La violencia es sistemática

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Carlos A. Lozano Guillén
@carloslozanogui 

Lo dice el presidente Juan Manuel Santos, lo repiten los ministros del Interior y Defensa y hasta el director de la Unidad Nacional de Protección, organismo que debe brindarle seguridad a los ciudadanos amenazados: “el baño de sangre, el exterminio de dirigentes y activistas de la izquierda, de organizaciones humanitarias, sociales y populares, no es sistemático y obedece a diferentes realidades nacionales, son casos sin relación unos y otros”. Insisten en la falacia a pesar que los pronunciamientos y reivindicación de la violencia por los paramilitares (Bacrim les dicen en el Gobierno) señalan lo contrario. Al igual que hay otros indicios que dirigen la mirada a funcionarios que al parecer no renunciaron al terrorismo de Estado.

Mientras insistan en desconocer la sistematicidad de la agudización de la guerra sucia y de la violación de los derechos humanos, no habrá el rigor ni la contundencia en la acción del Estado para impedir y desmontar la campaña violenta, que se incrementó en las últimas semanas. Los responsables, según las realidades regionales que por supuesto hay que considerar en el análisis de los hechos, son los paramilitares y la Fuerza Pública. En Tumaco, por ejemplo, todos ellos participan, porque los paramilitares cometen crímenes selectivos y la Fuerza Pública perpetra masacres como la de los campesinos de hace dos semanas, que a esta hora no se conoce con certeza siquiera el número de los muertos, como declaran los testigos. No sirve tampoco la acción dilatoria de la Fiscalía, que busca desviar las investigaciones y acude en últimas al “cuentazo” de que las armas que utilizaron los criminales son de uso privativo de la fuerza pública, pero que “es necesario investigar bien porque 14 de ellas fueron robadas y quizás están en poder de las Bacrim o de los guerrilleros disidentes”(?).

La Defensoría del Pueblo y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU han expresado inquietudes porque conocieron la situación en el terreno. Es más, fueron víctimas de un ataque de la policía cuando se dirigían al lugar de los hechos y por ende existe la sospecha de que los uniformados estaban contaminando y alterando las pruebas.

Sectores de la fuerza pública y del Ministerio de Defensa, continúan actuando como siempre, con el mayor cinismo y arbitrariedad. Se protegen en las anacrónicas concepciones anticomunistas de la seguridad nacional. Esta sigue siendo parte de la doctrina castrense para enfrentar los conflictos sociales. Es evidente el saboteo de algunos altos mandos y del Ministerio de Defensa a la implementación del Acuerdo de La Habana. Lograron la dejación de las armas y las FARC-EP ya no existen como guerrilla, para qué cumplir con las reformas, es la lógica absurda. Santos sigue al vaivén de las concesiones.

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