El proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República empeorará los servicios para los más pobres y beneficiará a los comerciantes de este derecho fundamental. Una reforma que reafirmará el neoliberalismo
Juan Carlos Hurtado F.
VOZ habló con el médico Román Vega, quien además es doctor en administración y políticas de salud, docente universitario y un activista por este derecho fundamental. Explicó grosso modo cómo empeorará el servicio de salud para los colombianos y mejorarán las ganancias de los comerciantes.
–¿Qué cambios se darán en los servicios de salud con el proyecto que cursa en el Congreso de la República?
–Hay cambios de forma como los nombres de las EPS por el de Gestoras; el nombre del Plan Obligatorio de Salud por el de Mi Plan; el del Fosyga por el de Salud Mía. Pero en sustancia, la política neoliberal es la misma. Busca que particulares se beneficien de los recursos públicos de la salud. No se avanza en la solución de los problemas que aquejan a la población.
–¿Qué pasará con el plan de beneficios?
–Actualmente se denomina Plan Obligatorio de Salud; se llamará Mi Plan con un nuevo enfoque que tiene el riesgo de reducir beneficios para la población, con dos mecanismos: se excluirán todas las atenciones que no cumplan unas reglas predefinidas por el gobierno y los beneficios que queden serán nuevamente priorizados. Con lo cual, hay el riesgo real de que el tamaño del plan sea menor que el actual.
Eso es negativo para los ciudadanos pero positivo para el interés privado, porque amplia el mercado de venta y compra directa de servicios por fuera de la lógica del sistema de salud. Ahora los aseguradores privados, con los servicios que han sido excluidos, podrán crear programas de seguros privados para personas de altos ingresos. Los pobres se verán sometidos a procedimientos muy complicados como las tutelas, para obtener beneficios.
Intermediación financiera
–Se dice que al cambiar el nombre de las EPS a EGS, estas pueden evadir las deudas billonarias que tienen con el sistema, ¿es verdad?
–El gobierno no solo logrará con esta ley que las deudas no sean pagadas. Además, el cambio de nombre en términos prácticos no significa nada respecto del papel de intermediación privado que hacen y harán en el manejo de los recursos financieros del sistema de salud. Hay que recordar que el objetivo de la política neoliberal, en salud, pensiones y riesgos profesionales, ha sido la privatización de los recursos sociales para -por la vía de agentes privados-, facilitar su ingreso al mercado de capitales. Es decir, al manejo por parte de los bancos, del capital financiero.
Las gestoras cumplirán ese papel, porque a pesar de que se crea un fondo público, estas usarán los fondos públicos como fondos privados, aunque guardados por el fondo público, como actualmente lo hacen las EPS. El nuevo proyecto de ley ordinaria, legaliza la obtención de ganancias a partir de esos recursos públicos por parte de las gestoras. Pero la forma de hacerlo es logrando que ellas reduzcan el gasto en salud, en términos de la población; con lo cual mientras menos una gestora gaste en salud de sus afiliados más ganará. Y para poder hacerlo seguirán manteniendo barreras de acceso como hoy hacen las EPS. Continuaremos viendo negación de servicios a los pacientes. Así ganarán. Pero además, tendrán la potestad de tener redes de atención básica bajo su control como propietarios y dado que estas son la puerta de entrada al sistema de salud de cada paciente, lograrán controlar las decisiones médicas en términos de remisiones a especialistas y a hospitales.
–¿Qué hay con respecto a cubrimiento o prestación de servicios en todo el país?
–Las gestoras operarán en áreas de gestión sanitaria y la ley no dice que sea obligatorio que tengan áreas en todo el país. Eso generará dificultades a ciudadanos que requieran ser atendidos en zonas donde su gestora no tenga redes. Se restringe el alcance de portabilidad geográfica de este derecho en todo el territorio nacional.
Mayor clientelismo y corrupción
–¿Y qué pasará con las redes de prestadores de servicios?
–La ley es tan perversa que divide la salud en dos tipos de servicios, unos colectivos a cargo del Estado y otros de carácter individual que lo harán los prestadores integrados en redes. Se dice que habrá redes por áreas de gestión geográfica, que integrarán unas juntas. Pero cada gestor podrá integrar su propia red dentro de esa área, con lo cual a partir de los servicios de atención básica que ellos controlarán como propietarios podrán controlar todo el uso de la red.
Se mantiene la división entre régimen contributivo y subsidiado. Esa división mantiene la medicina de primera, segunda y tercera categoría. Se fortalecerá la red privada en detrimento de la pública, por lo que la medicina de los hospitales públicos a la población será de peor calidad. Es un sistema que discrimina y genera desigualdades.
–Al proyecto también se le han hecho críticas con respecto a la administración de los hospitales y la formación de los profesionales. ¿Qué habrá de nuevo en esos temas?
–Los gerentes de hospitales serán de libre nombramiento y remoción. Significa que será el clientelismo el que defina quién es el gerente, porque se retiran los exámenes de selección de capacidades. Es una concesión del gobierno a los congresistas. Eso lleva a una mayor corrupción.
Se establece que en el futuro hospitales que se denominan universitarios otorguen títulos de especialistas a médicos y profesionales de la salud. Los médicos han reclamado por eso, porque no habrá garantías de estándares académicos en esa formación. La consecuencia de esa precarización será una peor calidad en la atención de los pacientes y de los ingresos laborales de los profesionales de la salud. Aumentará la oferta de personal de salud de mala calidad a quienes los gestores les pagarán muy mal. Con eso se golpea el derecho a calidad en atención y se aumenta ganancias de los negociantes con la precarización de salarios.
Además, el Presidente de la República tendrá facultades extraordinarias para expedir un decreto con carácter de ley para reglamentar esas relaciones laborales. Se dice que será concertado, pero sabemos que la concertación en Colombia es un saludo a la bandera y en últimas él terminará haciendo lo que le dé la gana. Se busca un manejo más desregulado del mercado de fuerza de trabajo de salud, para mejorar los ingresos de los comerciantes de la salud.
Movilizaciones
–¿Qué respuestas de las organizaciones de las salud en particular y del movimiento social en general hay ante este proyecto?
–La junta médica nacional tomó la decisión de rechazar el proyecto en su totalidad y criticó al ministro por culpar a los médicos y a las instituciones de salud de los abusos y la corrupción en el sistema, al darles el nombre de “cartel de la salud”. Ha generado malestar en los diferentes gremios médicos, desde la Academia Nacional de Medicina, hasta la Asociación Médica Sindical, pasando por la Federación Médica Colombiana, los colegios médicos, las asociaciones de especialistas en salud; y han llamado a la movilización nacional a partir del 29 de este mes en todas las ciudades. También los secretarios de salud y los gerentes locales de hospitales, reunidos hace unas semanas protestaron por la eminente parálisis de la red pública hospitalaria, las enormes deudas, el contenido del proyecto. Hay un desacuerdo generalizado con las políticas de salud de este gobierno. Ojalá no solo protesten los trabajadores de la salud sino las organizaciones sociales en general se movilizaran rechazando la etapa de aprobación de esta ley.
