Para el Gobierno el sostenimiento fiscal de los intermediarios está por encima de la vida
Gloria Inés Ramírez Ríos
Senadora de la República por el PDA
Desde diferentes sectores se estaba demandando del Gobierno Nacional una reforma estructural del sistema de salud de corriente neoliberal, implementado por la ley 100 de 1993 y característico por la privatización del servicio, la intermediación financiera y la mercantilización del derecho fundamental a la salud; pero lo que propuso el Gobierno, de acuerdo con el objeto de su proyecto de ley, es una “redefinición” del sistema que profundiza en las tres problemáticas anteriores, sólo que con diferentes nombres para que como la paradoja expuesta por Giuseppe Tomasi di Lampedusa: todo cambie para que todo siga igual.
Acorde con lo anterior, la concepción de salud del Gobierno Nacional desconoce su desarrollo jurisprudencial como derecho fundamental por lo que el proyecto de ley no hace una sola mención en este sentido; al tiempo que la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS) está completamente ausente, pese a ser reconocida como la médula del sistema por su énfasis en la promoción y prevención en salud.
Así pues, con toda claridad hay que decir que el proyecto de ley ordinaria de salud del Gobierno ahonda en la privatización del servicio, la intermediación financiera y la mercantilización del derecho a la salud, por múltiples razones, pero en especial por las siguientes:
Continúan las barreras de acceso al sistema y la distinción entre ricos y pobres
Pese a los principios formales de igualdad y equidad, el servicio de salud sigue estando atado a la capacidad de pago; los ahora gestores podrán seguir cobrando copagos y cuotas moderadoras, obstáculos para que los colombianos de escasos recursos reciban la atención.
Adicionalmente y pese a 20 años de transitoriedad para que los regímenes subsidiado y contributivo se hubieran unificado, la injusta segmentación entre pobres y ricos continúa, con la excusa de que la reforma tributaria se quedó corta en garantizar la financiación de un solo régimen; pero por si fuera poco, se fortalece la medicina prepagada o complementaria, a la que se espera que migren las personas de clase media y alta que pueden pagarla.
Escasa participación social y transparencia
La participación social se canaliza a través de personas jurídicas debidamente constituidas, no se establece su carácter vinculante, los mecanismos de participación no son claros y está ausente de centros de poder o decisión tan importantes como el órgano de administración del sistema: Salud-Mía, que se encargará de la afiliación, recaudo y distribución de aproximadamente 36 billones de pesos anuales (según cálculos de Germán Fernández, vicepresidente de la Federación Médica Colombiana).
Desvergonzada privatización de los recursos de la salud
Contrario a lo que ha dicho el ministro de Salud de dientes para afuera cuando ha criticado las canchas de golf construidas con recursos de la salud, su proyecto de ley establece abiertamente en el literal x del artículo 4 y en el artículo 42 que los recursos de la salud son públicos hasta que se transfieren de Salud-Mía a los agentes del sistema, lo que da vía libre a todo tipo de inversiones que nada tienen que ver con la salud y que solo engrosan las arcas de los intermediarios del sistema.
¡No es cierto que se acabe la intermediación financiera!
El caballito de batalla que han utilizado el ministro de Salud y el presidente de la república para vender este proyecto de ley ordinaria a la ciudadanía es que las EPS, ahora gestoras, ya no manejarán los recursos de la salud: falso de toda falsedad.
El Gobierno a su libre arbitrio fijará el inicio de operaciones de Salud-Mía según el artículo 13 y mientras esto sucede las actuales EPS y los gestores tendrán las funciones de afiliación, recaudo y administración de los recursos de la salud (parágrafo artículo 27), es decir: continuarán con la intermediación financiera.
Pero aun cuando entre en vigencia Salud-Mía los gestores recibirán, directamente por lo menos, los siguientes recursos: copagos y cuotas moderadoras cobrados los usuarios; una fracción del valor per cápita (anterior UPC); un porcentaje de los excedentes derivados de la gestión del valor per cápita (cuando se deberían reinvertir en su totalidad en el sistema de salud); una cuota de administración por el pago de las licencias y, finalmente, los recursos que se giren directamente a las IPS con que estén integradas verticalmente en el nivel básico de atención en salud.
Cambio de traje de las EPS
Por más que le cambien el nombre de EPS, a GSS, lo cierto es que el proyecto de ley está diseñado para que aquellas se transformen en gestores. Gravemente, se observa que les imponen la condición de estar al día con las obligaciones del sistema, pero no se establece que por ello deba entenderse el pagado efectivo del pasivo y con sus propios recursos.
Desde la ley de cuentas maestras se viene allanando el camino para que el Estado, con recursos de todos los colombianos, se subrogue en el pasivo que tienen las EPS con las IPS, sin exigirles el mínimo esfuerzo ni prever mecanismos claros y efectivos para que paguen posteriormente el dinero, en esto es diáfano el parágrafo del artículo 62 del proyecto de ley.
Adicionalmente, la propuesta del Gobierno carece de causales de inhabilidad para que las EPS puedan transformarse en gestores, basadas, por ejemplo, en haber sido sujetos de medidas administrativas especiales, en el número de tutelas interpuestas por servicios POS, en la baja calificación de los usuarios, en recobros indebidos, etc., mandando el mensaje claro de que la ineficiencia, los delitos contra el patrimonio público y, en últimas, negociar con la salud, pagan.
Precarización del trabajo del personal en salud
Se faculta extraordinariamente al Gobierno para expedir mediante decretos con fuerza de ley el régimen laboral para los servidores de las ESE nacionales y territoriales, entre otros con el fin de: “hacer sostenibles las Empresas Sociales del Estado”, respetando los derechos adquiridos, con lo que se prevé desde ya la intención de desmejorar las condiciones de estos servidores en la misma línea de todas las reformas laborales y de seguridad social del Gobierno. En lo que respecta a las IPS privadas hay silencio absoluto sobre la dignificación del trabajo, la seguridad laboral, la contratación directa, la autonomía médica, la capacitación permanente, etc.
El proyecto de ley ordinaria de salud del Gobierno no nos deja como estamos, profundiza en la privatización, en la intermediación financiera y en la mercantilización del derecho fundamental a la salud; por ello hago un enérgico llamado a la movilización ciudadana desde todos los sectores para que unidos logremos el hundimiento de esta iniciativa en el Congreso como lo fue en su momento la reforma a la justicia y la reforma a la educación y se obligue al Gobierno Nacional y a su bancada parlamentaria a escuchar el clamor generalizado por un sistema de salud diferente, equitativo, de calidad y garantizado por el Estado.
