“Todo en este país se soluciona con cárcel. Tenemos el campeonato mundial de delitos tipificados en el código penal. Tenemos el campeonato de restricciones para que la gente pueda recobrar la libertad. Y esto está afectando en especial a las clases populares”, dice el penalista Rafael Aguja
Nelson Lombana Silva
La crisis carcelaria en Colombia cada vez se profundiza más. Ciertamente ha colapsado el sistema carcelario. Sin embargo, en el horizonte inmediato no se vislumbra una solución concreta. Por el contrario, la tendencia es a empeorar dramáticamente.
Las cárceles no dan abasto. La penitenciaria de Picaleña de la ciudad de Ibagué al parecer registra un hacinamiento que supera el 60%, al extremo que la administración municipal ha optado por habilitar la antigua permanente para albergar detenidos.
El conocido penalista Rafael Aguja Sanabria, orgulloso descendiente de brava vieja raza indígena de Coyaima (Tolima), coloca los puntos sobre las íes y señala con toda crudeza las causas del terrible hacinamiento que hoy se vive en la cárcel.
Señala que en Colombia no ha habido democracia. “Tenemos –dice- en Colombia es un régimen aristocrático degenerado, porque se ha convertido en tiranía”. “Se aplica –agrega– justicia con criterio de clase”.
La cultura carcelaria, la mora judicial, torpe política criminal por parte del Estado, pésimo sistema penal acusatorio y el uso incorrecto de la figura de la excarcelación son, entre otras, las consecuencias del drama que están viviendo miles y miles de compatriotas tras las oscuras rejas de las cárceles colombianas.
Según el togado, las cárceles están repletas de inocentes, personas que, temerosas de la profusa tramitología, han optado por aceptar cargos siendo completamente inocentes.
La solución de fondo que plantea el abogado es el cambio de sistema. Señala que Aristóteles habló de monarquía, aristocracia y democracia; y que en el caso de Colombia estamos en la era de la aristocracia, aristocracia degenerada que ha desencadenado en tiranía que es lo que se está viviendo en las penitenciarías del país y que la opinión nacional e internacional desconoce.
Las cárceles no son reformatorias. Son infiernos. Allí, se encuentran miles y miles de personas que deberían –por ejemplo– recibir tratamiento médico especializado en distintas áreas del conocimiento, pero la rancia oligarquía lo único que habla es de cárcel y más cárcel. ¿Qué proponía el reciente candidato presidencial Enrique Peñalosa Londoño para resolver la crisis carcelaria? La construcción de más cárceles.
Para el semanario VOZ, la verdad el pueblo, y las páginas web www.pacocol.org y www.semanariovoz.com el doctor Rafael Aguja Sanabria concedió la siguiente entrevista que debe generar claridad en la lucha por la construcción de una sociedad justa y humana basada en los valores éticos y humanos, una sociedad socialista. Debe generar interés por la defensa de los presos políticos que prácticamente olvidados se pudren en las mazmorras del régimen. Ellos necesitan solidaridad y sobre todo: verdad, justicia y reparación.
—Colapsó el sistema carcelario en el Tolima. ¿Cuál es su concepto?
—El colapso del sistema carcelario no es solamente en el Tolima, es en todo el país; se debe a varios factores, entre los cuales destacamos los siguientes: Primero, una inadecuada y a veces hasta torpe política criminal del Estado.
Para algunos, Colombia es el único país del mundo que tal vez no tiene una política criminal definida, concreta, actuante, realizable, controlable y, por supuesto, efectiva. Esto ha hecho que cualquier conducta, por simple que sea, se convierta en delito.
Y por supuesto la pena que de inmediato los legisladores tienen en mente para aplicar es la privación de la libertad. No hay otras posibilidades. Esto queda claro; y por supuesto, no permiten que haya penas alternativas por un lado o alternativas diferentes para pagar la pena privativa de la libertad.
El otro factor es el sistema penal acusatorio. Se trajo como metodología para dar por terminados los procesos con los acuerdos y el preacuerdo entre la Fiscalía y el acusado. Pero resulta que cuando quiera que un acusado intuye que el trámite de su proceso penal se va a prolongar más de la cuenta, acepta cargos así sea inocente.
Y, hoy en día, las cárceles están plagadas de inocentes porque han hecho preacuerdos aceptando la responsabilidad de delitos que jamás cometieron. Mire lo que esto significa: El adagio de carácter jurídico de que era preferible mil culpables en la calle y no un inocente en la cárcel, en este caso se ha convertido en un postulado que hace efectivo que haya mil inocentes en la cárcel y ni un solo culpable en la calle. O, al revés: mil inocentes en la cárcel y un culpable en la calle.
Tenemos otro factor importante: Se quitaron a través de distintas leyes las posibilidades de la excarcelación. O sea, que todo proceso penal en Colombia para que sea efectivo debe tener al individuo preso, y el otro factor es la cultura. Es decir, el cuarto factor que influye en esto es la cultura.
Nosotros tenemos una cultura carcelaria; absoluta y totalmente carcelaria. Aquí cuando se comete un delito, una falta que está catalogada como delito, lo único que se le ocurre al gobernante es que debe ir a la cárcel, pero jamás se plantea situaciones alternativas como la reparación de perjuicios, como la posibilidad de que la víctima llegue a un arreglo inmediato con quien cometió la falta y desde el punto de vista de la indemnización sea suficiente para dar por terminado el proceso.
Hay otro factor: La mora judicial. Aquí cada juez tiene alrededor de 500 procesos al despacho; con los magistrados del tribunal superior sucede exactamente lo mismo. Es difícil porque de alguna manera el Consejo Superior de la Judicatura es renuente a designar jueces de descongestión.
Desde luego que los hay; el último nombramiento fue de tres jueces de descongestión en el Tolima, desde el punto de vista de los jueces encargados de vigilar el cumplimiento de la pena. Es decir jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. Sé que la situación es angustiosa. Los jueces penales del circuito están recargados, los jueces especializados están recargados, los magistrados del tribunal superior están recargados. Es decir, ¿cómo quieren que no haya hacinamiento carcelario o sobrepoblación carcelaria? Precisamente, porque se da la fusión de todos estos factores que nos quedamos cortos en la enunciación, pero que son los principales y los que más afectan al pueblo colombiano.
¿Qué hacer con esto? Una Justicia efectiva. ¿Cuándo la vamos a lograr? Tendríamos que educar primero que nada a quienes van a asumir funciones de congresistas el 20 de julio para sacar una reforma judicial adecuada, eficiente, operativa, realizable, cumplible, proporcional a la pena del delito.
Aquí tenemos delitos insignificantes como el caso del uso del menor, para citar un caso. El uso del menor parte de una pena de nueve años; mientras que si el menor colaboró para la comisión de un hurto –por ejemplo– de mínima cuantía, el hurto es de mínima cuantía respecto del ejecutor material. Pero si el ejecutor material utilizó a un menor para cometer el delito, entonces en ese caso, se le aplicarían mínimo nueve años de prisión, mientras que el delito económico pudo ser solucionable a través de una indemnización.
Hay una desproporción absoluta y total. Ojalá los parlamentarios que lleguen el 20 de julio a tomar posesión de sus cargos sepan responder a esta necesidad nacional que es apremiante. Por eso, el hacinamiento cancelario había sido tolerable en Ibagué. Pero en este momento ya la alcaldía tuvo que habilitar el antiguo permanente para recibir los presos que no caben en el complejo penitenciario y carcelario de Picaleña.
Es una situación de crisis y para eso se necesitan soluciones de crisis, pero con suma urgencia y no a largo plazo.
—Doctor Rafael Aguja Sanabria: La Constitución de 1991 ya es prácticamente una colcha de retazos a través de reformas y más reformas, sin embargo, todo sigue lo mismo. ¿Cree usted que la solución de fondo sería cambiar el modelo de gobierno?
—Sí, pero, ¿quién lo cambia? Aquí viene la pregunta. Es el pueblo soberano, dice la Constitución. Y las autoridades dependen de la soberanía popular. Eso es lo que no hemos aprendido a utilizar, porque en Colombia (perdóneme lo que voy a decir) jamás ha habido democracia.
En el esquema que viene desde los griegos sobre las formas puras de gobierno: monarquía, aristocracia y democracia, nosotros todavía estamos en la etapa de la aristocracia. Una aristocracia que fue importada de España durante la colonia. Luego de la Independencia, entonces tuvimos la aristocracia de los generales o de los militares derivados del ejército libertador en coalición con los hacendados. Posteriormente, la aristocracia de los hacendados y con el nacimiento de la industria y todas estas cuestiones que apareció el proletariado, ahora tenemos la aristocracia de los capitalistas.
De manera que nosotros aquí nunca hemos tenido democracia. El día que tengamos democracia, ese día el pueblo administrará justicia y de seguro que desaparecerán muchas de las lacras que en estos momentos afean y afectan la vida nacional como el caso del hacinamiento carcelario que es uno de los más grandes pecados de la humanidad en este momento y que no se diferencia nada de la esclavitud y no se diferencia nada de lo que condena el derecho internacional humanitario acerca de los tratos crueles de grandes e inhumanos y que lo hace y lo repite la Constitución de 1991.
Así que la Constitución de 1991 no opera en algunos aspectos de la vida nacional, precisamente, porque la soberanía reside en el pueblo, las autoridades dependen de la soberanía popular, pero como no tenemos democracia, se queda simplemente en beneficio de unas cuantas personas de la aristocracia. De manera que lo que tenemos en Colombia es un régimen aristocrático degenerado. Degenerado porque se ha convertido en tiranía, que es en definitiva lo que tenemos en Colombia.
—Doctor: Sin ser abogado, uno se pregunta: ¿Cómo así que la persona en vez de recibir del Estado un trato médico, psicológico, lo único que se le ocurre es la represión carcelaria? ¿Tiene esto lógica desde la perspectiva jurídica?
—Precisamente por lo que le acabo de anotar: Nosotros tenemos la cultura carcelaria o la cultura de la cárcel. Todo en este país se soluciona con cárcel. Si usted mira el código penal, nosotros tenemos el campeonato mundial de delitos tipificados en el código penal. Si usted mira otros campeonatos, tenemos el campeonato de restricciones para que la gente pueda recobrar la libertad. Y esto, obviamente, está afectando a Raimundo y todo el mundo, pero en especial a las clases populares, porque usted va a la cárcel y allá no encuentra una persona que pertenezca a esa aristocracia tiránica de la que le acabo de hablar. Usted encuentra es proletariado de verdad.
Una cantidad de personas que han nacido, han crecido, se han formado y viven en los sectores marginales de las ciudades. De manera que también hay una marcada tendencia de aplicar la justicia con criterio de clase. La oligarquía de Colombia administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley. Por supuesto, para ellos la única solución es cárcel y más cárcel. Recuerde lo que decía el ex candidato presidencial Enrique Peñalosa Londoño en uno de sus debates: Que este país solucionaba sus problemas construyendo más cárceles. Imagínese usted semejante propuesta para mejorar la Justicia en Colombia, cuando es al revés.
Recuerdo de alguna manera que el humanismo socialista que pregonaba la Unión Soviética –por ejemplo– entre los propósitos tenía la eliminación de las cárceles y la pena privativa de la libertad, pero como la Unión Soviética se hundió en su propósito de realizar lo que se había convenido y que tenía como proyecto político, entonces solamente nos queda el recuerdo.
El humanismo socialista fundado por la Unión Soviética sigue vigente, pero en Colombia no se puede aplicar porque choca con el régimen tiránico de la oligarquía en términos aristotélicos, porque es la que gobierna y, por supuesto, una de las formas de hacer control social, más el derecho penal como factor de control social. Por eso lo aplican con la brutalidad y deshumanidad con que se está aplicando en este momento.
—Una apelación que tiene tiempos definidos legales para ser resuelta, resulta que pasan años y no pasa nada, razón ni chica ni grande…
—Ese es uno de los problemas que tenemos que afrontar y lo estamos enfrentando. Desafortunadamente consecuencia de estas situaciones del hacinamiento carcelario. ¿Qué es lo que sucede? Que es tal la cantidad de delitos; por eso le digo que tenemos el campeonato mundial de tipos penales. Es decir, de delitos perfectamente clasificados en el código penal. El campeonato mundial con una cantidad de delitos. En Colombia todo es delito. Por donde saquemos la cabeza hay delitos. Eso ha hecho que los juzgados y los entes administradores de justicia estén sobrecargados.
Y frente a eso, dicen algunos teóricos con muy buen juicio que la justicia debe ser pronta y cumplida, lo dice la Constitución. Pero entre nosotros la Justicia es recargada. Dicen que cuando hay mora o recargo en la Justicia, esa situación se convierte en injusticia. Y esa injusticia se está cometiendo desde el Estado.
¿Cómo la remediamos? Solo cuando el pueblo asuma el poder soberanamente como lo indica la Constitución, porque de resto será una clase definitivamente aplicando el derecho en contra de los demás. Aquí los únicos que aplican el derecho –repito– es la oligarquía con un régimen que, siendo aristocrático, se ha convertido en oligarquía que es una verdadera tiranía de unos pocos contra la mayoría. Eso es lo que tenemos y ese es el régimen que estamos viendo, pese a los postulados de la Constitución de 1991.
