viernes, marzo 29, 2024
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La UP de nuevo en la palestra política, pero sin garantías

Elecciones antidemocráticas, corruptas que desdicen del Estado social de derecho que proclama la Constitución Política de Colombia. Mientras el presidente Juan Manuel Santos adelanta diálogos en La Habana quiere dar lecciones de democracia en el continente, sin tener autoridad moral para hacerlo.

La Unión Patriótica adelanta la campaña electoral sin garantías y sin condiciones iguales a los partidos del establecimiento.
La Unión Patriótica adelanta la campaña electoral sin garantías y sin condiciones iguales a los partidos del establecimiento.

Hernando López

Mediante sentencia del Consejo de Estado de julio de 2013, sección V, considerada histórica en los medios de comunicación, políticos y académicos, le fue restituida la personería jurídica a la Unión Patriótica, de la cual fue despojada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en 1992, porque perdió toda presencia en las corporaciones públicas y legislativas. El CNE no tuvo en cuenta el genocidio a que fueron sometidos sus integrantes, también dirigentes del Partido Comunista, que condujo al exterminio sistemático y al magnicidio de casi todos sus miembros elegidos al senado, la cámara, las asambleas departamentales, concejos municipales y alcaldes en varios departamentos, así como de un grueso número de sus integrantes que se calcula en 5.000, en hechos en que participaron miembros del Estado (fuerza pública y organismos de seguridad), políticos nacionales y regionales, empresarios, ganaderos y latifundistas.

Fue el genocidio de toda una organización política, algo insólito. Por primera vez los organismos internacionales e interamericanos de derechos humanos, se enfrentaron a la demanda emprendida por la Corporación Reiniciar contra el Estado colombiano como responsable del mismo. No se había conocido antes un delito calificado como tal en el concierto de las naciones.

El genocidio de la Unión Patriótica y del Partido Comunista echó por tierra la falacia de la democracia colombiana. ¿Cómo puede ser democrático un Estado en el que se borra del mapa a toda una colectividad política? Se convirtió en un escarnio para la casi inexistente democracia colombiana, aunque desde los gobiernos de turno y algunos académicos despistados y “colombianólogos” de nombre lo justificaron con el ridículo argumento de la “combinación de las formas de lucha” y de la mezcla de armas y política como si a Jaime Pardo Leal, Manuel Cepeda, José Antequera y a todos los 5.000 asesinados los hubieran ejecutado en un campo de combate y no en actividades políticas públicas y sin armas.

Caso especial e histórico

Para el Consejo de Estado las razones de tiempo, modo y lugar no se tuvieron en cuenta a la hora de despojar a la Unión Patriótica, en 1992, de la personería jurídica. Lo calificó de caso especial e histórico. Al tiempo que criticó de forma severa la arbitraria resolución del CNE.

Con la restitución de la personería jurídica se abrió una nueva esperanza para la Unión Patriótica y sus adherentes, incluyendo al Partido Comunista. Aída Avella, durante 17 años en el exilio, desde cuando sufrió un ataque criminal con un disparo de bazuka, regresó al país en octubre de 2013, en medio de una agitada y corrupta campaña electoral, como las son todas en Colombia. Sin embargo, la Unión Patriótica decidió participar en las elecciones legislativas, en marzo de 2014 y en las presidenciales, en junio del mismo año, en cuya segunda vuelta, después de unos brillantes resultados en la alianza con el Polo Democrático Alternativo, decidió con otros sectores de izquierda, apoyar a Juan Manuel Santos ante el evidente peligro que saliera victorioso el candidato uribista lo que significaría un peligro para los diálogos de paz de La Habana.

Pasadas las elecciones, con resultados aceptables, el CNE quiso arrebatarle de nuevo la personería, pero el Consejo de Estado, emitió un pronunciamiento de fondo ante la consulta del Ministerio del Interior. Para el ente judicial el tiempo de espera debe ser razonable para tomar una decisión al respecto y lo fijó hasta las elecciones de 2018. Hasta entonces, la UP puede participar en elecciones, se supone que en plano de igualdad con los partidos del establecimiento. No ha sido así, porque el CNE se negó a darle los dineros dejados de percibir durante el tiempo en que de manera ilegal le arrebataron la personería de conformidad con la decisión del Consejo de Estado. Para el politiquero CNE la UP es un partido de segunda, una especie de agregado incómodo en el régimen bipartidista que pervive en Colombia.

Todo igual

Con fuerzas renovadas y adelantando una política de alianzas en varios departamentos y capitales, como en Bogotá con el PDA para respaldar a Clara López Obregón a la Alcaldía y cerrarle el paso a la derecha que amenaza con arrebatarla a la izquierda. Aunque Aída Avella consciente de la realidad política del país y de la distorsión democrática, asegura que “las campañas se adelantan con todos los vicios iguales a cuando abandonó el país hace 17 años”. Y tiene razón. Es como si el tiempo no pasara en Colombia. Elecciones bajo la violencia de poder, gabelas a los partidos del establecimiento, mafias que se alinean con uno u otro partido para apoderarse del ponqué presupuestal, represión oficial y persecución a la oposición. Varios candidatos y candidatas de la UP y sus aliados están detenidos, impidiendo su campaña, entre ellos Mariano Grueso, candidato a la Alcaldía de Guapi con posibilidad de ganar y Juan Fernando López al Concejo de Barrancabermeja.

Ciento cuarenta candidatos de los partidos de la Unidad Nacional y del Centro Democrático son herederos de las parapolítica, con procesos judiciales en marcha, otros tienen relación con las mafias regionales y nacionales privadas, de contratistas que se aprovechan del erario. No hay elecciones atípicas sino antidemocráticas, corruptas que desdicen del Estado social de derecho que proclama la Constitución Política de Colombia, siempre han sido así. Mientras el presidente Juan Manuel Santos adelanta diálogos en La Habana quiere dar lecciones de democracia en el continente, sin tener autoridad moral para hacerlo. La UP está en la palestra política otra vez, pero sin garantías, con el mismo tratamiento violento y represivo. Es la realidad.

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