La locomotora minera-energética en nada ha contribuido al desarrollo del país. Al contrario, se convirtió en una aplanadora que arrasó con el medio ambiente, con los derechos laborales y con la salud de los trabajadores de las minas y de paso con la soberanía nacional.
Iván Posada Pedraza
La implementación de la locomotora minero-energética dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 en la administración Santos corresponde a la aplicación de la apertura económica en el marco del modelo neoliberal. En ese contexto los países dependientes de la periferia suministran materia prima y recursos minero-energéticos hacia las naciones industrializadas, donde se elaboran en forma de bienes de capital y bienes de consumo y exportados nuevamente a la periferia. Este proceso se ha acelerado últimamente con el surgimiento de potencias como China, Corea y la India, grandes demandantes de estos recursos.
Por lo anterior se diseñó toda una política denominada “seguridad inversionista”, mediante la cual se rodeó de todo tipo de garantías a las empresas mineras transnacionales en materia tributaria, de regalías y de resolución de conflictos. Esta política se aplicó con gran intensidad durante la administración Uribe Vélez y se le dio continuidad en el gobierno de Juan Manuel Santos.
En el periodo 2004-2008 se otorgaron permisos mineros equivalentes al 10% del territorio colombiano. En el departamento del Cesar, por ejemplo, hay solicitudes sobre el 90% de su territorio y ya se concedieron títulos sobre 183 mil hectáreas. El 10% de los 10.061 títulos mineros cedidos en todo el país se encuentran en poder de las multinacionales.
Consecuencias
En lo laboral, por las características de la minería a gran escala, es un renglón intensivo en capital pero que genera pocos empleos directos. Por ejemplo, en 2013 la minería ocupó sólo el 1,3% de mano obra dentro de los 21,14 millones de ocupados. En el campo petrolero de Pacific Rubiales, empresa de capital canadiense, ubicado en Puerto Gaitán (Meta), se presentaron importantes protestas por despidos, condiciones laborales, tercerización, derecho de asociación, etc.
Por otro lado, el país no desarrolla industrias derivadas de la minería, por lo cual su aporte a la industrialización es mínimo.
Regalías
Las regalías son el pago que realizan las compañías mineras al Estado colombiano por el derecho a explotar los yacimientos de minerales, un recurso natural no renovable; es decir, que se extingue en el transcurso del tiempo. De cada cien pesos que genera la actividad minera, el Estado recibe entre 43 y 77 pesos, dependiendo del tipo de mineral. El actual sistema de liquidación de regalías es irrisorio, por lo que se propone adoptar una normatividad similar a la aplicada en el Perú, donde las regalías se liquidan acorde a los precios en mercados internacionales.
A lo anterior hay que agregar que el Estado no ejerce control sobre la producción, lo que les permite acomodar las cifras a su favor. En Cerro Matoso, mina de ferroníquel a cielo abierto, ubicada en el departamento de Córdoba, y de propiedad de BHP Billiton, se dedujo de las regalías el valor de obras para la comunidad como vías de acceso, servicios hospitalarios, etc.
Impacto ambiental
Este se manifiesta en la desviación de corrientes de agua, en el movimiento masivo de tierras, las continuas explosiones en zonas de exploración y explotación, la deforestación que afecta el flujo constante de las aguas hacia otros sistemas y a los centros urbanos; se destruye el hábitat de la fauna que ha ocasionado la extinción de varias especies. El gran consumo de agua requerida por la actividad minera reduce el nivel freático de la zona, lo cual ha causado el secamiento de pozos y quebradas, alterando definitivamente el equilibrio ambiental[1. Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario.].
En enero de 2013 la multinacional Drummond vertió cerca de 500 toneladas de carbón en la zona de la bahía de Santa Marta, por procedimientos antitécnicos, ocasionando incalculable daño en las aguas, playas y en la atmósfera.
En el proyecto La Colosa, en Cajamarca (Tolima), la transnacional sudafricana Anglogold Ashanti ha comenzado el proyecto de explotación de oro en una mina a cielo abierto, tecnología altamente dañina para el medio ambiente.
Salud ocupacional
La Drummond, la misma empresa que causó el daño ambiental en la bahía de Santa Marta, no reconoce a sus trabajadores las enfermedades profesionales que adquirieron por su labor en la minería del carbón, tales como la enfermedad del pulmón negro, la silicosis y la asbestosis, enfermedades irreversibles. Tal es la situación, que se conformó la Asociación de Trabajadores Enfermos de Drummond, para adelantar demandas y demás acciones para reivindicar sus derechos.
Las anteriores consideraciones permiten resumir que la locomotora minera-energética en nada ha contribuido al desarrollo del país. Al contrario, se convirtió en una aplanadora que arrasó con el medio ambiente, con los derechos laborales y con la salud de los trabajadores de las minas y de paso con la soberanía nacional.
