jueves, marzo 28, 2024
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La tributación en el gobierno Santos

La tendencia es a favorecer y estimular los capitales de la gran burguesía colombiana y extranjera, descargando un peso importante del recaudo sobre los trabajadores y las mal llamadas “capas medias”.

Ilustracion impuestos

Nelson Fajardo

La reforma tributaria que el Gobierno Santos pretende implementar está compuesta de un paquete de siete medidas impositivas, así: el impuesto a la riqueza, sobre la renta para la equidad, la sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad, el impuesto sobre la renta, el impuesto complementario de normalización tributaria al impuesto a la riqueza, el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) y otras disposiciones.

Al observar detenidamente el paquete, llama la atención que la mayoría de las medidas buscan el retorno a la redistribución de la riqueza, en un país donde ésta es altamente concentrada y los ricos no se caracterizan por ser altruistas ni samaritanos.

Así, por ejemplo, el impuesto a la riqueza, para personas naturales como para personas jurídicas, de entrada muestra sus desequilibrios. En el caso de las personas jurídicas que tengan un patrimonio neto superior a mil millones de pesos a 1 de enero de 2015, se aplicarán, durante los tres primeros años, tarifas entre 0,20%, 0,35%, 0,75% y 1,15%, para el 2015. Para el año siguiente, 2016, las tarifas disminuirán a 0,05%, 0,10%, 0,20% y 0,40%.

Mientras las tarifas son regresivas para este caso, para las personas naturales la tarifa será progresiva, y dependiendo del valor patrimonial, estará entre 0,12%, 0,35%, 0,75% hasta 1,50%. Dichos porcentajes serán constantes durante los cuatro años. Queda claro, entonces, que los más ricos, es decir: las personas jurídicas, aportarán menos que el ciudadano de a pie.

Con respecto al “impuesto sobre la renta para la equidad”, llamado CREE, la reforma establece una tarifa permanente de 9% para 2015 y años subsiguientes. A ello se agrega el descuento de impuestos pagados en el exterior, cuando se reciban ingresos de fuente extranjera, siempre y cuando se pague el impuesto a la renta respectivo en los países donde se obtuvieron las rentas.

También se crea un beneficio para los consorcios y uniones temporales, exonerando de pagos parafiscales a quienes devengan hasta 10 salarios mínimos; pero a renglón seguido se crea una sobretasa al impuesto para la equidad CREE, cuya base es la misma del CREE. Sobretasa que correrá entre los años 2015 y 2018 y se aplicará para utilidades fiscales superiores a 800 millones de pesos con una tarifa del 5% para el 2015, 6,0% para 2016, 8,0% para 2017 y 9% para 2018.

Estas y otras medidas impositivas dejan clara la tendencia continuista del Gobierno Santos de favorecer y estimular los capitales de la gran burguesía colombiana y extranjera, descarga un peso importante del recaudo sobre los trabajadores y las mal llamadas “capas medias”.

Los recursos obtenidos por esta vía, seguramente, irán a la financiación del Estado con sus déficits fiscales y la enorme presión que ejercerán sobre las finanzas estatales, los resultados de los diálogos de paz, si se llega a los acuerdos definitivos y refrendados por la asamblea nacional constituyente. Recordemos que no hay claridad sobre el costo real de las reformas derivadas de la etapa posterior a los acuerdos, pero se calculan entre 60 billones y 180 billones de pesos para un período de diez años.

Este comportamiento del Estado colombiano evidencia una enorme improvisación, que busca resolver los problemas del momento, con reformas tributarias cada 18 meses; sin alcanzar soluciones profundas ni estructurales que mejoren realmente la equidad y la evasión, aspectos a los que se les da poca importancia como mecanismo importante para recoger recursos necesarios para una nación que, siendo realmente burguesa, no requiere de estar gravando con impuestos a los contribuyentes, en especial a los ciudadanos, en su consumo directo, ni a los sectores populares, que siguen cargando con un porcentaje muy alto de la carga impositiva.

Así, la ley 1739 del 23 de diciembre de 2014, “por medio de la cual se modifica el estatuto tributario, la ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones”, aplazada por el Congreso de la República para su aprobación, será revivida y ajustada en función de los intereses del capital y su Estado; éste último en la búsqueda de una modernización autoritaria, que descarga su peso sobre los de abajo.

Así que la palabra “equidad” es una falsedad ideológica y un eufemismo, tras del cual se pretende aparentar un sistema redistributivo y democrático, en lo social y lo económico.

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