Los desafueros preelectorales

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Un estudio de la Misión de Observación Electoral, MOE, deja al descubierto las movidas electorales que preparan las fuerzas políticas tradicionales en regiones estratégicas, a propósito de las elecciones próximas del 11 de marzo

Redacción política

El estudio arrojó que hay 28 municipios en el país, donde se triplica la inscripción de cédulas, mostrando un comportamiento atípico a los periodos preelectorales. En estos municipios el comportamiento tradicional del número de inscripción de cédulas nuevas es de 30 por cada mil habitantes. En municipios como Nariño, del departamento que lleva el mismo nombre, la cifra llegó a 300 por cada mil habitantes, es decir que la inscripción de cédulas allí se convierte en indicador de un presunto fraude electoral.

La medición se realizó en todos los departamentos y se encontraron lugares que llaman la atención por ser fortines electorales de los partidos de la derecha y en especial de Cambio Radical. “A nivel departamental, el territorio que tiene la mayor tasa de inscritos es Atlántico, con 59,9 inscritos por cada mil habitantes. En segundo lugar, está el departamento del Meta con 58,5 inscritos por cada mil habitantes en promedio departamental, y, en tercer lugar, Vichada con 55,3 inscritos por cada mil habitantes”, concluye el estudio de la MOE.

Otro de los comportamientos graves que denuncia la MOE, es la particularidad en municipios como Puerto Colombia, Atlántico, que al cierre de la inscripicon de cédulas para las elecciones a Congreso, resultó con más ciudadanos inscritos para votar que habitantes. A todas luces refleja la preparación de un fraude de grandes magnitudes.

“Mediante el delito de ‘trashumancia electoral’ se logra que los ciudadanos se inscriban para votar en un lugar en el que no residen, con el fin de controlar la intención de su voto y lograr una ventaja ilegítima en las elecciones, que tergiversa la voluntad electoral de los residentes del municipio”, señala la MOE.

La trashumancia electoral no se investiga en Colombia. En las elecciones más recientes a asambleas, concejos y edilatos, en Bogotá, la Unión Patriótica había denunciado el trasladado de votantes en buses desde la localidad de Usme, a la localidad rural de Sumapaz. Allí la primera fuerza electoral la representaban el Partido Comunista Colombiano, la Unión Patriótica y las fuerzas de izquierda. El resultado electoral y la conformación de la nueva Junta Administradora Local, fue con fuerzas políticas que nunca hicieron presencia en esa localidad como Cambio Radical y el partido Conservador.

Los investigadores de la MOE encontraron que esto no es nuevo, desde 2014, esa organización ha venido señalando las inconsistencias entre los datos electorales, el crecimiento del censo y población nueva en los municipios. Para las elecciones de 2014 la MOE encontró 69 municipios donde el censo electoral superaba la población proyectada por el DANE. Para el 2015 ya eran 96 los municipios y según el último censo electoral este fenómeno se presenta para 82 municipios, en 18 departamentos.

La falta de investigación desde la Fiscalía General de la Nación y la ausencia de control por parte del Consejo Nacional Electoral, dejan abierta la puerta para orquestar otros tipos penales relacionados con las elecciones nacionales próximas. Exceder los topes de campañas, por ejemplo, son hechos notorios a ocho semanas de las elecciones. Comportamientos evidentes que tienen los partidos políticos tradicionales y que no son investigados por los entes competentes.

La candidata al Senado por la lista de la decencia Aída Avella, señaló desde sus redes sociales que en el recorrido por el país se ha encontrado una proliferación de vallas de los partidos tradicionales, en especial, el Centro Democrático y Cambio Radical. Vallas cuyos costos oscilan entre los 40 y 60 millones de pesos por 10 días de exhibición en las principales avenidas de la ciudad de Bogotá. La pregunta que se hace la presidenta de la colectividad upeista, es que solamente con una valla de cada una de esas campañas es el límite legal para la financiación de campañas.

En municipios de primera categoría la ley permite a las campañas hasta 50 vallas de publicidad política, en municipios capitales de departamento hasta 30 vallas, en municipios de segunda y tercera categoría 12 vallas y en municipios de cuarta, quinta y sexta categoría 6 vallas. A todas luces, tales reglamentaciones se exceden en las principales ciudades del país, pero tampoco existe un equilibrio en la competencia entre las campañas de los partidos tradicionales y los pequeños partidos como la Unión Patriótica, Mais, ASI, Colombia Humana y Todos somos Colombia, que conformaron la lista por la Decencia al Senado de la República.

“Con lo que pagan en un mes una valla en Bogotá, nosotros, la Unión Patriótica podríamos financiar el 100% de nuestra campaña y no limitar la impresión de propaganda o la publicidad en distintos medios de comunicación. Eso es un despropósito, sobre todo cuando uno encuentra consignas como la del Centro Democrático en contra del derroche del gobierno o de Cambio Radical sobre combatir la corrupción, no solamente se burlan de los otros partidos en competencia sino que es publicidad engañosa”, señaló Aída Avella.

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