Laureano Gómez, impunidad y recompensa

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Posesión de Laureano Gómez en 1950.

José Ramón Llanos

Hoy cuando algunos representantes de los partidos tradicionales reclaman castigo para las FARC, a pesar que saben que en los diez procesos de paz, habidos a partir de la segunda mitad del siglo XIX en todo el mundo, los guerrilleros no fueron imputados ni encarcelados.

Lo mismo aconteció en todas las guerras civiles habidas en el país, 22 en total, desde los años cuarenta del siglo XIX hasta los inicios del siglo XX, exactamente hasta el año 1902, cuando terminó la llamada Guerra de los mil días. Según el investigador Gonzalo Sánchez, a lo largo de la historia republicana nuestra, se han concedido 60 amnistías e indultos.1 Se indultaron incluso delitos atroces, al respecto María Teresa Uribe, afirma: “Amnistiarlos era declarar jurídicamente que los delitos, muchos de ellos atroces, nunca habían existido”.2

Pero sucede que en uno de los períodos más violentos de la historia de Colombia, de 1946 a 1953, cuando gobernaron los presidentes conservadores Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez, este último incrementó de manera sistemática y cruenta, la persecución contra los liberales, los comunistas y demócratas en general. Sus persecuciones y tropelías, fueron tan crueles y bárbaras que un historiador norteamericano lo caracterizó así: “…Gómez se destaca como maquiavélico, siniestro, cruel; debido a ello, la locura que llevó a la nación lo hace ver, en perspectiva, como un trastornado”.3

Las FF.AA., agentes de la violencia

Este gobernante “siniestro y cruel”, quien mal gobernó tan desafortunadamente que en los 16 meses de su gobierno asoló casi todo el país y obligó a los liberales a desplazarse de sus lugares de residencia, incluso para el extranjero. La violencia y las persecuciones contra los liberales, demócratas y comunistas, se dieron en las zonas rurales y en las grandes urbes, incluida Bogotá. Debemos reconocer que la llamada violencia, fue iniciada por Mariano Ospina Pérez, la llamada Marcha del silencio la organizó Jorge Eliécer Gaitán como protesta y exigencia para que el mandatario conservador detuviera  la matanza de liberales y comunistas.

Los tres gobernantes azules, incluido Urdaneta Arbeláez, presidente encargado, fueron responsables de la preparación y organización de la politización de la policía y el ejército y su utilización como maquinaria de muerte y destrucción del pueblo no conservador. Una prueba de que este genocidio fue sistemáticamente planeado, es el  hecho que circulara a nivel nacional un carnet con la foto del presidente Laureano Gómez, con el siguiente formato y datos:

“El abajo firmante, Presidente del Directorio Conservador certifica que el Sr ______ portador carnet Nro. ______ expedido en _______ ha jurado que no pertenece al Partido Liberal. Por lo tanto su vida, su propiedad y su familia deben ser respetadas”4

La aplicación de la política laureanista de exterminio, la encontramos descrita en uno de los primeros estudios científicos de la violencia en Colombia: “Durante este periodo se suceden masacres como la de Belalcázar, Cauca, en donde 112 personas son fusiladas en un solo día. Los primeros son sacrificados sin misericordia por personal de la tropa, como lo hacía el famoso alférez ‘Mecha Brava’”.5

La policía chulavita y los llamados pájaros, fueron las organizaciones utilizadas por el gobierno para consumar las tropelías más horrendas, incluso en las zonas urbanas. Hasta Bogotá fue escenario de esas barbaridades. El 6 de septiembre de 1952, fueron incendiadas las residencias de los líderes liberales Alfonso López y Carlos Lleras Restrepo, igual suerte corrieron los periódicos El Tiempo y El Espectador. Las acciones fueron tan bien preparadas que la policía impidió que los bomberos extinguieran los incendios.

Impunidad y recompensa

El presidente Laureano Gómez, nunca fue juzgado ni sancionado por la justicia. Como cosa insólita cinco años después de ser derrocado, en un acto de masoquismo máximo, se le concedió el 50% del poder político, durante 16 años, para ello se instituyó la dictadura bipartidista llamada Frente Nacional. Algunos de los que ahora critican acerbamente la amnistía concedida a las FARC, son descendientes de los líderes y gobernantes del Partido Conservador causante de eso que la historiografía a llamado La Violencia. Tal, por ejemplo, el que desea “volver trizas el acuerdo de paz”, Fernando Londoño.

El juicio de la JEP de los principales comandantes de la FARC, lo cual no significa impunidad, y las cinco curules en el Senado y la Cámara, comparado con la impunidad y la mitad del Gobierno colombiano, concedido al Partido Conservador, después de su hegemonía cruenta y atroz, representan una insignificante gabela.

Los gritos desaforados de Álvaro Uribe y sus obedientes peleles, contra la JEP, no expresan sino el cobarde temor del expresidente de ser juzgado por ser el autor intelectual de todos los delitos cometidos por sus innumerables funcionarios encarcelados en Colombia o que deambulan prófugos por todo el mundo.

1 Gonzalo Sánchez G. Colombia violencia y democracia. Comisión de estudios sobre la violencia. Universidad Nacional de Colombia. Colciencias., 1995, p.34.

2 María Teresa Uribe. Las guerras civiles y la negociación política: Colombia.

3 Vernon Lee Fluharty. La danza de los millones. El Áncora Editores. Bogotá 1981, p.80.

4 Ibíd. página 136.

5 German Guzmán Campos, Orando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna. La violencia en Colombia. tomo uno. Tauros. Bogotá 2015, página 59. 

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