Las reformas políticas y la derrota del régimen

0
En el país crecen las reclamaciones de paz y el rechazo a la guerra.

Es un hecho evidente la derrota del gobierno en relación a las objeciones a la JEP y a la llamada reforma política. Solo la ley de Financiamiento y el Plan Nacional de Desarrollo, a merced del interés de clase capitalista, lograron aprobarse en detrimento de los asalariados, trabajadores independientes, campesinos y pequeños empresarios. Nuevas batallas vendrán alrededor de pensiones y complementos a la normatividad rural que el PND marcó en favor de terratenientes y megaproyectos.

Si ha comenzado a congregarse el gran descontento del pueblo colombiano alrededor de aquellas leyes atinentes a lo económico y social, la confrontación con la visión uribista de las reformas políticas merece ser analizada con más detalle. Tanto el movimiento universitario del segundo semestre de 2018 como la minga indígena y popular pusieron al gobierno a negociar aspectos sensibles de sus medidas de desigualdad social y maltrato de guerra a la protesta. Si bien estas luchas no lograron desvertebrar la orientación de élite, patronal y terrateniente, sí han reforzado las bases de reivindicaciones y programas con arraigo regional, territorial y sectorial importantes. La movilización social contribuyó a empantanar los intentos del uribismo para imponer mayorías parlamentarias estables y, de paso, también evitó la consolidación, por el momento, del proyecto regresivo del régimen, centrado en la “seguridad”. En el caso de la JEP no surtió efecto la descarada presión del embajador Whitaker, quien anunció retirar visas a congresistas, que luego procedió a hacer con magistradas y magistrados de la Corte Constitucional.

Estorban al régimen las pocas conquistas alcanzadas, como el Estatuto de la Oposición o el reconocimiento legal de las coaliciones, aún con las limitaciones del 15% establecidas en la reforma constitucional de 2015. Hay maniobras en curso contra el Estatuto, incluida la pérdida de la curul de Ángela María Robledo, los intentos de hacerla perder también a Gustavo Petro o la negativa a la personería jurídica de Colombia Humana. En el arsenal de la derecha se perfilan ajustes como las listas cerradas obligatorias, que pretendían ser aplicadas en las elecciones de octubre próximo y las listas paritarias (hombre-mujer), que se hundieron y que el gobierno proyecta presentar de nuevo. Naufragó además la reforma a la justicia impulsada en un principio por Cambio Radical. Se espera que el 20 de julio Duque y el CD se despachen con sus propuestas de hacer más elitista la política y una justicia que consolide la impunidad de Uribe y su entramado narcoparamilitar, en función de su plan de truncar la Jurisdicción Especial de Paz. Su campaña por ganar las elecciones locales encubre el lado oscuro del exterminio de centenares de líderes populares, que ve como obstáculo a sus planes fascistas. Pero aun así, el régimen no es invencible.

Hay que agitar la necesidad de la reforma y democratización del Consejo Nacional Electoral como un poder autónomo, no dependiente de la Registraduría ni botín de los aparatos clientelistas de la derecha. No se logrará de inmediato, pero la idea llegará a nuevos campos. La Personería jurídica debe dejar de ser instrumento de chantaje para devenir en un derecho vinculado a los perfiles programáticos y a los proyectos de sociedad y moral pública. El financiamiento estatal exige medidas para prohibir la compra de partidos, de candidatos y de votos (desde Odebrecht hasta las tulas de efectivo) que caracteriza a la corrupción capitalista del sufragio. Los requisitos en cuanto a número y listas de militantes, no debe existir mientras subsista la política contrainsurgente del Estado

La batalla por la democracia es el punto nodal de las convergencias, de la acumulación de fuerzas y de la unidad para la derrota del régimen de la seguridad guerrerista y de muerte. La izquierda debe continuar abanderando la defensa de las garantías reales para el ejercicio pleno de la política, asediar al gobierno en reclamo del Derecho a la vida y el punto final al exterminio, con una política enérgica frente al paramilitarismo. Nuestra campaña electoral local será tanto más eficaz si contribuye a educar y a fortalecer en las bases populares la conciencia de la unidad y una cultura de la rebeldía que anime a vencer el miedo al cambio y a construir la necesidad de gobiernos comprometidos con la paz democrática y su programa para las mayorías.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

*