El gobierno de Juan Manuel Santos recurre a las APP con la esperanza de que el sector privado financie la infraestructura pública y los servicios públicos que han resultado brutalmente azotados por la crisis financiera y petrolera
Jairo Rubio
Una Asociación Público-Privada (APP) es un contrato celebrado entre el gobierno y una empresa privada en virtud del cual una empresa privada financia, construye y gestiona algún elemento de un servicio público; y la empresa privada cobra a lo largo de varios años, ya sea mediante las tasas pagadas por los usuarios, o mediante pagos de la autoridad pública, o una combinación de ambos.
El concepto de APP no se utilizó antes de los años noventa, pero las concesiones han existido durante muchos siglos. El principio consistía en que la empresa privada se comprometía a invertir su propio dinero, producto de la explotación del trabajo ajeno, y a cambio el Estado garantizaba a la empresa el monopolio en el suministro de ese servicio -agua, energía, etc.- en la zona, y así la empresa capitalista podía obtener un retorno sobre el capital cobrando a los usuarios.
Las instituciones mundiales y los consultores promueven actualmente las APP en todo el mundo. Los bancos de desarrollo, los gobiernos nacionales, la UE y los organismos donantes proporcionan financiación pública subsidiada específicamente para las APP. Los países sujetos a regímenes del FMI, y del imperialismo, están siendo sometidos a presiones políticas para privilegiar la empresa privada sobre la pública.
Políticas privatizadoras
El fracaso de las políticas neoliberales de privatizar sectores del agua, energía, salud, la educación, los ferrocarriles, ha dejado claro en todo el mundo que aquellos que promueven la privatización ofrecen falsas promesas. En estos sectores de izquierda las posturas de los movimientos sociales respaldan firmemente la defensa de lo público.
Sin embargo, la privatización y las denominadas APP se vuelven a poner de moda. El gobierno de Juan Manuel Santos recurre a las APP con la esperanza de que el sector privado financie la infraestructura pública y los servicios públicos que han resultado brutalmente azotados por la crisis financiera y petrolera; entra en vigencia la llamada “regla fiscal”. Esta esperanza se ha mantenido durante mucho tiempo en el Banco Mundial y en la OCDE, y ahora está surgiendo en el G20 y en las actuales negociaciones en el seno de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la relacionada Financiación para el Desarrollo. En caso de tener éxito, la privatización podría llegar a convertirse en la política oficial de la ONU.
Todo por un nuevo país
En el contexto de la actual crisis económica y la caída de la demanda petrolera, la gravedad del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, que no apunta a soluciones económico-sociales concretas, el Gobierno Nacional se encuentra cada vez más presionado para encontrar respuestas rápidas a preguntas difíciles sobre el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y la financiación de infraestructura vial y sanitaria, entre otras.
Cuanto más se prolongue la crisis, más aumentará la presión para encontrar respuestas, pero también aumentará el riesgo de ocultar las causas principales: la acumulación acelerada del capital, la corrupción, la desregulación y la protección a la inversión privada extranjera, tal como lo anunciara el flamante ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, al precisar que para tales fines se creó la nueva corporación del BID, cuyo objetivo se centra en el financiamiento del sector privado (Minhacienda, 30 marzo de 2015).
El informe de febrero de 2015 presentado por la Federación Sindical Mundial Internacional de Servicios Públicos (ISP) explora la importancia de la inversión pública. Este informe examina las motivaciones, las capacidades, la influencia y el rendimiento del sector privado, desmitifica los oscuros procesos de las APP, que en su mayoría se esconden tras negociaciones confidenciales para proteger el secreto comercial. Por ejemplo: no hay licitación pública, numerosas promesas son falsas, y los contratos comerciales son complejos; favorecen a la empresa privada; establecen estrados de discusión extraterritorial para dirimir conflictos.
Las APP están acostumbradas a ocultar el endeudamiento público, al mismo tiempo que otorgan garantías estatales a largo plazo para que las empresas privadas obtengan beneficios. Por eso mismo es incompatible con la protección del medio ambiente y el acceso universal a servicios públicos de calidad.
Otro peligro es la imposición que realizan el Banco Mundial, el G20, la OCDE y otros organismos internacionales para apalancar a las APP, con el propósito de acceder a los billones de dólares provenientes de los fondos de pensiones, las compañías de seguros y otros inversores institucionales.
Dicho informe constituye un excelente documento de trabajo que la ISP proporciona con el fin de que se comprenda mejor la privatización y los peligros que entraña. Los movimientos sociales y sindicales pueden extraer información de este documento de referencia y aplicarla a sus contextos específicos.
El informe propone una alternativa pública a la privatización, en la que los gobiernos nacionales y locales puedan seguir desarrollando infraestructura utilizando financiación publica para la inversión, y a organizaciones del sector público para prestar el servicio. Esta modalidad ofrece numerosas ventajas para el sector público, tales como una mayor flexibilidad, control y eficiencia comparativa, debido a la reducción de los costos de transacción y a la incertidumbre del contrato, así como a las economías de escala.
Finalmente, es nuestra tarea exigir transparencia y responsabilidad a nuestros funcionarios públicos y políticos electos y crear mecanismos para la participación sistemática en la toma de decisiones.
