Las élites no pueden prohibir la movilización social
Luis Jairo Ramírez H.
La Constitución Política de Colombia, convertida en letra muerta por las clases dominantes, plantea la garantía a toda persona de expresarse y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y expresa que el pueblo puede reunirse y manifestarse públicamente.
Sin embargo el pasado 11 de septiembre el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, suplantando al ministro de Justicia, seguramente con la autorización del presidente Santos, presentó a la Cámara de Representantes el proyecto 091 de 2013 bajo la denominación: “Criminalidad y terrorismo”, que de acuerdo con lo planteado por el representante a la Cámara Germán Navas Talero establece, entre otras modificaciones, “…el tipo penal de “obstrucción a vías públicas” con penas de prisión de 36 a 60 meses, multas de 20 a 100 salarios mínimos, inhabilidad y pérdida de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión”.
También autoriza la destrucción de “los bienes, maquinaria, equipos o insumos” utilizados para la minería ilegal… dentro de las 36 horas siguientes a la solicitud motivada del fiscal ante un juez. En otro asombroso aparte, el proyecto señala que “en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas”. Y que “el infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo…”, entre otros tipos penales.
Según el ex magistrado José Gregorio Hernández: “La lectura del proyecto permite concluir que consagra penas desproporcionadas e irrazonables; que, contra la Constitución, presume la culpabilidad, niega los recursos frente a decisiones administrativas que pueden lesionar derechos fundamentales y colectivos; que se presta para la arbitrariedad; que otorga facultades desmesuradas a las autoridades administrativas; que criminaliza la protesta; que expone de manera gaseosa las conductas punibles respecto de las cuales prevé aumento de pena, y que, en general, parece un proyecto elaborado más por el franquismo que por abogados demócratas”.
Mentalidad autoritaria
La mezquindad y mentalidad autoritaria del Establecimiento llega al extremo de pretender prohibir y además judicializar la expresión pública de la inconformidad social, cuando históricamente las calles, carreteras y plazas públicas son los escenarios naturales de la protesta popular. Pretende Mindefensa Pinzón regresar al oscurantismo del estado de sitio y el estatuto de seguridad que se constituyeron en el rostro amargo de una etapa trágica de la historia del país.
¿Cuáles son hoy los escenarios físicos de las movilizaciones sociales en el mundo? En El Cairo (Egipto), la céntrica Plaza de Tahrir; en Atenas (Grecia) la histórica plaza de Syntagma, frente al Parlamento; en Madrid (España) los inconformes duraron meses apostados en la Plaza del Sol, en el centro de la ciudad; las Madres de la Plaza de Mayo llevan 30 años ocupando la plaza frente a la sede del gobierno argentino; en Washington (EE.UU) las protestas ciudadanas culminan frente a la plaza del Capitolio; las protestas en Brasil, México, Alemania, Francia y otros países se dan en marchas por las principales avenidas citadinas.
Solo a la mentalidad bárbara y medieval del engominado ministro de la guerra se le ocurre que en Colombia las calles y plazas son reservadas para los desfiles militares y las procesiones de la Semana Santa presididas por el procurador Ordóñez.
Las carreteras y plazas han sido construidas con las manos del pueblo, con los impuestos que paga el pueblo, por lo tanto le pertenecen al pueblo y ni más faltaba que ahora unas élites dominantes, soberbias y corrompidas pretendan expulsar al pueblo de espacios que le son propios históricamente.
Le faltó al Mindefensa recomendar cuántas cárceles más van a construir para recluir la inconformidad de millones de campesinos, trabajadores, mineros, profesores, mujeres, indígenas, estudiantes, negritudes, desplazados. Cuántas celdas para encarcelar la dignidad ciudadana; cuántas balas para asesinar el arrojo de un pueblo que reclama transformaciones sociales y justicia.
Ojalá a Santos no se le ocurra la idea torpe de pretender condenar a Colombia a 50 años más de guerra, porque de pronto la grandeza de nuestro pueblo le impone una insurrección de calles y plazas a punto de alzamientos pacíficos con aroma de nuevo país.
