniones, el gobierno central afirma que los recursos ya se han girado.
El tire y afloje frente a la obligación del Estado, ligado a la corrupción que se da en estas regiones, en relación a los recursos de la alimentación, la salud y la educación de los niños, siempre ha estado en discusión, pues nadie asume su responsabilidad. Mientras tanto las comunidades siguen padeciendo necesidades, y las medidas cautelares que se ganaron a favor de los Wayúu, y que debían adelantarse a inicios de este año para cumplir con el mandato de la Corte Internacional, tampoco se han cumplido.
