Llaman a paro contra Cerrejón y Santos en La Guajira

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Aspecto del foro realizado en la Biblioteca de la Universidad de La Guajira. Foto Comité Cívico por la Defensa de La Guajira.

La decisión fue tomada luego de un análisis de los impactos ambientales, económicos, sociales, políticos y culturales, del desvío del Arroyo Bruno en este departamento

Luego de analizar las consecuencias del desaforado extractivismo en el departamento de La Guajira, diversas organizaciones que participaron en un foro concluyeron en continuar su rechazo a “la entreguista política minera del gobierno de Juan Manuel Santos y convocar a la organización y materialización de un paro cívico por la defensa del agua, la vida y el territorio, en contra de la gran minería irracional”.

Con una amplia representación de más de 30 organizaciones del movimiento social como Sintracarbón, la Unión Sindical Obrera, Uso; Asodegua, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT nacional; Justicia Tributaria, Censat Agua Viva, el Cinep, Movimientos de Fuerzas Wayúu, Yanama, la Red de Comunicaciones Wayúu; monseñor Héctor Salah, obispo de la Diócesis de Riohacha; la gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto y la participación de la Junta Mayor de Palabreros Wayúu y demás organizaciones de la comunidad indígena acompañadas de los Mamos de los pueblos arhuacos, wiwa y kankuamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, etnias indígenas que hacen parte del territorio; se desarrolló el II Foro: Análisis de los Impactos Ambientales, Económicos, Sociales, Políticos y Culturales del Desvío del Arroyo Bruno, en Riohacha, los días 11 y 12 de mayo pasados, organizado por el Comité Cívico por la Dignidad de La Guajira.

Licencias cuestionadas

En la reunión los expertos y las ONG demostraron la manipulación e inconsistencias de la licencia ambiental que autorizó el desvío del arroyo Bruno. También se evidenció el etnocidio que afecta a las comunidades Wayúu y afrodescendientes, como resultado de las actividades del Cerrejón en los 32 años de explotación minera en el departamento. Los asistentes aseguraron que la empresa ha monopolizado el uso y consumo del agua y la desperdicia inmisericordemente, mientras el líquido no llega a las comunidades, lo que profundiza los efectos de la sequía y hambre, afectando la vida de miles de niños en su mayoría pertenecientes a la etnia Wayúu.

Asimismo, los expertos en el foro demostraron que existen inconsistencias en el otorgamiento de la licencia ambiental por la existencia de diferentes informes técnicos del diseño del trazado, en la definición del área de influencia y en la identificación de comunidades afectadas.

Según el Comité Cívico por la Defensa de La Guajira, “Cerrejón miente al decir, que el grado de afectación de la modificación del Bruno es mínima, sus mismos informes se encargan de contradecirlos, el Estudio de Impactos Ambientales, contratado por las multinacionales a Ingetec para su realización señala los siguientes impactos:

‘Afectación de caudales naturales de cuerpos superficiales por intervenciones en acuíferos aluviales asociados ya sea por pérdida del acuífero o por extracción del recurso subterráneo debido a la operación de pozos de despresurización. La intervención afecta la capacidad de intercambio, formación aluvial-corriente superficial (…)’.

Los impactos fueron clasificados con ‘(…) un nivel de sensibilidad alto debido a que el agua en La Guajira es un recurso escaso y valioso, siendo la cuenca del río Ranchería (incluyendo sus afluentes), la fuente de mayor importancia en la zona suroeste del departamento”, (…) “la afectación de calidad y cantidad del recurso permanecerán durante la explotación minera (concesión de Cerrejón hasta 2033), sin embargo, la afectación a los acuíferos (por pérdida) es permanente”. “La modificación de la alternativa de intervención del Arroyo Bruno en aspectos sustanciales, podría implicar variación en las condiciones de uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales renovables, por ende, impactos adicionales a los identificados en el EIA (…)”

No obstante, del acumulado de destrucción de los cuerpos hídricos en La Guajira, Cerrejón lastra la experiencia negativa de la desviación del arroyo Aguas Blancas, que después de más de 20 años feneció.

Más obras

En el foro también se demostró que al Cerrejón le interesa el desvío de otros arroyos como La Puente, Cerrejón y Tabaco, la construcción de la represa del río Palomino, para regresar posteriormente al río Ranchería: “Permitir que esto ocurra, es permitir que en La Guajira se produzca un crimen ecológico, ambiental, social y de lesa humanidad, e incluso económico, lo cual no puede ser”, expresaron los asistentes al evento.

Las autoridades y Mamos de la Sierra Nevada, los Arhuacos, los Kankuamo, los Kogui y los Wiwa ponen a disposición de la etnia Wayúu y del Comité Cívico por la Dignidad de La Guajira, todo su acumulado de sabiduría y experiencia para defender entre todos, los territorios ancestrales, unidos como lo hicieron los antepasados, por la defensa del territorio entendido este como un ser vivo e indivisible, fuente de vida, paz y armonía.

Las comunidades tradicionales dejaron constancia que por medio del encuentro con las comunidades que están dentro del territorio de la sierra, dialogarán y se unirán, para defender el Arroyo Bruno.

El foro como un intercambio de conceptos culturales, técnicos y científicos entre las comunidades, movimientos sociales, las ONG y especialistas en la materia, rechaza la ausencia o no asistencia de las autoridades ambientales locales y nacional como la de la empresa Cerrejón, quienes contrario a lo que manifiestan en medios de comunicación, eludieron el debate.

“Queda claro que la empresa minera y sus aliados (Ministerios de Minas, de Ambiente, la ANLA, Corpoguajira) no están dispuestos a debatir, pues, para ellos es mejor y más fácil pasar por encima de las comunidades y la sociedad, con el beneplácito de un gobierno que yace de rodillas al capital extranjero”, concluye el Comité Cívico por la Dignidad de La Guajira.