La represión del incumplimiento y una nueva movilización estudiantil

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Movilización estudiantil en Bogotá. Foto Boris Orjuela.

El próximo 10 de octubre está convocada una jornada de movilización nacional del movimiento universitario en contra de la corrupción, por la exigencia del cumplimiento de los acuerdos suscritos con el gobierno de Iván Duque y contra la brutalidad policial ejercida por el Esmad, que ha dejado en las últimas semanas varios manifestantes heridos

Fabricio Muñoz – Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios

El gobierno de Iván Duque se ha caracterizado por dos lógicas en lo correspondiente a la solución de los conflictos sociales, estudiantiles, campesinos, indígenas, etc. Por un lado, ha pretendido negociar en medio de una escalada del conflicto a niveles de confrontación que pretenden desacreditar e invisibilizar las reivindicaciones de cada sector. Es decir, el elemento sobresaliente es negociar, acordar e incumplir en la idea de avanzar en su agenda neoliberal ya definida.

La segunda lógica en la que el Gobierno nacional actúa ha sido la de la represión a la protesta. Una regulación de la crisis del capital acompañada por una regulación violenta de la protesta es la táctica que se ha empleado durante todo el año. Las contusiones, asfixias, mutilaciones y asesinatos han sido parte del reportorio de las formas que han adquirido las movilizaciones de estudiantes, campesinos e indígenas.

La represión violenta de las últimas semanas en las protestas estudiantiles en Bogotá, es un claro ejemplo de lo que el gobierno nacional pretende hacer, a propósito de lo dicho por su ministro de Defensa acerca de la regulación de la protesta.

Lo que hay detrás de la violencia

Por un lado, la crisis económica y de gobernabilidad de este gobierno, apuntan hacia una regulación que debe, por un lado, avanzar en una agenda neoliberal que mantenga una lógica de acumulación sobre la base de la explotación de recursos naturales y la privatización de los derechos fundamentales, como el de la educación, en una lógica de financiarización; y por otro lado negar la movilización como acción contingente a la crisis estructural del capital, que se ha reflejado en las medidas de austeridad tomadas en el marco de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, PND, cuyo déficit dificultará la financiación de derechos fundamentales como la educación.

En medio de esto, la violencia estatal busca legitimar las acciones de gobernabilidad, en la medida que estigmatiza y criminaliza las protestas convirtiéndolas en el elemento central para la regulación, a la vez que distrae y desvía la atención en la disputa de carácter estratégico, es decir, la lucha contra la brutalidad policial es apenas uno de los elementos para la disputa estratégica en la historia del movimiento estudiantil. De ahí la importancia de reorganizar la movilización.

Incumplimiento de acuerdos

Los acuerdos firmados el 14 de diciembre del año pasado entre el Gobierno nacional y el movimiento universitario, han sido hasta el momento la victoria más importante del movimiento estudiantil en esta última etapa; los recursos conseguidos, que si bien no constituyen más allá de paliativos presupuestales que no cambian las relaciones y lógicas de financiación, sí permiten un respiro a las Instituciones de Educación Superior, IES, en tanto existan buenas administraciones. Sin embargo, como lo ha evidenciado el caso reciente de la Universidad Distrital, esto no sucede.

Hasta la fecha se ha cumplido con la entrega de la mayoría de los recursos pactados, los únicos que no han sido entregados son los asignados y no comprometidos de la vigencia 2018, que debían constituir 300 mil millones de pesos. Es decir, que podríamos hablar de un cumplimiento parcial que tiende a ser positivo a la hora de medir los recursos de inversión entregados por regalías, por Presupuesto General de la Nación y los de funcionamiento de las universidades.

Sin embargo, la mesa también comprendía una agenda de trabajo que tiene tres puntos importantes: reforma a los artículos 86 y 87 de la ley 30, reforma integral al Icetex y reforma al Sistema General de Regalías, SGR. Según el acuerdo, estos elementos deben ser abordados en la mesa de diálogo, sin embargo, en el Congreso de la República ya se vienen discutiendo proyectos de ley que pretenden reformar los artículos mencionados de la ley 30 y el SGR, que ya superó el cuarto debate; por tanto, esto se constituye en uno de los principales incumplimientos del gobierno, puesto que son discusiones de carácter estratégico para la educación superior.

Contenidos de la movilización

Entonces, mientras el gobierno cumple parcialmente con los paliativos presupuestales, desconoce la discusión estratégica y pretende continuarla en medio de su agenda legislativa, sin contar con la mesa de diálogo conformada por estudiantes y profesores. En medio de las movilizaciones actuales en contra de la corrupción al interior de las IES, se asume la doctrina del garrote para estigmatizar, señalar y desviar la atención de lo verdaderamente importante.

En primer lugar, la consecución de una nueva lógica de financiación así como de organización, es decir, un nuevo modelo de educación superior es lo que debe guiar las acciones emprendidas, sin embargo, se debe reconocer el momento y sus disputas analizando cuáles son las potencialidades con las que se cuenta.

La indignación como primera potencia al interior de las fuerzas vivas del sector estudiantil en contra de la brutalidad policial, la represión y el señalamiento. Se debe canalizar la exigencia hacia el desmonte definitivo del uso de la violencia para “regular el derecho a la protesta”, y esto tiene como condición primaria el desmonte del Esmad, así como la generación de una política de atención a los casos de violación de derechos humanos.

La segunda potencialidad, deben ser las disputas locales en cada una de las IES, pues la distribución de la totalidad de los recursos, entre ellos los conseguidos en la movilización están siendo dirigidos a perpetuar lógicas de corrupción que no terminan fortaleciendo la educación superior y por el contrario la mantienen en lógicas de endeudamiento y déficit en materia de planta profesoral y políticas de bienestar. En esa medida la generación de escenarios de interlocución con las administraciones de cada IES es de vital importancia para poder continuar con la disputa nacional.

Son muchos los retos, pero sin lugar a dudas, la movilización debe ser la forma que adquiera la disputa en el actual momento. Generar esos canales de diálogo con una correlación favorable hacia los estudiantes a través de la lucha callejera, es la principal tarea. Pensar estratégicamente nuestras acciones nos permitirá mantener el movimiento vivo con un propósito claro. Todas y todos a la movilización del 10 de octubre.

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