La sombra de la CPI y la implementación

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Patricia Linares, presidenta de la JEP.

Comisión de Paz del Senado facilita diálogo a JEP, Fiscalía y ONU. Por el temor a la justicia internacional, militares y terceros involucrados preferirían someterse a la JEP

Redacción política

Todos los analistas de conflictos y estudiosos de los procesos de paz coinciden en que lo más fácil es negociar y llegar a un acuerdo final, lo complejo es su implementación. El proceso de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, no es la excepción a esa regla, y por estos días de balances a casi dos años de la firma del acuerdo en el teatro Colón, a pesar de las dificultades hay motivos para la esperanza.

La reunión a puerta cerrada del pasado jueves 18 de octubre en el recinto de la Comisión Primera de Cámara, con la presidenta de la JEP Patricia Linares, el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez, el Comisionado de la Verdad, sacerdote Francisco de Roux, la jefe de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Marina Monzón; y los integrantes de la Comisión de Paz del Senado, fue de tensión entre la jefe de la justicia transicional y el ente investigador, pero muy productiva.

Reclamo de la JEP

Productiva porque aceptaron tácitamente un pacto de respeto entre las instituciones. VOZ supo que la Presidenta Linares, le dijo en la cara al Fiscal Martínez que el respeto entre las instituciones de justicia debe primar por el bien del país y del proceso de paz. Pero también le hizo un fuerte reclamo por la manera como el Fiscal Martínez, quiere superar las rencillas por los medios de comunicación y no por los canales naturales.

Linares invitó al jefe de la investigación en Colombia a tramitar las diferencias como eso, y no como rencillas. De hecho, Linares advirtió que los medios de comunicación no iban a dejar de reseñar los calificativos que usa Martínez para referirse a la JEP, por ejemplo, como que esa justicia es un “festín”.

Por eso la invitación surgida de la reunión es el impulso a una mesa de trabajo para zanjar las diferencias de apreciación que tienen las instituciones, con ocasión de la implementación del acuerdo en su componente de justicia. “Dejemos las diferencias para el lugar que corresponde”, dijo Linares.

Llega la CPI

Mesas de trabajo deberán tratar temas tan álgidos como la presencia en el país de la Corte Penal Internacional, CPI, luego que la semana pasado un miembro ese alto tribunal internacional visitara las instalaciones de la JEP y a la Fiscalía para recaudar información solicitada hace más de un año. La visita pasaría desapercibida si no fuera porque ese tribunal advirtió que ya tiene a varios generales de las fuerzas militares en su carpeta, listos para abrirles investigaciones por las violaciones de los derechos humanos en medio del conflicto.

Por eso, dicen algunos analistas consultados por este periódico, que el número de militares que acudieron los últimos días a la JEP va en aumento, así como de militares de alto rango como el exgeneral Mario Montoya que la semana pasada enfrentó su segunda audiencia para ser admitido en la Jurisdicción de Paz.

Lo mismo sucedería con los terceros involucrados en el conflicto, es decir empresarios que facilitaron o patrocinaron la conformación de grupos paramilitares, que según lo expuesto por Martínez en la reunión citada, estarían pensando en acudir de manera pronta a esa justicia especial de paz para garantizar que la CPI no tenga competencia en Colombia por falta de aplicación de justicia.

Linares tiene la misma visión que Martínez respecto a la actuación de la CPI en Colombia. Ya han recaudado información con casi cinco años de avances y a su juicio, ya estaría madura la intervención de ese tribunal en Colombia, y con ello una aplicación de justicia con estándares tradicionales que mínimo a los mandos militares de mayor peso involucrados en crímenes desdeñables terminarían con una pena tres veces superior a la que impondría eventualmente la JEP.

Terceros involucrados

Así las cosas, el mandato de la JEP para aplicar justicia en Colombia puede ahora no tener tantos enemigos. De hecho, al Centro Democrático que ganó las elecciones parlamentarias con la consigna de hacer trizas los acuerdos, no le va a quedar tan fácil cuando tenga que decirle a su base, mayoritariamente militar, que no acudan a la JEP prometiéndoles otra justicia, al tiempo que son llamados por la CPI a responder ante la justicia internacional.

Lo mismo sucede con los empresarios involucrados en el conflicto que según la génesis del acuerdo deberían acudir a la JEP pero que con la pérdida del plebiscito y la renegociación que se abrió en el año 2016, solo acudirán a esa jurisdicción de manera voluntaria. La verdad de los terceros involucrados puede impulsar la verdad de lo acontecido en el conflicto para que no se repita.

Otra de las coincidencias entre los voceros de la justicia ordinaria y transicional es que la Unidad de Investigación de la JEP pueda tener suficientes músculo para su trabajo. La unidad de investigación es débil para el cúmulo de trabajo que se avecina y el que ya tiene. Aunque la unidad de investigación es autónoma y tienen determinadas responsabilidades como lo señala el acuerdo, necesita recursos para más fiscales y más investigadores.

Visión de la ONU

Así lo piensa el jefe de la misión de la ONU en Colombia Jean Arnau: “Es inevitable que la justicia transicional esté ajena a la crítica. Pero lo importante es que las instituciones del estado estén comprometida a pesar de las dudas de los participantes de la guerra y las víctimas. Lo importante es que la justicia transicional tenga la capacidad de sobrellevar esa carga enorme de responsabilidad y aflojar las tensiones. El Consejo de Seguridad de la ONU apoya la justicia especial para la paz y así lo ha manifestado”, señaló Arnau.

Apoyo estatal

Por otro lado, está la base guerrillera y las expectativas de los acuerdos de paz en cuanto a la reincorporación social y económica de cada uno de los excombatientes. Hoy por ejemplo, de los 17 proyectos productivos aprobados por las instancias institucionales para ser financiados en el marco del posconflicto, solo dos están funcionando y con ellos beneficiando económicamente a 82 excombatientes a falta de casi 6 mil más que esperan en los espacios territoriales la luz verde del gobierno para arrancar sus proyectos económicos colectivos.

Pero eso tiene que ver con otro asunto importante para la ONU, la paradoja de la paz: la ausencia del Estado en los territorios escenarios de guerra y que debían ser copados no solo por la fuerza pública sino por los aparatos del Estado que les entreguen a esas comunidades soluciones a sus problemas. Contrario a ello, las organizaciones paramilitares y narcotraficantes son las que ocupan esas porciones de territorio.

No obstante, la ONU sigue empeñada en que la situación de un giro radical y la voluntad política del gobierno nacional le permita a las comunidades y los excombatientes cumplir las expectativas sembradas tras la firma del acuerdo de paz.

“Si se puede resumir el desafío del proceso de paz es dar certidumbre a los excombatientes, el apoyo a la justicia transicional desde todas las vertientes políticas y el traslado a las áreas de conflictos de los dividendos de la paz”, anotó Arnau.

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