Las capuchas y las ruanas no son delito

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Diego Alejandro Martínez

La acciones recientes de violencia estatal dirigidas especialmente en contra de sectores campesinos y organizaciones sociales, quienes encarnaron inmensos contingentes humanos en contra de un modelo desigual e inequitativo, fenómeno conocido como Paro Nacional Agrario y Popular, reflejan el verdadero contenido de clase del actual conflicto social que vive el país.

Capucha 2

Las clases dirigentes, de manera arrogante, han decidido dar una respuesta militar a los reclamos de la gente, siguiendo los pasos de la histórica doctrina contrainsurgente del Estado colombiano, en su nueva edición conocida como “Política de Seguridad Ciudadana”. Este histórico modelo de violencia, impulsado por los manuales de instrucción para las Fuerzas Militares, que tuvieron como máximos exponentes a figuras como el general Landazábal Reyes (Mindefensa 1973-1975), hoy cuentan con relevos musculosos de militarismo, como el actual ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

Nos enfrentamos a un nuevo laboratorio de la violencia, donde se ha reinstitucionalizado el “terrorismo de Estado”, con antiguos y sutiles métodos de disuasión.

Por un lado, con las legislaciones restrictivas de las libertades ciudadanas, con el actual “modelo palomínico” de seguridad ciudadana, con el Esmad, la brutalidad y los tanques de guerra en las ciudades; en segundo lugar, con las detenciones masivas y judicializaciones, (alrededor de 690 personas detenidas y 60 judicializadas durante el pasado paro agrario), entre ellas la del dirigente social y de oposición Húber Ballesteros; y, en tercer lugar, con las amenazas construidas desde los cuarteles de la inteligencia militar hacia dirigentes del movimiento Marcha Patriótica y el Partido Comunista Colombiano; por último, con la eliminación física de alrededor de 13 personas, la mayoría jóvenes, en las pasadas jornadas de movilización.

Gran parte de los responsables de estas ejecuciones extrajudiciales correrían el riesgo de ser “juzgados” por tribunales militares, gracias a las “ventajas” de la ampliación del fuero penal militar.

Estos nuevos métodos están contemplados en un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Defensa, en el cual se dictan disposiciones en materia de persecución criminal, a través de un peligroso listado de temas dentro de los cuales se criminaliza la protesta social, a través de la ampliación de las penas del tipo conocido como de “obstrucción a vías públicas”, que ya había sido incluido en la ley de “seguridad ciudadana”. Lo nuevo es que quienes “dirijan” e “inciten” la protesta, y hagan un uso masivo de las vías serán judicializados, es decir, los dirigentes de los próximos paros y protestas sociales.

En este mismo sentido, son objeto de esta nueva forma de criminalización, aquellos que impidan su plena identificación (encapuchados), lo que, sin el menor equivoco, va contra el movimiento estudiantil. ¿Será, que no saben que históricamente el movimiento estudiantil utilizan las capuchas, porque existe el miedo de ser desaparecidos o asesinados? Como los trágicos casos de Óscar Salas, Wilman Silva y Nicolás Neira, o las expulsiones de las universidades por parte de algunos directivos universitarios.

Este panorama de reducción de las libertades y aplicación de dispositivos de control y judicialización ha tenido ilustrativos y positivos ejemplos, donde no será posible encarcelar a todos, en especial, a quienes creemos en la movilización social como máxima expresión de la democracia real. Urge el impulso de un gran movimiento social y de redes, en contra de las reducciones a las libertades democráticas, del uso excesivo de la Fuerza Pública, la criminalización y militarización de la protesta social. Así como la exigencia de la libertad para los presos y prisioneros políticos.