Libertad de prensa, ¿para quién?

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Periodistas en ejercicio de su labor profesional.

La discusión hay que llevarla hacia la necesaria democratización de los medios de comunicación, del establecimiento de un régimen legal que ampare el derecho a la libertad de expresión y de información de la sociedad colombiana

Alberto Acevedo

Este 9 de febrero se celebra el Día Nacional del Periodista. Se quiere significar con ello el aporte que en los albores de la formación de la nacionalidad colombiana hizo el insigne periodista cubano, don Manuel del Socorro Rodríguez, fundador del primer periódico de que se tenga noticia entre nosotros.

La agenda de las preocupaciones del gremio está llena de temas de indiscutible trascendencia para el futuro del ejercicio profesional. Van desde una desafortunada sentencia de la Corte Constitucional en la que se intenta obligar a los medios de comunicación a revelar la fuente de consulta de sus periodistas, hasta la pérdida de protagonismo de los medios, ante el auge de las redes sociales.

La llamada neutralidad en la red, puesta en peligro a nivel global por una decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos; el inusitado posicionamiento de las fake news, noticias falsas, que han causado no poco bullicio en el mundillo de la alta política, no solo en Estados Unidos y Europa, sino también en Colombia, un entorno abonado con escándalos de corrupción administrativa, tráfico de influencias y delitos sexuales.

Libertad de prensa

Las ciberamenazas y el acoso sexual contra las mujeres periodistas por parte de sus superiores jerárquicos, en fin, las amenazas contra la integridad física de los periodistas en el desarrollo de su profesión, y finalmente, la calidad de los salarios y de la contratación de los profesionales de la prensa, integrarían un abanico, de todas maneras incompleto, de los asuntos que preocupan a quienes ejercen “la profesión más bella del mundo”, de acuerdo a la célebre sentencia de Albert Camus.

Vale la pena detenerse un poco en el tema del origen de las fuentes del periodista, vale decir, del secreto profesional y los riesgos que la libertad de prensa afronta, si se vulnera este postulado, por cierto, amparado en fallos anteriores de la misma Corte Constitucional.

El tema es recurrente en nuestro medio, se pone de moda cada cierto tiempo, en dependencia de los intereses de la gran prensa capitalista, valga la pena decirlo. En esta ocasión, volvió al escenario de las deliberaciones nacionales a raíz de la decisión de un juez del Tribunal Superior de Bogotá que pretendió obligar a la empresa Publicaciones Semana a revelar la fuente de una noticia elaborada por uno de sus periodistas. Ante una tutela interpuesta por la organización periodística, la Corte Constitucional confirmó la decisión de segunda instancia, lo que fue interpretado por los grandes medios nacionales como un atentado contra la libertad de expresión y el derecho de los comunicadores a guardar la reserva de sus fuentes.

Es la libertad de empresa lo que se defiende

Desde luego, la decisión de la Corte es un retroceso en el esfuerzo legislativo por amparar el derecho al secreto profesional de los periodistas, en la medida en que si se vulnera este principio, se lleva por delante la libertad de expresión y el derecho a la información.

El celo de los propietarios de los grandes medios, no lo es en función del derecho fundamental de la sociedad a ser informada veraz y oportunamente en un ambiente de democracia, libertades y respeto por los derechos humanos. Es en defensa del derecho a la libre empresa y no a la libertad de prensa, como emergen las reclamaciones de estos días en los grandes medios nacionales.

Qué tal que un juez de la república constriña a los propietarios de la gran prensa escrita o a cadenas de noticias como Caracol y RCN a que revelen el origen de los folletines venenosos que diariamente vierten sobre la opinión pública en torno a su perversa campaña contra el gobierno venezolano y los esfuerzos que esa nación hace por construir una democracia autóctona, lejos de las imposiciones de la Casa Blanca.

Encontraríamos que son las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, el Pentágono norteamericano, la banca internacional, es decir, el gran capital, con sus acólitos en la OEA o en el Grupo de Diarios de América, GDA, y no el trabajo ‘imparcial’ de los periodistas, lo que se esconde detrás de esa labor de zapa contra la democracia venezolana.

Y en los folletines para criminalizar el movimiento popular, por ejemplo, contra la huelga de los pilotos de Avianca, o de los usuarios de motos en Bogotá, o de los organizadores del paro cívico en el sur de la capital, o en Chocó o en el Urabá antioqueño, lo que la gran prensa defiende es los intereses de los empresarios, no los de los usuarios que ven vulnerados sus derechos o de la opinión pública que tiene el derecho a ser informada de manera objetiva.

El debate de todas maneras es importante. Hay que defender los resquicios de democracia y de libertad de prensa que aún perduran. Pero la discusión hay que llevarla hacia la necesaria democratización de los medios de comunicación, del establecimiento de un régimen legal que ampare el derecho a la libertad de expresión y de información de la sociedad colombiana.

Dignificar el oficio

Un debate que debería contar necesariamente con la opinión de los nuevos actores políticos, producto de los acuerdos de paz suscritos en La Habana y en el Teatro Colón de Bogotá, vale decir, del nuevo partido surgido de la insurgencia guerrillera, pero también de partidos como la Unión Patriótica y de los que encarnan la izquierda colombiana, inmersos por cierto en el martirologio del conflicto de medio siglo en esta tierra que tanto queremos.

En un ambiente de democracia tal, que se desprenda de una reforma democrática al derecho de información, al acceso a los medios de las nuevas fuerzas democráticas, sería más saludable y productivo el debate en torno a otras preocupaciones, como la neutralidad en la red, los ciberataques, la defensa de la vida de los periodistas, el acoso sexual a las mujeres que ejercen la profesión, un fin, el derecho de los comunicadores a unos ingresos y una vida digna.

Solo en ese contexto tiene sentido el principio de que las fuentes periodísticas son esenciales para el ejercicio periodístico, y que la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia.

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