Las cifras del incumplimiento

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Guerrilleros en el Cauca. Foto Boris Guevara.

El Gobierno nacional carece de gerencia para cumplir los compromisos en las Zonas de Normalización. Culpa a las FARC para esconder la negligencia oficial

Hernán Camacho

El pasado 5 de enero se reunieron las delegaciones de paz del Gobierno nacional y las FARC-EP en las sabanas del Yarí, Meta. A esa reunión llegaron con el objetivo de calificar los pasos a seguir en torno a la movilización de las tropas farianas a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y que se establecieran los compromisos logísticos para esas zonas.

En esa reunión se suscribieron compromisos puntuales. De una parte el Gobierno nacional se haría cargo de la logística del traslado, la contratación de los medios más expeditos para los siete mil guerrilleros y de la construcción de las áreas comunes en las Zonas de Normalización y el suministro de alimentos y la instalación de servicios públicos esenciales. Por el lado insurgente los compromisos eran alistar y facilitar los traslados de los guerrilleros y que se realizara el traslado en un tiempo muy corto, como así sucedió. Además, la guerrilla se comprometía a construir, con materiales otorgados por el Gobierno, las zonas de descanso, alojamientos entre otras.

Pero 98 días después de iniciar el proceso de tránsito de las FARC a la vida política nacional como movimiento político sin armas, los compromisos adquiridos por el ejecutivo van mal. En general, dicen voceros de las FARC-EP, que el incumplimiento llega a un 77%, tanto en las obras como en la adecuación de servicios públicos y suministro de alimentación.
En cuanto a los compromisos adquiridos para adecuar guarderías para los bebés de las obras llevan solamente el 10% de avance en el mejor de los casos. No hay ninguna Zona Veredal que tenga listas las obras de las zonas comunes, es decir un aula para el estudio de los guerrilleros y las actividades culturales o políticas que desarrollan a diario.

En cuanto a la alimentación, el Secretariado de las FARC-EP, ha denunciado que en todas de las Zonas Veredales la alimentación ha sido insuficiente para los guerrilleros. De acuerdo al Gobierno nacional, el suministro de alimentación depende del presupuesto asignado a cada una de las Zonas. Pero la guerrilla se cuestiona la razón por la cual, según el presupuesto asignado para la Zona de Normalización en La Playa, Tumaco, una libra de arroz tiene un sobre costo del 300% pues su valor en el mercado es de cinco mil pesos y de acuerdo al presupuesto asignado para esa Zonas, la misma libra de arroz se está facturando en 15 mil pesos.

La insurgencia llamó a las autoridades competentes a revisar con diligencia la contratación de alimentación a las Zonas de Normalización para que se erradique cualquier duda de corrupción sobre estas actuaciones administrativas del ejecutivo. “El gobierno pretende esconder su falta de gerencia señalando a las FARC por incumplimientos. Pero nuestra decisión es irrevocable: cumplir el proceso de dejación de armas como se ha establecido en los protocolos”, señaló el comandante Carlos Antonio Lozada.

Por su parte el Gobierno nacional indicó que ellos han cumplido con lo establecido pero son las FARC las que no permiten el avance de las obras. El Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, indicó: “en muchos campamentos los mismos comandantes de las FARC-EP no han permitido que se avance porque hacen exigencias que no corresponden a lo acordado”. A lo que la insurgencia respondió: “Lo que hemos pedido es lo que se necesita para edificar la paz. Hemos sido sinceros, constructivos y propositivos para resolver los incumplimientos”, señaló el comandante Pastor Alape.

Y es que el Gobierno nacional en cabeza de Carlos Córdoba, gerente de las Zonas de Normalización, señaló con nombre propio al Comandante de La Playa, Tumaco, Edison Romaña, responsable de los retrasos en las obras por causa la petición de “pisos de mármol”, que supuestamente habría hecho el jefe insurgente. Afirmación que rechazó contundentemente Marcos Calarcá: “Yo dudo que los camaradas de allá hagan esa petición. Esa afirmación no es seria. En ese caso hay peticiones propias para esa zona que aceptó el Gobierno nacional el pasado 17 de enero que no han cumplido. El asunto de fondo es que los contratos suscritos por el gobierno nacional demuestran, una vez más, que las decisiones unilaterales del ejecutivo torpedean el proceso. A las FARC nunca les consultaron las condiciones en donde van a ir a vivir”, indicó Marcos Calarcá.

Las FARC rechazaron la campaña de desprestigio que tiene cifrada el gobierno nacional en contra del comandante Edison Romaña. De hecho, señalaron las FARC, la Zona de Normalización que allí es la única que no ha parado las obras que le corresponden a la guerrilla, muy a pesar que no tienen los materiales de construcción requeridos para los alojamientos de los guerrilleros. “Aquí no se pueden ocultar realidades con mentiras, los problemas no son de la guerrilla sino de contratos mal realizados y sin desembolsos”, expresó Pastor Alape.

Las FARC afirmaron que seguirán en el cronograma de entrega de sus armas y a la espera de cumplir con los compromisos adquiridos por el Gobierno nacional en todo el proceso de implementación.

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