Las consultas ciudadanas

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Con el 99,6% de los votos, el pasado domingo 21 de octubre Fusagasugá, Cundinamarca, rechazó la explotación minera en el Páramo del Sumapaz. Foto comité ambiental Funsuga.

La Corte Constitucional asume una postura contraria a su función de defender los derechos fundamentales de los ciudadanos y de los habitantes de los territorios favorecidos por la abundancia de bienes comunes, para erigir en fundamentales los derechos del gran capital a explotarlos, en exclusivo beneficio privado de acumulación. El fallo que le otorga la razón a la transnacional Mansarovar Energy Colombia puede interpretarse como un golpe de Estado a la participación popular establecida en la Constitución, Artículo 103, que hace retroceder conquistas democráticas, limitadas pero importantes, a favor de las comunidades.

Más que ante un hecho jurídico, asistimos a un momento de cambios regresivos con los que se quiere investir el gobierno de Duque al interpretar el uribismo en su versión más corporativa y neofascista. Lo primero que deseamos subrayar es el sentido de identidad con el que se cobija un régimen político y su caracterización, en franco desafío a la inconformidad social creciente y a las alternativas democráticas que han empezado a mostrar un rostro propio en la perspectiva de la orientación política de Colombia.

No sólo la Corte Constitucional, el Estado colombiano en su conjunto, se torna en un instrumento más del gran capital transnacional, de sus políticas desreguladoras, de sus complementos militares y paramilitares, de sus alianzas con el detritus más descompuesto de la oligarquía nacional, para hacer del despojo una política pública plenamente “legal”. La ironía de la “legalidad” para Duque y el uribismo consiste en sobredeterminar la “guerra jurídica” para desconocer el derecho de grandes masas de la población a decidir sobre los espacios territoriales en donde habitan y sobre los recursos del suelo y el subsuelo en los que tiene asentamiento el discurrir de su vida. La presunta legalidad consiste en decidir que el obstáculo al bien común es la ciudadanía, es el pueblo, son los productores directos y sus economías locales, los que deben ceder el puesto, el lugar y el derecho de apropiación a intereses extraños de carácter privado. Dicho de otra forma, el Estado renuncia a su función social para convertirse en calanchín del imperialismo capitalista.

En el contexto de la crisis del capitalismo estos saltos atrás parecen disponer de amplia licencia. Sólo la conciencia cívica y ciudadana, que comprende el valor de la rebeldía como un derecho fundamental e irrenunciable, puede convertir el factor subjetivo en una gran palanca de la resistencia y de la contraofensiva desde abajo frente a la nueva versión del autoritarismo. Un eje clave es la comprensión de que somos dueños colectivos del país, de los bienes comunes y de la riqueza productiva, sin que ninguna fracción minúscula del interés privado pueda alegar su preeminencia a nombre propio. Si el régimen anuncia confrontarse en lo económico, lo tributario, lo pensional, lo laboral, el desarrollo rural y la minería, con las mayoría nacionales, populares, étnicas y regionales, como lo viene haciendo ya con los estamentos universitarios y la universidad pública, está claro que aceptamos el reto y que desde el campo de las fuerzas democráticas y populares trabajamos para unir todos los frentes de masas en defensa de los derechos de las mayorías sociales y territoriales.

Como en la consulta ciudadana de Fusagasugá este domingo 21 de octubre, respaldamos la decisión expresada por esas mayorías y llamamos a persistir en la exigencia de que prevalezcan la soberanía popular, el respeto al medio ambiente y el derecho a decidir colectiva y soberanamente sobre el valor de uso del suelo y el subsuelo.

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