La punta del iceberg: El Ejército de la Drummond

0
Panorámica de una de las instalaciones de la Drummond

Demandas ambientales, administrativas y judiciales acosan a la multinacional Drummond. Contratos de seguridad con Ministerio, nuevo escándalo

Panorámica de una de las instalaciones de la Drummond
Panorámica de una de las instalaciones de la Drummond

Hernán Camacho

La reciente sanción a la multinacional del carbón Drummond, por desatender la reglamentación impuesta a la extracción, cargue, transporte y descargue del mineral para la exportación que ha generado un daño ambiental a la bahía de Santa Marta y a los municipios que circundan su operación, es la punta del iceberg de todas los incumplimientos que esa empresa acarrea.

La sanción impuesta resulta ser un paño de agua tibia ante los pendientes que la multinacional tiene con los tribunales de justicia nacional e internacional. Todo pareciera terminar en el tema ambiental, pero la situación tiene mucho a fondo y pasa por las acusaciones aún no subsanables de apoyo al paramilitarismo y el lobby para acceder al poder local.

Sanción impuesta

El Ministerio de Ambiente respaldó a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpomag) luego de la anunciada sanción pecuniaria y el plazo perentorio para mitigar el descargue. La jefe de la cartera ambiental, Luz Helena Sarmiento, invitó a las directivas de la multinacional estadounidense a cumplir la ley y acelerar todas las adecuaciones necesarias para que su operación se realice según dispone la reglamentación preexistente desde el año 2009. El descargue directo reduciría en un 23% la contaminación generada por el denominado polvillo del carbón.

El año 2010 era la fecha límite para que la compañía acondicionara lo necesario en su operación de descargue; vencido el plazo, no realizó ningún tipo de modificaciones en su operación y por el contrario, con el mayor desparpajo, la directiva de la Drummond manifestó de manera casi pública que ellos no estaban en disposición de cumplir las reglamentaciones exigidas.

El pasado año se conocieron desastres ambientales de gran impacto contra la bahía. Toneladas de carbón inmersas en el mar sin ningún tipo de control ambiental sirvieron para elevar la indignación ciudadana que presionó la toma de decisiones del gobierno nacional: exigir a la multinacional el cumplimiento inmediato de la ley.

No obstante, las irregularidades van más allá de lo ambiental. En los últimos días se conocieron informes a la Contraloría General de la Nación, que señalan que buena parte de las multinacionales de extracción realizan convenios de seguridad con el Ministerio de Defensa desde los años 2010 a 2013 que van del orden de los 45.729.809.600 millones de pesos para una protección privada de su infraestructura y su operación.

En el caso de la compañía Drummond, se conoció que el convenio firmado suponía el pago de 3.982 millones de pesos por la seguridad de su operación, incluyendo la protección a su actividad ilegal de descargue que produjo la sanción administrativa. Según los contratos firmados entre la multinacional y el Ejército, éste último se compromete a destinar pelotones completos para la protección de infraestructura y hasta el préstamo de pistas de aterrizaje oficiales para destinación privada.

Comodato a ejército

De hecho algunos convenios son una suerte de comodato para el uso de infraestructura de las empresas destinadas al establecimiento de bases militares con el objeto de cuidar las minas concesionadas. Es decir, se instalan batallones llamados ‘energéticos’ en zonas de extracción para abaratar costos de seguridad a la empresa, como es el caso del fuerte militar en Puerto Gaitán con la petrolera Pacific Rubiales y la propia Drummond.

Otras compañías de extracción minera contribuyen a la contratación directa del Ministerio de Defensa. La AngloGold Ashanti Colombia S.A., con presencia en el departamento del Tolima y cuyo principal proyecto de explotación es La Colosa, firmó un convenio de seguridad por 3.714 millones de pesos. Allí se ha reforzado la presencia militar y concomitantemente con ello se incrementaron las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las tropas dispuestas.

De otra parte, la brasileña CCX Colombia S.A., con presencia en La Guajira, aparece en los convenios dados a conocer asumiendo contratos con el Ejército por 3.220 millones de pesos. Otras empresas del sector se fueron involucrando con sumas similares: Carbones del Cerrejón Limited le canceló al Ministerio la suma de 12.471 millones de pesos por seguridad así como la multinacional Cerro Matoso S.A que desembolsó 1.053 millones en apenas un contrato.

La Contraloría atada

Según fuentes consultadas por VOZ en la Contraloría General de la Nación, los contratos de este tipo solicitados por esa entidad al Ministerio de la Defensa para su revisión serían muchos más de los que en días pasados el representante a la Cámara Iván Cepeda había hecho conocer. “La operación contractual se estaría realizando desde 2002 con un significativo rubro pero no es fácil la revisión, pues según el Ministerio de la Defensa la información contenida en los convenios es privilegiada y no podría ser revisada por ningún organismo de control”, dijeron funcionarios de la Contraloría.

Entre las principales funciones constitucionales de la Fuerza Pública están la defensa del territorio, la soberanía y la independencia, pero también el mantenimiento del orden y las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos y las libertades públicas. Funciones que en nada se relacionan con brindar la seguridad privada al capital foráneo por encima de los ciudadanos colombianos.

El Ministerio de Defensa aún no ha dado explicaciones frente a cuál es el fundamento constitucional de suscribir este tipo de convenios y dónde están los miles de millones de pesos que no son reportados por el Ministerio en el Presupuesto General de Rentas y Gastos en ninguno de los años precedentes a los convenios.

El congresista Iván Cepeda pidió mediante un derecho de petición explicaciones por el “desequilibrio en la prestación de seguridad a comunidades en zonas de influencia de estas empresas” y adicionó “si los dineros que pagan las transnacionales por estos convenios alcanzan a cubrir la totalidad del gasto generado en la protección o cuál es el monto de los impuestos de los colombianos que se está destinando para tal propósito”.