Cambios superfluos en la dirección del Estado es lo único que muestra la reforma constitucional de Santos. Todo seguirá igual
Hernán Camacho
La reforma de equilibrio de poderes presentada por el gobierno de Juan Manuel Santos, en cabeza de su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, es un híbrido entre la reforma política y judicial que contiene cambios de forma pero no tocan lo esencial.
El acto legislativo de reforma constitucional se convierte en la enmienda número 35 presentada desde 1991. Con 30 artículos se pretende, según los ponentes de la iniciativa en el Congreso, Armando Benedetti y Vivian Morales, un equilibrio en los poderes del Estado con un sistema de pesos y contrapesos sólidos que se alteraron desde la reelección presidencial. Para Cristo, lo que se busca es una democracia y unos partidos políticos más fuertes pensando en un escenario de paz y posconflicto.
No obstante, la apertura democrática que se anuncia es contraria a la reducción de las curules del Senado por circunscripción nacional. Ya no serán cien los senadores elegidos sino 89, más senadores por departamentos que no tengan más de 500 mil habitantes y una curul adicional para quien resulte perdedor en la contienda electoral que elige al primer mandatario.
La reforma mantiene la cifra del 3% como umbral desde el cual se asignan curules a partidos políticos en el senado y puedan mantener su personería jurídica; con el agravante de que ya no serán cien curules las dispuestas a repartir sino 89. Eso quiere decir que deberá ser mayor el número de votos para conservar la personería jurídica.
El nuevo articulito
“Hemos coincidido con el gobierno en el sentido de eliminar el famoso articulito de la reelección, que ha sido muy nocivo para la democracia colombiana y es un avance proceder hacia su eliminación y limitar las excesivas y exorbitantes facultades de la Procuraduría”, manifestó Clara López, presidenta del Polo Democrático Alternativo, quien agregó: “en lo que no estamos de acuerdo es que sea a costa de los partidos de la oposición y las minorías, que se supla la conformación de un senado de circunscripción nacional y que todos los departamentos tengan representatividad, eso ampliaría representación pero restringiría pluralismo”.
Y es que a pesar de eliminarse la reelección presidencial, el vicepresidente, el segundo al mando del gobierno, queda habilitado para repetir mandato. Una figura que le favorece al vicepresidente Vargas Lleras y permite lanzarse en el año 2018 por la primera magistratura del Estado.
Politiquería intacta
Lo que si resulta evidente es que la reforma no ataca la corrupción del sistema electoral, las cuestionadas prácticas de escrutinio, como tampoco contiene acápite alguno en dirección de otorgar garantías a las minorías y a la oposición democrática. La reforma política en ningún sentido asegura equidad ni igualdad a la participación política de los partidos en oposición y minorías.
Por el contrario el mercado del voto sigue intacto a todo nivel. Desde ya suenan campañas para acceder al poder local en 2015, con presupuestos extravagantes. La reforma mantiene intactas las mafias electorales enquistadas en la política regional donde solamente los partidos tradiciones tienen la capacidad de competir por esos votos.
“La reforma presentada por el Gobierno Nacional adolece de una verdadera intención de reestructurar las instituciones políticas, no establece verdaderos controles a la corrupción electoral, ni a los desequilibrios del sistema político”, explicó el senador de la Comisión Primera Alexánder López. Además se anunció que ese partido presentará una reforma alternativa en donde se incluyan los cambios necesarios para un verdadero equilibrio de poderes.
Los superpoderosos
En adelante el ministerio público no será competente para sancionar a los congresistas. Lo hará un tribunal escogido por la célula legislativa. Pese a ello el presidencialismo se exacerba pues la reforma plantea que la elección del procurador general de la nación estará a cargo del Senado, luego de la postulación de una terna presentada por el presidente. Según el proyecto: la Procuraduría debe ejercer el control disciplinario administrativo del Estado y, por ello, el presidente, como máxima autoridad administrativa, es a quien naturalmente le corresponde intervenir para garantizar que sus políticas públicas se materialicen de forma efectiva y transparente.
Por su parte, los legisladores tendrán un Tribunal de Aforados para investigar actuaciones del procurador, contralor de la república, fiscal general y magistrados de las altas cortes. Es decir vigilar las actuaciones de quienes tienen la potestad constitucional de vigilarlos. Los congresistas elegirán a quienes deben juzgarlos. Mientras la Comisión de Acusaciones seguirá manteniendo la competencia sobre el presidente de la república. Se acaba la Auditoría General de la Nación, encargada de hacerle control fiscal a los recursos de la Contraloría, asumiendo dicha función los senadores. Todo deja en el ambiente un manto de clientelismo reprochable.
Reforma judicial
El viejo anhelo de acabar con el Consejo Superior de la Judicatura llegará a hacerse realidad en la reforma constitucional. Se creará un Sistema Nacional Judicial encargado de la ejecución operativa de los recursos de la Justicia y definir las líneas de acción de la política judicial. Al interior de tal Sistema estará la Sala de Gobierno Judicial, un organismo que remplazará la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura, que en la actualidad determina la creación de los nuevos juzgados de desconcentración y quien, además, hace los nombramiento de funcionarios de la Rama a todo nivel. La Sala de Gobierno sería un elemento indispensable para el acceso a la justicia, solo que esta podrá crear nuevos despachos únicamente con el aval del Ministerio de Hacienda.
En definitiva, dice el senador López, la reforma le resta al equilibrio de poderes entregándole al Ejecutivo una potestad absoluta sin control independiente alguno:
“La reforma propuesta por el presidente Santos debilita la autonomía de la Contraloría General de la República, le resta facultades para ejercer el control previo y somete su nombramiento y el del Defensor Nacional del Pueblo a la discrecionalidad del primer mandatario, quien además podrá nombrar un procurador de bolsillo; se aumenta la concentración inconveniente de poder en las altas cortes, se restablecen los carruseles en listas cerradas a corporaciones públicas y no se ordenan verdaderos controles a la utilización de recursos públicos en las campañas electorales, no se avanza en torno a una reforma electoral democrática, y tampoco se generan las condiciones para un verdadero Estatuto de la Oposición”, dijo.
Lo cierto es que la iniciativa tendrá ocho debates que arrancarán en la Comisión Primera y se espera que las líneas generales del proyecto no cuenten con la oposición del Centro Democrático, que se muestra contrario únicamente a la decisión de acabar la reelección.
