La Corporación Reiniciar valora positivamente la decisión del Consejo de Estado que anula las resoluciones 5659 y 7477 de 2002 del Consejo Nacional Electoral, que declaró la pérdida de la personería jurídica de la Unión Patriótica excluyéndola de la escena política.
La Unión Patriótica “nunca perdió su personería jurídica” y “la conserva”, señala el comunicado de prensa del Consejo de Estado. Esto debe significar que las violaciones provocadas por la supresión de la personería jurídica a la UP no pueden prolongarse, no pueden mantenerse en el tiempo, así como todos los efectos de exclusión durante estos años. Obliga a la puesta en marcha de acciones afirmativas que permitan de manera efectiva la inclusión de la UP en el espectro político democrático del país en forma inmediata. Ahora sí, brindando todas las garantías para que puedan participar en igualdad de condiciones con los otros partidos políticos.
Es muy esperanzador, en un Estado de derecho, que finalmente el Consejo de Estado haya reconocido la ilegalidad e injusticia de la decisión que excluyó al partido político de la Unión Patriótica del escenario político y democrático por más de una década sin haber tenido en cuenta la grave persecución de la que era objeto.
Desde el 2002, el presidente de la Unión Patriótica, Mario Upegui (Q.E.P.D), había hecho uso de los mecanismos legales de impugnación contra las decisiones del Consejo Nacional Electoral, sin que hubieran sido admitidos sus argumentos por parte del Consejo de Estado. La posterior reclamación que Jaime Araújo Rentería y otros ciudadanos presentaron ante el Consejo de Estado ha dado sus frutos y esa es una buena noticia para el país democrático.
La decisión del Consejo de Estado constituye un punto de partida para la concreción de principios constitucionales fundamentales que han sido negados a quienes han creído en un proyecto político incluyente, pluralista y democrático, como lo ha sido la Unión Patriótica desde su constitución jurídica en 1986.
La reparación integral por la persecución sistemática y generalizada ejercida contra la Unión Patriótica durante más de dos décadas, como lo declaró el magistrado Alberto Yepes, “es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien se pronunciará sobre ese particular aspecto”, refiriéndose a la demanda interpuesta por la Corporación Reiniciar ante dicha instancia por el genocidio contra la Unión Patriótica.
Esto significa que el restablecimiento de la personería jurídica, aunque importante, no es suficiente para reparar integralmente a las víctimas, sus familiares y al partido político Unión Patriótica.
Un país que se piensa en paz, en democracia y que está buscando salidas para resolver el conflicto armado interno, tiene que “erradicar” la utilización de las armas en contra de proyectos políticos alternativos, incluyentes, plurales y democráticos como la Unión Patriótica, tal como lo señaló el Presidente de la República.
Corporación Reiniciar
