Las aguas turbias de Hidroituango

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Masacres en el Norte de Antioquia

Cientos de personas han sido víctimas de los grupos paramilitares que controlan el territorio aledaño en Ituango. Las denuncias señalan que la presencia de estos grupos obedece a la necesidad de mantener vivo el proyecto energético

Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada 

El proyecto Hidroituango ha sido desde la época de los años sesenta, un sueño de las familias políticas y prestantes de los antioqueños. Su único interés, beneficiarse del paso del Río Cauca.

¿A qué le llaman progreso?

En una disputa territorial, los grupos paramilitares, Bloque Mineros, ingresaron a Ituango en el año 1996, de allí sacaron a la guerrilla y con la excusa de acabarle el agua al pez, miles de habitantes vivirían una de las olas de violencia más grandes que recuerde esta parte del territorio Antioqueño. Fue en medio de esta ola paramilitar que se creó, el 31 de diciembre del año de 1997, último día del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero S.A. Fue hasta esta fecha que se le abrió paso al ‘sueño antioqueño’. En ese momento el megaproyecto es de propiedad del Instituto para el Desarrollo de Antioquia tiene el 52.89 por ciento, Empresas Públicas de Medellín y la Central Hidroeléctrica de Caldas el 46.47 por ciento, y un restante 0.64 por ciento está en poder de otros accionistas, entre públicos y privados.

Por otra parte, Colombia no puede olvidar que mientras avanzaba esta iniciativa, ascendía también el paramilitarismo que generó terror en las comunidades. Siempre se denunció desde las organizaciones sociales que la llegada de estas agrupaciones era la prenda de garantía de dicho megaproyecto. Ni las movilizaciones sociales de carácter pacífico o los llamamientos de organizaciones ambientalistas tuvieron un tratamiento digno, ‘los paisas de bien’ en cabeza de los gobiernos departamentales de turno, de las mano de la Empresas Públicas de Medellín, actuaron de manera indiferente a quienes se oponían a esta intervención ambiental. En varios momentos y por medio de la fuerza pública, se atropelló a quienes mostraban oposición al proyecto, así mismo se hicieron señalamientos contra líderes de la región, entre otras, de ser parte de grupos insurgentes. Las amenazas, así como desapariciones forzadas, asesinatos, etc. se desarrollaron con más fuerza en los años 90.

Evidencia sin justicia

Estos altos índices de violencia, misteriosamente, se perpetraron en lugares aledaños a Hidroituango, lo que generó mucha preocupación para la Fiscal 15 de Justicia y Paz. Según documentación de la fiscal, entre 1996 y 1998 se perpetraron por lo menos 15 masacres en los municipios de influencia de la futura hidroeléctrica. Tres de las primeras masacres ocurrieron en el año de 1996; luego en 1997 se presentarían cuatro más, y para el año de 1998, se realizaron ocho asesinatos masivos.

Masacre del Aro, en la impunidad

Uno de los casos emblemáticos que encarna una de las tragedias más dolidas es la de la masacre del Aro. Según expresó el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, en audiencia de versión libre, el 16 de noviembre de 2008, esta fue una tragedia planeada. De cuatro helicópteros que sobre volaban la zona, uno de ellos pertenecía a la Gobernación de Antioquia. Este helicóptero había sobrevolado el lugar mientras se perpetraba la masacre entre los grupos paramilitares conjuntamente con miembros de la IV Brigada del Ejército nacional en el corregimiento de El Aro, ubicado en el municipio de Ituango para el año de 1997.

El mismo paramilitar aseguró que el Secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia y amigo cercano de Álvaro Uribe Vélez, el señor Pedro Juan Moreno, tenía conocimiento de que se iba a perpetrar dicha masacre. 300 familias que habitaban allí fueron testigos de esta violencia, los paramilitares ingresaron a sus viviendas, negocios y demás, violaron a las mujeres, desvertebraron a varias personas y otras más fueron asesinadas. Quienes sobrevivieron lograron escapar con el penoso recuerdo de ese 23 de octubre cuando les cambió la vida.

Este jefe paramilitar, manifestó que el mismo Secretario de Gobierno había participado en diversas reuniones con el fin de planificar la puesta en marcha de las denominadas “Convivir”.

Otra de las masacres se llevó a cabo, tal y como se registra en los procesos de investigación de Justicia y Paz, en la finca La Carolina, a una hora de las propiedades de Santiago Uribe, hermano del ahora senador Álvaro Uribe, y en donde además se evidenció que operaban Los 12 Apóstoles. Allí, se ensañaban con las prostitutas, los mendigos o los que llevaban el cabello largo, jóvenes de la diversidad sexual, entre otros. Las demandas y los llamados para que la justicia mirara hacia ese lado fueron muchos, pero las soluciones y respuestas muy pocas. Ambos hermanos en este momento están siendo investigados por presuntos lazos con el paramilitarismo sin que las investigaciones avancen.

Por otro lado, y de acuerdo con la organización Ríos Vivos, más de 640 personas desaparecidas forzosamente quedarían bajo el caudal del río, este sería el precio que han tenido que pagar cientos de familias para garantizar 2.400 megavatios de energía. Además, los 12 municipios que se ven afectados por el gran embalse abarcan 79 kilómetros de largo. Entre estos municipios están Sabanalarga, Briceño, Valdivia y Toledo.

En términos generales, las poblaciones afectadas por este tipo violencia, fueron las concentradas en los municipios de Ituango, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Briceño, Olaya, Yarumal y San Andrés de Cuerquia, entre otros. Después de esta siniestra ola de masacres, llegaron, tal y como lo registraron los medios y organizaciones de defensoras de derechos humanos, asesinatos selectivos de líderes y campesinos de la región. Ya era el año 2002 y para entonces el exgobernador que abrió pasó a la asociación promotora de Hidroituango era presidente de la República.

La fiscal Patricia Hernández, quien instó a la investigación por la presunta relación entre el megaproyecto y la existencia de los grupos paramilitares en la región, aseguró: “el principal obstáculo para este proyecto fue la presencia de la guerrilla. En 1996 entró el Bloque Mineros a Ituango y justo dos años después se constituyó la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero S.A.”.

La magistrada que presidió la legalización de los paramilitares, también enfatizó en que “es muy importante conocer quiénes fueron los primeros dueños de las acciones que luego compraría el Idea, la Gobernación de Antioquia y EPM”. De allí salió la orden para la fiscal, a que investigue quiénes eran los dueños de las acciones que adquirieron las instituciones con el objetivo de rastrear el origen de los vendedores y que podría estar de por medio en esta venta de los predios.

En términos generales, la magistrada solicitó a la Fiscal 15 identificar “quiénes son esos otros accionistas” y que relación tenía con los grupos paramilitares y quienes se vieron beneficiados.  Finalmente, la Fiscal 15 de la Unidad de Justicia y Paz que llevaba la indagación, fue trasladada al Caquetá, y la investigación quedó coja.

Organizaciones como Ríos Vivos, han insistido públicamente en que se debe conocer la verdad sobre estas acciones que mancharon con sangre la historia del departamento, “Nos gustaría saber si los paramilitares y la construcción de la represa están conectados”.

Los últimos líderes asesinados

Mientras se insiste desde el establecimiento que los grupos paramilitares han dejado de existir, las organizaciones sociales insisten en que estos grupos no solo no se desintegraron, sino que siguen funcionando y generando terror en las comunidades. Estas acciones de violaciones a los derechos humanos se agudizaron entre el 2017 y el 2018, diversos líderes han vuelto a ser víctimas de amenazas, pero así mismo, de asesinatos selectivos, particularmente, aquellos líderes que se agrupan en la organización social Ríos Vivos.

En menos de seis meses, dos líderes de esta organización que se ha enfrentado al mega proyecto de Hidroituango, fueron asesinados. Se trata de Hugo Albeiro Georgio Pérez y Alberto Torres. Estos asesinatos se presentaron de manera paralela a las denuncias por una presunta emergencia ambiental en la zona desde inicios de este año, situación que efectivamente se dio, mientras que la secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, ha descalificado en reiteradas ocaciones a esta organización y a sus dirigentes. Por su parte representantes de Ríos Vivos, han denunciado a nivel nacional e internacional esta clase de situaciones. Según informaron, se ha denunciado ante la CIDH, la preocupación de la sociedad civil y la gravedad de las constantes violaciones de los derechos humanos en contra de esta organización y la comunidad en general.

Los comisionados de la CIDH, han pedido al Estado colombiano realizar una reunión “con carácter urgente” que integre a la sociedad civil “para trabajar el tema de protección y avanzar en la identificación de los sitios donde hay posibles cuerpos” de las personas desaparecidas que han sido víctimas durante estos años de las organizaciones paramilitares que habitan en la región.

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