viernes, marzo 29, 2024
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Las acusaciones contra Pretelt

Las altas Cortes de la justicia colombiana pasan por un mal momento

El magistrado Pretelt y su abogado Abelardo de la Espriella.
El magistrado Pretelt y su abogado Abelardo de la Espriella.

Redacción Política

El caso del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, se reactivó con la acusación hecha por la Cámara de Representantes en el caso del presunto soborno recibido por torcer un fallo de tutela.

El caso vuelve a sonar luego que el representante investigador, Julián Bedoya, esgrimiera indicios claros sobre la participación del magistrado en el delito de concusión por haber recibido un pago de la empresa Fidupetrol, por el orden de 450 millones de pesos, para emitir un concepto favorable de una tutela que de no ser así obligaría a esa compañía a pagar 23 mil millones de pesos.

La intermediación del soborno la habría hecho el abogado Víctor Pacheco, quien ofreció sus servicio a la empresa por considerarse cercano al magistrado acusado; y en efecto Pacheco hoy goza de una condena por tráfico de influencias debido a que confesó los hechos. Sin embargo, el magistrado Pretelt se defiende considerando que no recibió pago alguno para favorecer el fallo de Fidupetrol.

Los demás involucrados se encuentran inmersos en una investigación que la Fiscalía General de la Nación ha considerado con suficientes elementos de juicio para acusar a todos los participantes de los hechos, incluido Pretelt. Así lo aseguró el propio Fiscal General Jorge Perdomo, quien asistió a la Cámara de Representantes: “Vine a escuchar los argumentos de la Cámara porque tengo en mi poder los procesos de los que no tienen fuero y ver de qué manera se pueden fortalecer”, dijo Perdomo.

La historia de Pretelt por las altas Cortes no es nueva. Ha estado muy ligado al poder político y bajo el abrigo de Álvaro Uribe Vélez. Pretelt fue designado en la Corte Constitucional en el año 2009, precisamente por el expresidente, pero antes ocupó magistratura en el Consejo Nacional Electoral como representante del Partido Conservador en el año 1998; dos años más tarde fue el encargado de liderar las elecciones locales. Un año después estuvo cerca de convertirse en el Registrador Nacional del Estado civil, pero la liberal Alma Beatriz Rengifo le ganó la partida.

En 2003 perdió el pulso para ser fiscal general con Mario Iguarán. Pretelt era la ficha del expresidente Uribe para imponer nuevamente un fiscal de bolsillo. La elección de Iguarán, fue el comienzo de la caída en picada de las Cortes, por denunciarse un supuesto pago de los paramilitares a los magistrados a cambio de la elección de un fiscal cercano a su proceso de desmovilización. La cooptación del paramilitarismo a las Cortes fue la conclusión de la opinión pública en aquella época.

Ahora Pretelt intenta defenderse aplicando la estrategia de desprestigiar al representante investigador por el caso Fidupetrol. Sin embargo, sobre sus hombros tiene otras investigaciones de mayor calado. El pasado año el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín sacó del mercado una de las fincas de la familia Pretelt Patrón, ubicada en inmediaciones de Urabá, por estar vinculada a investigaciones sobre un presunto despojo de tierras a campesinos. El predio La 35, que según el magistrado había sido comprado por su padre y su esposa de buena fe, eran producto de un despojado por parte de paramilitares de la zona. Se investiga sí dicha compra fue ficticia y si el despojo había sido premeditado.

La historia es macabra. Según el portal de información Verdad Abierta, el predio No Hay Como Dios, tiene una historia dramática para la familia Padilla, campesinos del Urabá antioqueño que fueron asesinados entre 1994 y 2013 por orden de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, para quedarse con esa propiedad. Así lo declararon los jefes paramilitares Mancuso desde los Estados Unidos y alias Monoleche ante Justicia y Paz.

El abogado poderoso de Córdoba, Jorge Pretelt sigue sin explicar la obtención de esa finca y su relación con las acciones paramilitares realizadas allí mientras él tenía una ascendente carrera política y jurídica de la mano de Álvaro Uribe Vélez.

Lo que sigue en el caso Pretelt es el juicio político en el Senado. Allí ya se definió como instructor de la causa, es decir el juez que conducirá el juicio al copartidario ideológico de Pretelt, el senador José Obdulio Gaviria. La opinión política reclama justicia. “Las calidades de los altos magistrados en Colombia deben ser impolutas. Nunca su dignidad puede estar al servicio de la mafia. Caso Pretelt deja sin legitimidad la justicia”, preciso la presidenta de la Unión Patriótica Aída Avella.

Las bancadas en el Congreso ya tienen cantada su decisión: Cambio Radical apoyará al magistrado acusado. El partido del Presidente la mayoría de congresistas le dará una mano al magistrado y no votarán la acusación. El Partido Conservador seguirá firme del lado de magistrado. Solamente los verdes, el Polo Democrático y algunos liberales apoyarán el traslado del expediente a la Corte Suprema de Justicia. El caso Pretelt es un pulso político con antecedentes criminales.

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