En la Picota atentan contra la dignidad humana

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Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada 

Según los listados entregados formalmente por las Farc, son 3.572 personas que, estando privadas de la libertad, deberían salir gracias al compromiso en el marco de lo acordado en el proceso de paz. De esta lista de personas, hacen falta por proceso de excarcelación, un total de 826, incluyendo las que se encuentran en privación de la libertad y que están concentradas en el pabellón de la Zona Veredal de Mesetas. El mayor impedimento para que puedan salir a la libertad, son los operadores de la justicia, los jueces y fiscales que han dilatado el cumplimiento de una ley, la 1820 de amnistías, que entró en vigor hace más de un mes.

Existe un grupo de más o menos 72 personas en todo el territorio nacional, algunas de ellas con graves problemas de salud, enfermedades terminales o con problemas fuertes de salud incompatibles con la vida en reclusión.

Una de las medidas acordadas por las partes negociadoras, con el ánimo de acelerar el proceso de excarcelación, es que estos entrarían a jugar un papel importante como promotores de paz en diversas zonas del país. Sin embargo, un acuerdo que prometía que en un trámite de tres meses se garantizaría la libertad de un buen grupo de prisioneros, tampoco se cumplió. Según comenta John León, de la Corporación Jurídica Libertad, quienes han venido acompañando el proceso en el marco de diversas campañas por la libertad de los y las prisioneras políticas en Colombia, el proceso se ha dilatado gracias a que “se inventaron una ley, un decreto reglamentario de esa ley, un decreto reglamentario para reglamentar ese decreto reglamentario, resoluciones para reglamentar los gestores de paz, diversas reuniones con el Consejo de la Judicatura, con la Fiscalía y demás, y lamentablemente nada de esto ha surtido efecto y aún hay muchas personas privadas de la libertad”.

Los hechos de La Picota

Por otra parte, el defensor de derechos humanos comenta que, “hemos visitado unos 30 centros carcelarios, en coordinación con el Instituto de Medicina Legal, adelantando valoraciones médico legales, pero lamentablemente hay que decirle al país que los prisioneros políticos aún no están en libertad, que muchos de ellos están en grave estado de salud y que lamentablemente en lo transcurrido de la implementación de la ley 1820, han fallecido muchos de ellos en las prisiones del país”.

El pasado viernes 10 de noviembre, después de un allanamiento a las celdas de los prisioneros en horas de la madrugada, resultaron brutalmente atropelladas decenas de personas recluidas. El caso se presentó en el patio 4 de la Cárcel La Picota, en el sur de Bogotá a partir de las 5:30 de la madrugada, cuando elementos del cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec ingresaron para agredir violentamente a los reclusos tanto de FARC como del Ejército de Liberación Nacional ELN.

Esta acción fue denunciada por los mismos prisioneros como actos que violan el principio constitucional de la dignidad humana, los derechos humanos de quienes deberían estar protegidos sin ninguna forma de sometimiento o violencia.

Para el día viernes, después de alertados los organismos de derechos humanos de estas denuncias, se sostuvo una reunión para verificar los hechos, lo que se valoró, según relata John, “en una de las acostumbradas requisas, o rascadas como las llaman en el lenguaje carcelario, haciendo uso desmedido de la fuerza por parte del cuerpo de custodia y vigilancia. Agredieron a todos los prisioneros del pabellón número cuatro. Lo que denuncian los prisioneros, es que ingresaron no solo a agredirlos, sino a destruir las pertenencias, medicamentos y a robarse algunos objetos y pertenencias de las personas que se encuentran privadas de la libertad”.

En total, se reportaron cerca de 80 personas heridas, “incluyendo también tres de ellas del cuerpo de custodia y vigilancia. Y de los prisioneros el reporte que se entregó es que hay 30 heridos, de los cuales 20 se encuentran con alguna gravedad, cinco de ellos fueron trasladados al hospital del Tunal y otros tuvieron que ser atendidos en la sanidad de la cárcel”, asegura John.

Desde el equipo jurídico de acompañamiento al proceso, se espera que el Instituto de Medicina Legal adelante las respectivas valoraciones, entre otras cosas para aclarar lo relacionado con “las demandas disciplinarias como penales del caso. Se convocaría una mesa para hacerle seguimiento a estos hechos violatorios de las condiciones mínimas de reclusión”. Afirma John, mientras cuenta que desde el Gobierno Nacional no han tenido respuesta frente a estos hechos, y que se espera que, en las próximas reuniones de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, Csivi puedan obtener salidas a esta grave situación que aún mantiene a cientos de excombatientes privadas de la libertad y en condiciones infrahumanas.

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