Los profes rechazan el acuerdo de los rectores

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Firma del Acuerdo de los rectores de las 32 universidades públicas con el Gobierno nacional, el pasado 26 de octubre. Foto César Carrión – Presidencia de la República.

La Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, dice que si los rectores fueran consecuentes con la crisis de la educación pública, cuyo monto se ha calculado en $18 billones de pesos, no hubieran firmado un Acuerdo por menos de dos billones para cuatro años, casi el 10% de lo exigido

Redacción laboral

“Como ‘un gran paso’ y un hecho ‘muy positivo’ para el país calificaron este viernes (26 de octubre) los rectores de las universidades públicas y de las instituciones técnicas, IES, el acuerdo suscrito con el Gobierno nacional que permitirá robustecer financieramente a esos centros educativos”, dijo el Ministerio de Educación luego de entrevistar a rectores de varias universidades del país.

La comunicación se emitió luego de que esa cartera, se reuniera con el presidente de la República, Iván Duque, y los rectores de las 32 universidades públicas del país, para pactar un plan de financiación de esas instituciones y las 28 de carácter técnico, tecnológico y universitario.

El Acuerdo

Los puntos de lo firmado por la ministra de Educación, María Victoria Angulo y el presidente Duque son los siguientes:

  • Durante este período de gobierno, las transferencias de la Nación para funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas crecerán en un IPC más tres puntos porcentuales en el año 2019 y en IPC más cuatro puntos porcentuales en los años 2020, 2021 y 2022.
  • Los recursos para inversión con cargo al presupuesto nacional llegarán a $300 mil millones anuales para las instituciones de educación superior públicas, sumando $1,2 billones adicionales para los cuatro años de gobierno.
  • A partir del año 2019, el Gobierno nacional incorporará los recursos de los excedentes de cooperativas establecidos en el artículo 142 de la reforma tributaria del año 2016 para el fortalecimiento de la educación superior pública.
  • El Presidente de la República le ha pedido al equipo de Gobierno impulsar, con el concurso de los gobernadores, alcaldes y el Congreso, en el marco del Presupuesto Bienal de Regalías la destinación de $1 billón de pesos que permitirá en los años 2019 y 2020 contar con recursos que fomenten la inversión en infraestructura orientada al mejoramiento de la calidad de las instituciones de educación superior públicas.
  • El Gobierno nacional trabajará en equipo con las universidades e instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias públicas en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y buscará los mecanismos para dar continuidad al fortalecimiento de los recursos para funcionamiento e inversión.
  • Los rectores del Sistema Uni­ver­sitario Estatal y de la RED ITTU reconocen el esfuerzo del Gobierno nacional en buscar la solución estructural de presupuesto de funcionamiento e inversión de las instituciones de educación superior públicas y se comprometen a conducir un proceso pedagógico con las comunidades académicas y demás sectores de la sociedad para explicar los alcances de este acuerdo, así como en apoyar la agenda de acceso gratuito.

La posición de los profes

Por otra parte, como “‘Un muy mal acuerdo’, porque no permite superar los principales factores de crisis en orden a garantizar el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación y proyección social asignadas misionalmente a las universidades, ni garantiza el cumplimiento del Decreto 1279, régimen salarial y prestacional de los profesores universitarios”, fue catalogado por la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, lo convenido entre el presidente de la República y los 32 rectores de las universidades públicas.

Para los profesores, no se modifica en nada ni se critica la actual política del Gobierno de financiación a la demanda, que continuará marchitando a la educación superior. Además, explican: “Lo acordado, los 3 y 4 puntos adicionales al IPC durante los próximos cuatro años, solo significa un ingreso adicional para funcionamiento de menos de $550 mil millones de pesos, en cuatro años. La Ley 1819 de 2016, última reforma tributaria, asegura recursos nuevos a las Instituciones de Educación Superior Pública; el recaudo de los mismos en el año 2017 ascendió a $1,5 billones. Cifra similar se recaudará cada año mientcuatro años deberían ingresar a las IES públicas, por este concepto, mínimo $6 billones de pesos y no $0,55 billones aceptados por los rectores en el citado Acuerdo”.

El sindicato también recordó que durante la negociación colectiva con ellos en 2017 apenas se avanzaba en el recaudo de los impuestos y solo se aseguraron $170 mil millones para el año 2017 y $100 mil para 2018, que debían ir a funcionamiento, preferiblemente para la formalización laboral de los profesores.

“Los cálculos que hemos presentado al Gobierno nacional en las mesas de negociación colectiva de trabajo han precisado que, para la formalización laboral de los profesores universitarios se requiere $1 billón de pesos. La situación de precariedad laboral de los profesores es un factor de calidad de la educación y de respeto al derecho fundamental al trabajo de los profesores que debe ser resuelto prioritariamente; ya existen sentencias de las Altas Cortes que lo han ordenado y su incumplimiento abre la vía a las demandas jurídicas en masa, con los graves efectos que ello representa para las IES”, señala ASPU.

De la misma manera, cuestionan que en el Acuerdo Gobierno-Rectores, se privilegien los recursos para inversión ($1,2 billones) sobre los recursos para funcionamiento ($0,55 billones). “Los recursos de funcionamiento deben garantizar a las universidades el cumplimiento de sus funciones misionales de docencia, investigación y proyección social y los rectores deben velar en primer lugar por garantizar estos recursos.

“Los recursos para inversión se orientan en las universidades a la realización de proyectos que permitan el desarrollo de infraestructura necesaria para crecer físicamente, entre ellos las obras de construcción, inversiones en ladrillo y cemento que en muchas ocasiones constituyen un riesgo de corrupción y consecuente desvío de recursos públicos de la educación a las manos de personas privadas. Reconociendo la necesidad real de inversión por parte de las universidades, consideramos que frente a la crisis coyuntural se debió garantizar primero el cumplimiento misional y no aceptar que los mayores recursos fueran para inversión, que parecieran constituir una especie de mermelada para que los rectores aceptaran la propuesta deficitaria del Gobierno”, dice la declaración firmada por el presidente de ASPU, Pedro Hernández.

Marcha de la comunidad educativa en Bogotá, exigiendo presupuesto para educación superior, el
pasado 10 de octubre. Foto J.C.H.

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