Nelson Lombana Silva
No es una paradoja, tampoco una infeliz coincidencia: es una terrible realidad de una clase oligárquica que no renuncia a sus privilegios y, por el contrario, está dispuesta a cometer toda clase de desafueros, componendas y crímenes con tal de no perder su poder ilegal e ilegítimo.
Durante la administración presidencial de Alfonso López Pumarejo fue destituido de la alcaldía mayor de Bogotá el doctor Jorge Eliécer Gaitán Ayala, para lo cual se confabularon las familias liberales y conservadoras de la rancia oligarquía. Hoy de nuevo se confabulan esas familias para destituir al alcalde popular de esta ciudad Gustavo Petro Urrego.
Así lo expresa el destacado penalista tolimense, Rafael Aguja Sanabria, quien señala que desde la alteridad jurídica las decisiones tomadas tanto por el procurador general de la Nación como por el Presidente de la República, en relación con el alcalde de Bogotá Gustavo Petro, son totalmente arbitrarias y dejan al país mal parado en relación con los derechos humanos, especialmente en el ámbito internacional.
Al comparar lo sucedido al doctor Gaitán y ahora a Petro, Aguja Sanabria señala que es prácticamente lo mismo: “Los vetos siguen siendo los mismos, los dueños del poder los mismos”, subraya el destacado penalista.
Destaca también la forma malintencionada como el Presidente de la República retuvo dineros para impedir la obra de Petro y ahora destituido sí “aparece la plata como por arte de magia”. Agrega: “Hasta de “salvador” de un apagón aparecen el Presidente de la República y su equipo reeleccionista”.
Las páginas web www.pacocol.org y www.semanariovoz.com dialogaron en exclusiva con el doctor Rafael Aguja Sanabria en su oficina y esto dijo:
—Desde el punto de vista jurídico, ¿Es correcta la destitución del alcalde de Bogotá Gustavo Petro Urrego?
—De ninguna manera. Lo real, lo concreto y lo jurídico es que el procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, se excedió en las funciones que le otorga la Constitución y terminó haciendo lo que la Constitución no le ordena, porque los alcaldes mayores de los distritos especiales en Colombia tienen un régimen constitucional especial señalando que solamente pueden ser destituidos por el presidente de la república.
—Los medios hablan insistentemente de que es legal e incluso, que un funcionario no elegido popularmente puede destituir a uno elegido popularmente…
—Mire, la cuestión es sencilla. La convención americana de Derechos Humanos es clara –igualmente– desde el punto de vista de que en el artículo 23 está consignado que los funcionarios de elección popular solamente pueden ser despedidos por las autoridades de los Estados parte de la Organización de los Estados Americanos por decisiones judiciales adoptadas por jueces competentes.
El procurador general de la nación es un funcionario administrativo y produce actos administrativos, no sentencias judiciales, no tiene la calidad de juez. Por lo tanto, no podía por una parte sancionar al alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petro y menos aun podía haberlo destituido.
Esto es absolutamente apegado a la ley, entre otras razones, porque los tratados internacionales que tienen que ver con derechos humanos hacen parte por mandato de la propia Constitución de 1991, es de nuestra carta magna y como tal hace parte de la Constitución Política, son de obligatorio cumplimiento para particulares y para funcionarios públicos.
—¿Es correcta la decisión del presidente de la república de desconocer las medidas cautelares y tomar la decisión que finalmente tomó?
—En el caso del presidente de la república, Juan Manuel Santos Calderón, la situación tomó otro entorno, pero igualmente es ilegal; porque la Corte Constitucional de Colombia en reiteradas decisiones jurisprudenciales ha señalado y seguirá señalando, porque esa es su línea, que las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son de obligatorio cumplimiento para las autoridades gubernamentales de Colombia.
De manera que el haberse apartado el presidente de la república de lo determinado por la Corte Constitucional constituye no solamente un irrespeto a la guardiana de la Constitución Política, sino además, constituye una absoluta y total irresponsabilidad en el sentido de obrar contrariando la Constitución y contrariando a su vez la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
De manera que aquí hay una arbitrariedad no solamente de parte del procurador general de la nación, sino también del presidente de la república, quienes mancomunadamente tomaron esas determinaciones dando un deprimente espectáculo que no ha pasado desapercibido y es que al alcalde Petro le regularon los ingresos de la nación al Distrito de Bogotá y ahora que lo destituyen apareció la plata como por arte de magia.
Ahora sí aparecieron programas que tenía archivado el gobierno, apareció la financiación, aparecieron los milagreros de último momento con el cuento de que ahora sí Bogotá va a ser un paraíso, cuando están señalando que tenía represada la plata para construir una cantidad grandísima de viviendas de interés prioritario.
Démonos cuenta cómo el ministro de Minas ha llegado a decir que gracias a la salida de Petro, Bogotá se salva de un apagón, porque ahora sí van a construir una subestación eléctrica que nunca había proyectado, que nunca había programado, que no se habían hecho estudios técnicos sobre el particular y que no se había enterado al alcalde Petro que era una de las prioridades que tenía guardada la nación para ser ejecutada en Bogotá. Hasta de salvador de un apagón aparecen el presidente de la república y su equipo reeleccionista.
—¿Qué consecuencias podría tener el gobierno colombiano por el desconocimiento de las medidas cautelares?
—Colombia viene desde hace muchos años, no de ahora, casi diríamos que de toda la vida viene siendo señalado a escala internacional como uno de los países más violadores de los derechos humanos.
Esto se ha morigerado un poquito por las alianzas de carácter militar que ha venido desarrollando Colombia con los Estados Unidos, supuestamente, para enfrentar la lucha contra la droga, pero, ahora como la situación ha variado a nivel de los Estados Unidos, cada vez le da menos recursos a Colombia en la lucha contra las drogas y se está discutiendo a nivel de las Naciones Unidas si esa lucha es eficaz o no.
Entonces Colombia va a quedar en sus “cueros”, va a quedar en sus justas medidas con esas determinaciones adoptas como el país más violador de los derechos humanos en el continente americano, que se agrava con todo lo que hemos dicho: con la desigualdad, con la falta de oportunidades para la gente, con la carencia de democracia, con la inmoralidad administrativa, con la compra de votos, con el hacinamiento carcelario, en fin, con todas esta situaciones que son lacras de la sociedad colombiana.
Se le va a aumentar ahora la violación descarada de los compromisos internacionales que tienen que ver derechos humanos por parte del gobierno colombiano impulsado por quien la constitución tiene el deber de proteger los derechos humanos en Colombia, que es el procurador general de la nación.
—Finalmente, Gustavo Petro ha insistido de que fue víctima de un golpe de Estado. ¿Esta afirmación tiene algún asidero jurídico?
—Desde luego. En Bogotá se sentían absolutamente incómodos con un alcalde que no pensaba igual que los miembros del Jockey Club y de los altos clubes. Es decir, con la flor y nata de la oligarquía colombiana.
Si se mira con mucho detenimiento quiénes estaban detrás de la destitución de Petro a través del referéndum revocatorio, encontramos que estaban: un nieto o bisnieto de Laureano Gómez, un nieto de Julio César Turbay Ayala y otros descendientes de presidentes de la república como el caso de Pachito Santos. Son tres hijos de familias presidenciales que estaban en contra de Petro. Estaban supremamente incómodos porque un hijo del pueblo estaba gobernando a Bogotá.
Se parece mucho al golpe que en tiempos de Alfonso López Pumarejo le dieron a Gaitán cuando fue nombrado alcalde mayor de Bogotá. Las dos circunstancias: la de Jorge Eliécer Gaitán durante una de las administraciones de Alfonso López Pumarejo y la de Petro en la primera administración de Santos, son casi que idénticas, calcadas una de otra.
Si hacemos memoria, no ha cambiado nada de Gaitán a Petro. Los vetos siguen siendo los mismos, los dueños del poder son los mismos y por supuesto, consideran que no ceder el poder en Colombia los hace grandes, los hace dignos y los hace entrar a la historia.
Pero, tarde o temprano, el pueblo colombiano convencido de la justeza de sus convicciones, Bogotá servirá como punto de partida para que en departamentos y en municipios, el poder se lo tome el pueblo por vía electoral, logrando encausar sus aspiraciones y hacer adecuado uso del voto.
