Las formas sofisticadas de hacer trizas el acuerdo de paz (1)

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Bancada parlamentaria del Centro Democrático, principal fuerza interesada en reformar la JEP para asegurar impunidad con los militares. Foto Senado de la República.

Equipo de Investigación Judicial: “Juan Francisco Mújica”

Por mandato constitucional, el Acuerdo Final de Paz firmado en el Teatro Colón es una política de Estado. Según el estudio realizado por la Corte Constitucional, la implementación es un compromiso de todas las instituciones del Estado: ramas del poder público, organismos de control, a nivel nacional y territorial, entre otros, quienes deben trabajar en la adopción de políticas públicas que incluyan el desarrollo de los 6 puntos acordados en La Habana.1

Pese a la existencia de este mandado constitucional, algunas instituciones y las personas que las representan; en su accionar hacen lo posible para de la forma más sofisticada “hacer trizas el Acuerdo de Paz”:

El Proyecto de Acto Legislativo, AL, No 24 de 2018. Por el cual se modifica el AL 01 de 2017 que crea el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición, Sivjrnr, aprobado en primer debate el pasado 31 de octubre, una iniciativa del Centro Democrático que busca atacar el corazón del Acuerdo de Paz, la JEP, viene acompañada de una exposición de motivos xenófobos y estigmatizadores: “El procedimiento de selección de magistrados de la JEP es un procedimiento que satisface los requerimientos de las FARC frente a la imparcialidad que ellos esperan de quienes estarán encargados de juzgarlos. Cosa distinta sucede con la Fuerza Pública. Una selección de magistrados realizada por cinco personas, tres de ellos extranjeros, no da garantías a la fuerza pública colombiana, que como tal requiere unos magistrados que provengan de la democracia colombiana y no tengan ninguna injerencia extranjera”2; a su vez deslegitima las calidades, la diversidad y el pluralismo de los y las magistradas elegidas por el Comité de Escogencia; los 38 magistrados tienes las siguientes calidades: “seis defensores de derechos humanos, seis académicos, cuatro jueces ordinarios, dos jueces penales militares, seis diseñadores de políticas públicas, cuatro exfuncionarios de la Procuraduría, cuatro exfuncionarios de la Fiscalía, tres abogados litigantes y tres exintegrantes de cortes internacionales de derechos humanos”3, en este grupo quedaron cuatro indígenas y cuatro afrocolombianos4 y 53% mujeres.

La pluralidad de la JEP

La JEP, representa diversas esferas del país, los retos de esta Jurisdicción son investigar, juzgar y sancionar en el desarrollo de una justicia transicional, los crímenes más atroces cometidos en el marco del conflicto armado incluyendo, la violencia sexual. Para esto se pretende construir con las víctimas y los comparecientes, desde un proceso dialógico, la verdad de lo sucedido, garantizar los derechos de las víctimas de forma integral y aplicar sanciones de carácter restaurador para quienes que reconozcan el máximo de verdad judicial.

Si se llegara a aprobar la adición de 14 magistrados, con estudios de casos separados de las guerrillas y de Agentes del Estado, así como los conocimientos en DD.HH., DIH y algo que han denominado “derecho operacional”, un derecho que no existe; son reglas operacionales que buscan justificar muchos de los crímenes, terminaría desestructurando la razón de ser de la JEP, sus principios, su imparcialidad y objetividad y se volvería un tribunal de impunidad.

El miedo a la verdad

Parece que algunos congresistas le tienen miedo a la verdad que puedan contar los agentes del Estado en calidad de comparecientes en la JEP, su interés es tan individual y tan mezquino, que abriría la puerta para que la Corte Penal Internacional, CPI, acelere los casos colombianos que cursan ante ésta, principalmente en los escenarios de criminalidad estatal, puesto que tienen el mayor porcentaje de impunidad, contra las fuerzas militares, generando inseguridad jurídica a éstos y resquebrajando los derechos de las víctimas. Lo sorprendente de la aprobación de este debate es que los congresistas de oposición como Gustavo Petro (Colombia Humana) quien fue respaldado en su candidatura presidencial por las víctimas de crímenes de Estado votó en favor de este proyecto de AL, al igual que, la Alianza Verde con los congresistas Angélica Lozano e Iván Name Vásquez; también fue respaldado por el Partido de la U y el Partido Liberal.

La Fiscalía de la CPI, se pronunció a través de su fiscal adjunto, James Stewart, manifestando que “podría haber obstaculización de procesos genuinos diseñados para establecer verdad”, a su vez afirmó que: “los magistrados de la JEP son independientes y autónomos con capacidad para interpretar la legislación aplicada y respetar su independencia y objetividad” e hizo una invitación muy importante: “permitan que los magistrados de la JEP hagan su trabajo. Apóyenlos en todos los aspectos que sean necesarios. La paz con justicia y la rendición de cuentas son formas eficaces de garantizar que la paz sea sostenible y duradera”.

Adicional a lo anterior hay que tener en cuenta estos temas que desarrollaremos en la próxima entrega:

El papel y la constante intromisión de la Fiscalía General de la Nación en cabeza del Néstor Humberto Martínez. Desde las discusiones en el Congreso, Martínez ha insistido en reformar aspectos centrales del Acuerdo Final, incumpliendo así su deber de contribuir, en su accionar, a la implementación de éste.

Resulta cuestionable que bajo cualquier excusa se busque iniciar incumplimiento al régimen de condicionalidad. Parece ser que no se tiene claro que para iniciarlo la JEP debe: 1. Precisar en qué sentido se está incumpliendo 2. Determinar los criterios de gradualidad y proporcionalidad y 3. La intensión de incumplirlo. Todo lo anterior debe ser probado.

1 Sentencia C-630 de 2017 Corte Constitucional sobre la Constitucionalidad del AL 02 de 2017, promulgado para dar seguridad jurídica al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmada el 24 de noviembre de 2016.

2 Exposición de motivos del Proyecto de Acto Legislativo 024 de 2018 “Por el cual se adiciona el Acto Legislativo 01 de 2017 y se dictan otras disposiciones”

3 Redacción Paz. Los Retos de los 38 magistrados que juzgarán delitos atroces. En el Tiempo: [En línea]. Recuperado en el 2018 – 11 -02. Disponible en https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/retos-de-los-magistrados-de-la-jep-que-juzgaran-delitos-graves-del-conflicto-135042

4 Ibídem. 

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